Después de cuarenta años de dictadura, impuesta por el generalato sublevado contra la República a los vencedores y vencidos de la terrible guerra civil de 1936, la gran mayoría de los españoles teníamos hambre de libertad. Pero al mismo tiempo nos animaba un irrefrenable espíritu de concordia. Queríamos enterrar para siempre el endémico enfrentamiento entre las dos Españas y acabar con el maleficio que tan acertadamente había descrito Antonio Machado: “Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón”. Mirábamos hacia adelante para construir un futuro basado en la reconciliación como presupuesto imprescindible para una paz sincera y duradera. Por eso hicimos todo lo posible para enterrar cuanto pudiera poner en peligro la convivencia entre los españoles. En lo sucesivo no habría más que una sola España, la de la libertad, la democracia, la justicia y la solidaridad. O eso creíamos.
Tuve el honor de representar a Navarra en las Cortes constituyentes, la legislatura de los grandes y emocionantes momentos históricos. Recuerdo entre ellos el día en que el Congreso y el Senado dieron su aprobación a la ley de amnistía para poner punto final al endémico cainismo de nuestra historia reciente. Cuarenta años después se habían hecho realidad aquellas tardías palabras de “paz, piedad, perdón”, pronunciadas por el presidente Manuel Azaña el 18 de julio de 1938, cuando la suerte de del ejército republicano estaba echada.
En la Mesa del Senado hice amistad con Ramón Rubial, presidente del PSOE, que desempeñaba una de las vicepresidencias de la Cámara. Era uno de los pocos socialistas que tenían valor probado en la resistencia antifranquista, con veinte años de cárcel a sus espaldas. Hablamos mucho de nuestro trágico pasado, pero en sus palabras no había ni odio ni afán de revancha.
Fruto de aquel espíritu integrador fue la Constitución de 1978. No discuto la conveniencia de reformar aquellos aspectos que la experiencia de las últimas décadas ha demostrado que son manifiestamente mejorables. Pero sería una grave irresponsabilidad poner en cuestión los pilares sobre los que se asentó el gran pacto constitucional, como son –entre otros– el Estado social y democrático de Derecho, la atribución de la soberanía única e indivisible al pueblo español, la unidad nacional como fundamento de la Constitución, la monarquía parlamentaria, el reconocimiento del derecho a la autonomía de los diversos pueblos de España, los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, la independencia judicial y la de los demás poderes, la separación de la Iglesia y el Estado, la supeditación al poder civil de las Fuerzas Armadas y los principios rectores del ordenamiento económico-social.. No debemos olvidar que la de 1978 es la única Constitución española elaborada por consenso, ni tampoco que fue la primera vez que el pueblo español, en referéndum, ratificó la obra de los constituyentes.
Por este motivo, resulta descorazonador que so pretexto recuperar la “memoria histórica” se hayan reabierto las viejas heridas del pasado. Bien está que se proporcione digna sepultura a los restos de quienes todavía reposan en fosas comunes. Pero no es de recibo que se trate de implantar como dogma de fe la idea de que la II República era un idílico régimen democrático, de forma que a cuantos consideramos que se trató de un clamoroso fracaso colectivo, previsible por su sectarismo, se nos acuse de ser herederos ideológicos de quienes se levantaron en armas contra aquel estado de cosas.
Una de las falacias más extendidas es la de definir la guerra civil como una confrontación entre los defensores de la libertad y un grupo de militares golpistas, secundados por quienes luchaban a sangre y fuego por los privilegios de la Iglesia y de la clase dominante. La verdad es muy otra. Los únicos que brillaron por su ausencia en la España republicana fueron los auténticos demócratas. Porque si en el bando nacional, el nuevo régimen se deslizó en un principio hacia los postulados de la Falange, más próximos al fascismo italiano que al nacional-socialismo hitleriano, en el lado republicano el único gran partido de masas era el PSOE, anclado en el marxismo, que en octubre de 1934 se había sublevado contra el Gobierno para implantar la dictadura del proletariado. Sin olvidar que, durante la guerra, el ejército “rojo” quedó en buena parte bajo el control del Partido Comunista.
Es cierto que hubo crímenes espantosos por ambas partes, que mancillaron los ideales de unos y otros. Aquí no vale decir “y tú más”. Pero no es de recibo que tengamos que rendir homenaje por su contribución a la causa de la libertad a quienes en las filas republicanas cometieron terribles crímenes contra la humanidad, como el genocidio de más de siete mil sacerdotes, frailes y mojas, asesinados por el mero hecho de serlo, el exterminio en Paracuellos de varios miles de personas y tantas otras matanzas. Por eso resulta sorprendente que socialistas y comunistas proclamen sentirse “orgullosos” de un pasado que nos avergüenza a todos.
Lo peor que nos puede pasar a los españoles de hoy es tener que dilucidar, setenta y cinco años después, si nuestros antepasados estuvieron en el bando de los “buenos” o en el de los “malos”. Es lo que quiso evitar la Constitución. Durante el proceso constituyente se produjo la “refundación” de los partidos de izquierda, que renunciaron a su ideología originaria para insertarse en una democracia avanzada de corte occidental. Por otra parte, las actuales formaciones del centro-derecha español nada tienen que ver con el régimen franquista. El colmo del dislate es decir que la dictadura se “reencarnó” en el nuevo régimen constitucional por imposición de los llamados “poderes fácticos”. Aquí el único residuo de la España negra es el terrorismo de ETA. Pero eso es otra historia.
Por Jaime Ignacio del Burgo. Fue presidente del Gobierno de Navarra, senador constituyente y diputado.