¿Religión en la escuela?

Las medidas que el gobierno pretende implantar sobre educación sitúan de nuevo la asignatura de religión en el debate de la opinión pública. ¿Tiene cabida en un estado aconfesional? ¿No es laica la escuela pública? Para clarificar estas cuestiones, que suponen diversos prejuicios sobre la escuela, la religión y la vida pública, conviene partir de un dato fundamental: La clase de religión en la escuela –la llamada «pública» y la de iniciativa social– no es un privilegio concedido a la Iglesia (o a otras religiones), sino un derecho de los padres, sancionado por nuestra Constitución, para dar a sus hijos «la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones» (art. 27.3). Una interpretación de la aconfesionalidad del Estado, que desterrara la religión de la escuela o la tolerara sin la debida consistencia y evaluación, iría contra el derecho de los padres, garantizado por la Constitución y por tratados internacionales suscritos por el Estado Español: Declaración de los Derechos humanos (1948); Declaración de los derechos del niño (1959); Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza (1960); Acuerdos de la Iglesia y el Estado Español (1979); Resolución Luster del Parlamento Europeo (1984); Foro mundial sobre la educación (Incheon 2015, Unesco); Objetivos de desarrollo sostenible (ONU 2016).

¿Religión en la escuela?El Estado, precisamente por ser aconfesional, debe asegurar la libertad religiosa respaldada por la Constitución (art. 16.3) y favorecer el pluralismo social de forma que los padres ejerzan el derecho a la educación de sus hijos en el ámbito moral y religioso. En la Europa democrática, España no puede ser una excepción. En la práctica totalidad de los 27 países de la UE, se imparte la clase de religión porque se estima que contribuye al desarrollo integral de la personalidad del alumno. «La existencia de una enseñanza de la religión en la escuela pública –escribe el socialista C. G. de Andoain– no es un residuo del Estado nacional-católico, del régimen franquista o de unas relaciones Iglesia-Estado de carácter concordatario. Salvo en Francia, donde se da con carácter extraescolar como catequesis, en toda Europa la enseñanza de la religión forma parte del currículo escolar como una enseñanza integrada y asentada en el sistema educativo».

En España, país de milenarias raíces cristianas, durante casi 40 años ha habido demanda social de la asignatura y, en este curso escolar, alrededor de un 64% del alumnado la ha solicitado. Conviene recordar que los centros deben ofertarla aunque la elección sea voluntaria. La oferta debe darse en la escuela de iniciativa social y en la estatal, porque son los padres quienes tienen el derecho de educar a sus hijos en el centro que escojan. Todos deseamos una escuela de calidad, sin contraponer dialécticamente los modelos de escuela, y el Estado tiene la obligación de atender «a la pluralidad de la sociedad y hacer posible la libertad de las familias para elegir el tipo de enseñanza en todos los niveles escolares a través de una red complementaria (no subsidiaria) de la pública» (J.M. Alvira, Secretario de FERE).

La religión, además, forma parte del patrimonio de los pueblos. Es un elemento constitutivo de la humanidad, que debe ser estudiado con rigor, si queremos inculcar en los alumnos valores como la acogida del otro, el diálogo interreligioso, el respeto a la naturaleza, el trabajo por la paz, la justicia y el desarrollo social. También capacita para lograr competencias que van más allá del aprendizaje de técnicas y recursos. La religión abre el horizonte del espíritu, que ha generado obras maestras en las diversas artes y ha cristalizado la fe en un patrimonio único que trasciende la propia época y pertenece a toda la humanidad. Es imposible entender Occidente y sus diversas culturas sin el cristianismo, que, en España, se implantó desde su primera hora. Apelar a que la religión no se ha vivido siempre en su integridad o ha degenerado a veces en fanatismo, no sirve como argumento para marginar la enseñanza religiosa. Es un craso error de juicio y significaría privar a las nuevas generaciones del conocimiento integral de su propia identidad. ¿Acaso olvidamos la aportación de la Iglesia con sus grandes pedagogos y pedagogas, muchos de ellos santos, pioneros en la creación de métodos educativos y fundadores de insignes instituciones de enseñanza?

Nuestra Constitución afirma que «la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana» (art. 27.2). Este desarrollo queda incompleto sin la enseñanza religiosa, como aseguran intelectuales de prestigio, creyentes o no. Benedicto XVI dice que «la formación religiosa hace al hombre más hombre». La ignorancia religiosa es un grave déficit de la persona, aun cuando no profese la fe. Así lo entienden países donde la religión, concebida como parte de la cultura, es obligatoria. Según el profesor A. Cordovilla, la Modernidad no ha terminado con la religión: «La secularización no define propiamente desde el punto de vista de los hechos a la Modernidad, sino más bien el pluralismo. Un pluralismo doble: el primero, podríamos llamar interreligioso; y el segundo entre la comprensión religiosa y secular del mundo con la característica nueva de que conviven en tiempo, espacio e incluso en la misma conciencia». Los sociólogos de la religión han constatado un cambio de paradigma marcado por el retorno de lo divino, la nostalgia de absoluto, y «nuevas formas institucionales de religión, de espiritualidad y de búsqueda de sentido». Y concluye Cordovilla: «Lo contrario u opuesto a la fe no es la razón, ni la ciencia, ni cualquier ámbito de la vida humana que ha de entenderse desde su legítima autonomía, sino la increencia y la injustica».

Tomemos nota. Respetemos los derechos y libertades. Dialoguemos en serio. Hagamos de la escuela un hogar de horizonte abierto donde los alumnos crezcan sin cortapisas en la conciencia de sí mismos, del cosmos y, ¿por qué no?, de Dios. Así serán libres.

César Franco, Obispo de Segovia y responsable de Educación de la Conferencia Episcopal Española.

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