La enseñanza de la religión en la escuela estatal está pendiente en España de una regulación justa desde hace decenios. Esta situación es, sin duda, una de las causas de los malos resultados que nuestro sistema educativo viene cosechando en los últimos años. La buena formación de la conciencia moral, animada por una comprensión de la fe cristiana a un nivel académico apropiado a cada fase educativa, ayudaría mucho a los niños y a los jóvenes a asumir sus responsabilidades con entusiasmo o, al menos, con suficiente valor para arrostrar el esfuerzo que exigen el estudio y el desarrollo verdadero de la persona.
Pero no todos lo ven ni lo han visto así. Las sucesivas leyes educativas han dificultado cada vez más la formación religiosa y moral en el ámbito escolar, porque han sido marcadas progresivamente por una determinada ideología basada en una artificiosa contraposición entre ética pública y moral religiosa, que ni resiste una elemental crítica teórica ni es capaz de justificarse con resultados educativos positivos.
Las razones que se alegan para la marginalización escolar de la religión o incluso para su expulsión de la escuela suenan como sigue. La religión es un asunto privado y la moral religiosa es una opción particular que no se puede imponer al conjunto de la sociedad. El Estado debe velar por la convivencia de todos y no puede dejarse guiar por fes privadas ni morales particulares. Por tanto, en la escuela estatal no puede haber lugar más que para los valores universales; no hay sitio en ella para la religión. Quien lo desee, que cultive su fe o la de sus hijos en la iglesia.
Bajo una amable apariencia de tolerancia, tal contraposición ideológica de ética pública y ética privada esconde, en realidad, una errada visión de las cosas nada respetuosa de los derechos fundamentales de las personas. Es errada porque da por sentado algo que carece de fundamentación. A saber: que el Estado esté capacitado para determinar cuáles sean los valores éticos universales que se puedan imponer a todos. ¿Por qué va a saber mejor el Estado que la sociedad —familias, escuelas, asociaciones o comunidades de fe— dónde está la virtud y cuáles son los principios que la informan, por ser verdaderamente conformes con la naturaleza humana? ¿Quién va a dirimir el litigio intelectual planteado —por ejemplo— entre la pretensión de universalidad propia de la fe cristiana o de la filosofía, por un lado, y esa otra pretensión de universalidad de la ética estatal, por otro? ¿No resulta hiriente pensar que pudiera ser el Estado mismo, convertido en juez y parte? Juez, por cierto, dotado de los recursos de la fuerza que sólo es legítima cuando se emplea para otras cosas bien distintas de la imposición de una ética supuestamente universal.
La historia —en particular, la del siglo XX— muestra en la práctica lo que la teoría ya sabe: que cuando el Estado va más allá de sus competencias propias y se convierte a sí mismo en fuente o cauce de la moral, acaba actuando en contra de los derechos de las personas, con frecuencia de modo trágico. No es competencia del Estado imponer ninguna ética: ni religiosa,ni laica.
La ética o la moral son, por definición, una realidad prepolítica, que no está a disposición del Estado. Los ordenamientos democráticos surgidos después de la Segunda Guerra Mundial fueron muy conscientes de que ahí está la clave de su propia existencia. Por eso arbitraron los mecanismos legales apropiados para garantizar la libertad de conciencia y de enseñanza.
La libertad de enseñanza, reconocida y protegida también por la Constitución española, significa precisamente eso: que el Estado debe actuar en la educación de modo subsidiario, es decir, regulando, promoviendo y completando la actividad educativa de la sociedad, sujeto primario en ese campo.
En España, a pesar de la precaria situación legal de esta enseñanza, son en torno al 70% de los padres los que eligen la religión y moral católica para sus hijos. El Estado debe facilitarles el ejercicio de ese derecho, reconocido por la Constitución (art. 27). Con ello no impone a nadie el catolicismo, sino que respeta el derecho de quienes libremente eligen esa opción. Otros elegirán otras opciones confesionales. Para quienes no deseen ninguna enseñanza confesional, la Administración educativa no ofrecerá una ética de Estado, supuestamente universal y, por tanto, confesionalmente estatal. Les ofrecerá, por ejemplo, conocimientos sobre las culturas y las religiones; sobre las diversas éticas filosóficas y/o sobre los principios básicos del funcionamiento del Estado de Derecho.
Hay, pues, lugar para la religión en la escuela. Es el lugar que el Estado democrático reconoce a la libertad de conciencia y de enseñanza. La enseñanza de la religión y moral católica formará también buenos ciudadanos, capaces de distinguir la verdad de la mentira y dotados de la fuerza moral para optar por el bien y la justicia. Estos también conocerán el mundo de las religiones y los principios éticos aparejados a otras opciones religiosas o no religiosas, así como la distinción fundamental entre el orden político y el orden religioso/moral, porque habrán aprendido dónde se halla el origen histórico y ontológico de un principio tan relevante para la democracia: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Es decir, quienes hayan cursado bien la religión y moral católica no se habrán perdido nada de lo que el Estado ofrecerá subsidiariamente a quienes opten por las enseñanzas verdaderamente no confesionales. Los valedores de la ética universal pueden estar tranquilos. Tal ética va incluida y fundamentada en la fe católica, que no desea imponerse a nadie, pero que aporta vigor propio a la configuración del sujeto moral, es decir, al pleno desarrollo de la personalidad.
Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal.