Religión y escuela

Por Rafael Aguirre (EL CORREO DIGITAL, 24/02/07):

Sabido es que la honradez cotidiana, el servicio desinteresado y el cultivo de las dimensiones espirituales no son noticia. La Iglesia en España suele ser noticia por la declaración de sus purpurados -sus cardenales- y por sus diferencias, más o menos graves, con el Estado. Escribo estas líneas en un día en que la Iglesia está en candelero en todas las tertulias radiofónicas y la verdad es que no sale demasiado bien parada. El motivo es la declaración clarificadora del Tribunal Constitucional, ante una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que afirma que no hay contradicción entre los acuerdos Iglesia-Estado de 1979, concretamente en sus desarrollos sobre la designación de los profesores de Religión católica por parte de los obispos, y la Constitución de 1978 que proclama el derecho a la igualdad ante la ley y su tutela efectiva. El Tribunal Constitucional, en concreto, afirma que las condiciones de idoneidad requeridas para impartir la clase de Religión católica pueden extenderse «a los extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituye para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo». Puesto que la enseñanza religiosa va más allá de la transmisión de unos determinados conocimientos, la capacitación para impartirla «puede con toda probabilidad implicar un conjunto de exigencias» que desborden las limitaciones propias de «una empresa al uso». El problema ha sido planteado por la no renovación de contrato, el año 2000, a una profesora que había enseñado Religión católica, durante muchos años, en diversos centros de Canarias, alegando que mantenía relaciones con un hombre que no era su esposo, del que se había separado. Bien entendido que el Tribunal Constitucional no ha dado sentencia alguna sobre este caso concreto, sino que ha realizado una clarificación doctrinal.

Sin duda, la declaración del TC, con sus muchas ramificaciones, empezando por la pertinencia de los acuerdos de 1979, plantea muchos problemas jurídicos, pero yo no voy a entrar en ellos. La vida pública española parece haberse convertido en coto reservado para expertos en Derecho. La vigencia del Derecho caracteriza a una sociedad democrática, pero la judicialización extrema de la vida pública refleja una preocupante insuficiencia de la política. Además no se puede renunciar a consideraciones de otra naturaleza, que, siendo prejurídicas y sin abarcar todos los factores que están en juego, saquen en liza aspectos muy importantes que no deben quedar en el olvido. Temo que saldré escaldado de mi empeño porque me adentro en terreno complejo, en el que los aprioris son muy sólidos y las reacciones muy emotivas.

La enseñanza de la Religión en la escuela no es catequesis; no pretende transmitir la fe, sino estudiarla y hacerla culturalmente viable. A un profesor hay que exigirle acreditación académica, preparación pedagógica, actualización de sus conocimientos, cumplimiento de sus deberes laborales y superación de las pertinentes evaluaciones. El que una autoridad extraacadémica pueda exigirle, además, al profesor de Religión un determinado ‘testimonio personal’ es entrar en un terreno resbaladizo, impreciso y sujeto a fáciles arbitrariedades. Por poner un ejemplo: ¿Podría la autoridad gubernativa impedir que imparta la asignatura de ‘Educación para la ciudadanía’ un profesor al que se le ha retirado el carné de conducir porque ha perdido todos los puntos o ha sido condenado penalmente? Sí, sé que es una ‘boutade’ pero puede dar qué pensar. Después de la respuesta del TC, y en vista del caso concreto que había motivado la consulta, la cuestión es la siguiente: ¿Una persona que ha rehecho su vida tras una ruptura matrimonial incurre necesariamente en una contraposición tal con los valores evangélicos que le impida ser profesora de religión confesional? No lo creo en absoluto. Los casos de personas en esta situación se multiplican entre nosotros, también en las comunidades cristianas, cada uno con su trayectoria diferente, que normalmente no podemos juzgar, y la respuesta de la Iglesia -anulación del matrimonio anterior o exclusión de la plena comunión eclesial- se me antoja simplista, poco evangélica y, con frecuencia, hipócrita.

El cristianismo entiende el matrimonio como una entrega plena y recíproca entre dos personas y, por tanto, con vocación de indisolubilidad. Pienso que esta propuesta antropológica, exigente sin duda, es la más humanizante. Pero una cosa es el ideal y otra la realidad de la vida, siempre compleja, sometida a mil avatares y limitaciones. Lo que cuenta, en última instancia, es el amor que se expresa pero ¿hay algún juez humano en esta cuestión? En el caso de las segundas uniones de gentes que siguen confesándose cristianas creo que la inflexibilidad de una ley general debe ceder el paso al ‘principio misericordia’, que atiende a las personas concretas, no juzga, acoge, anima y acompaña en la nueva andadura. Hay un rigorismo legal que, muchas veces, esconde falta de radicalidad evangélica. El rigorismo legal establece fronteras, deslinda entre los de dentro y los de fuera, es un mecanismo de defensa institucional. El radicalismo evangélico impulsa el amor, al afán por la justicia, la no violencia, la experiencia de la trascendencia, la ternura… Es decir, no abogo en absoluto por un cristianismo facilón, acomodaticio y barato. Sí abogo por un cristianismo un poco menos eclesiocéntrico. En la sociedad en la que vivimos el rigor jurídico que la Iglesia emplea con quienes han rehecho su relación de pareja no lo aplica con los especuladores, ni con quienes envenenan la convivencia todos los días a través de las ondas, ni con quienes defienden la guerra, ni con quienes amasan ingentes cantidades de dinero…

La declaración del TC vuelve a poner sobre el tapete el contencioso de la clase de Religión en la enseñanza pública. Hace dos días, el cardenal de Madrid, en una conferencia en el Foro de la Nueva Sociedad, decía que es ésta una subida al Calvario, exageración evidente y ofensiva para tantos verdaderos calvarios como existen en nuestro mundo. No entro a fondo en la cuestión, sólo digo que, en mi opinión, la Iglesia da demasiada importancia pastoral -es decir, para la transmisión de la fe- a esta clase. El problema grave es que se han roto los canales de transmisión de la fe propios de una sociedad tradicional y es ahora la comunidad cristiana como tal la que, cada vez más, tiene que asumir esta tarea. Pensar que el retroceso de la fe cristiana en España y el desprestigio de la Iglesia (por cierto, un problema específicamente español) se deben a una ofensiva laicista orquestada desde sectores políticos con la colaboración de grupos mediáticos y ‘lobies’ culturales es un diagnóstico profundamente equivocado. Lo peor es que impide un acercamiento abierto y con simpatía a los cambios sociales, para discernirlos críticamente, y presentar la fe cristiana como una propuesta positiva, que abre perspectivas humanizadoras y acompaña, aprendiendo y aportando, la vida de los seres humanos. La alternativa es levantar los muros, entender la Iglesia como un fortín acechado y cultivar una postura nostálgica y una cultura de gueto. No hay que ser un lince para ver que ésta es la actitud que predomina en la Iglesia española.

Termino volviendo a la escuela. Sí hay que exigirle que instruya a los jóvenes en el hecho religioso y, concretamente, en el cristianismo. Lo digo desde una perspectiva laica y no confesional. La ignorancia supina de las nuevas generaciones sobre estos elementos claves de su propia tradición cultural me parece deplorable, empobrecedora y, lo que es peor, de nefastas consecuencias porque las deja inermes y desarboladas en un mundo en el que los conflictos más graves van a ser de raíz cultural. Quede constancia de este punto, de enorme trascendencia, que requiere explicaciones más amplias y comporta exigencias muy serias.