El 26 de enero nació en Bonn la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), y lo hizo en un momento particularmente apropiado, por la coincidencia temporal de múltiples factores positivos. En primer lugar, la captación de las principales energías renovables ha venido creciendo de forma explosiva. Precisamente ese mismo día el presidente Obama presentó su política energética, basada en un fuerte impulso a la eficiencia y a las energías renovables. Por su parte, el Parlamento y el Consejo Europeo acordaron el 9 de diciembre de 2008 una política energética ambiciosa basada en los mismos objetivos. Además, IRENA nace en un momento de profunda crisis económica, magnificada por la última escalada de los precios del petróleo, fruto del proceso de agotamiento de éste, y que va a condicionar decisivamente su superación. El desarrollo de las renovables y de la eficiencia reduce la dependencia de las energías fósiles y crea más puestos de trabajo por unidad de inversión que ninguna otra actividad productiva.
Representantes de 72 Estados (otros 53 asistieron como observadores) aprobaron en Bonn los Estatutos de IRENA. Su objetivo principal, expresado por el Gobierno alemán, es «ayudar a generar un crecimiento masivo de las renovables y a reducir la rivalidad mundial por el acceso a las energías fósiles». Algunos objetivos concretos que establecen los Estatutos son «actuar como facilitador y catalizar» y «ofrecer apoyo en todos los asuntos relacionados con las energías renovables». La nueva agencia está dotada de un presupuesto anual de 25 millones de dólares (19,2 millones de euros).
Como ya se ha apuntado, IRENA nace en un momento de crecimiento explosivo de la captación de las energías renovables. Entre 2004 y 2007 la potencia eléctrica renovable instalada en el mundo se incrementó en un 50%, alcanzando el 3,4% del suministro eléctrico mundial, sin contar la gran hidroeléctrica (15%). La inversión en renovables en 2007 fue de 148.400 millones de dólares, un 60% más que en 2006. Y en el primer semestre de 2008 la inversión seguía creciendo, lo cual no quiere decir que la crisis energética no la afecte.
En diciembre de 2008 el Parlamento europeo y el Consejo se pusieron de acuerdo en la Directiva 20/20/20, que establece los compromisos obligatorios de cada Estado miembro respecto al desarrollo de la eficiencia energética y de las renovables, los cuales permiten alcanzar los objetivos de la Unión Europea de elevar para el año 2020 la eficiencia en un 20% y la aportación de las renovables al consumo energético en otro 20%. Estos objetivos permitirán reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos países europeos han presentado ya planes de desarrollo de las renovables según la responsabilidad que les marca la Directiva. A modo de ejemplo pueden citarse dos que evidencian el giro que se está dando en política energética. Hasta ahora Francia y Reino Unido han abanderado la energía nuclear, pero recientemente han presentado sendos planes de desarrollo de las renovables para cumplir los requisitos de la Directiva. En junio de 2008 Gordon Brown dio a conocer el plan británico, que supone multiplicar por diez los objetivos de renovables que tenía anteriormente y representa «el cambio más dramático en nuestra política energética desde el advenimiento de la energía nuclear». Poco después, Francia presentó un plan para convertirse en un líder mundial en renovables. Este objetivo supondría cambiar el actual modelo eléctrico centralizado (basado en la energía nuclear) por otro en el que «cada casa, compañía y comunidad producirá su propia electricidad».
La política energética de Obama pretende duplicar la potencia renovable instalada en un plazo de tres años, aparte de au mentar fuertemente la eficiencia energética de los coches y, sobre todo, de los edificios públicos. Y todo ello para conseguir la «independencia energética» y que «América no sea rehén de recursos menguantes». Esta alusión a la energía fósil es compartida por el Gobierno alemán, como hemos visto, y por el comisario de Energía de la UE, Andris Piebalgs, quien declaró en Bonn que «necesitamos una nueva revolución industrial para acabar con nuestra dependencia de las energías fósiles, y las energías renovables son el corazón de esta revolución».
Pero las políticas descritas tienen elementos negativos, como son los fuertes apoyos a los agrocombustibles -a pesar de numerosos informes demoledores de diversos institutos tecnológicos de la UE y de los expertos más reputados en la materia-, a la captación del CO2 emitido por las centrales térmicas, una práctica que no se puede generalizar y es muy cara, y al desarrollo de la tecnología nuclear. La UE quiere seguir siendo líder tecnológico, a pesar de que la energía nuclear no forma parte de la política energética de la UE.
El apoyo a las renovables es defendido, también, como política anticrisis, por su gran potencial de crear empleo. Obama afirma que su política consistirá en «revertir nuestra dependencia del petróleo extranjero al mismo tiempo que construimos una nueva economía de la energía que creará millones de puestos de trabajo». Calcula que el objetivo de duplicar la potencia renovable creará 460.000 puestos de trabajo. Según un reciente informe de la American Solar Energy Society, la eficiencia y las renovables daban empleo a 9 millones de trabajadores en 2007, y en un escenario de fuerte apoyo a estas actividades se estima que emplearán a 37 millones en 2030. El Gobierno alemán ha elevado de 300.000 a 400.000 trabajadores sus previsiones de creación de empleo de las renovables para 2020, porque se está creando mucho más de lo previsto. La Asociación Europea de Energía Eólica ha emitido un informe en el que sostiene que el sector eólico alcanzó 154.000 empleos (directos e indirectos) en 2007, y calcula que serán unos 330.000 en 2020. La EPIA (European Photovoltaic Industry Association) y Greenpeace pronostican en un informe que en 2030 la fotovoltaica puede dar electricidad a 3.000 millones de personas y crear 10 millones de empleos.
Por el contrario, la situación de España no es nada brillante, a pesar de haber alcanzado una posición destacada a escala mundial. El Gobierno central mantiene un discurso favorable a las renovables, pero multiplica los obstáculos a su desarrollo: no extiende la red eléctrica para poder aprovechar muchos lugares de alto potencial renovable; se queja de que son excesivos los planes de expansión de las renovables de las comunidades autónomas; en lugar de definir un marco normativo estable, que es lo que necesitan y piden las empresas, lo modifica frecuentemente para provocar fuertes reducciones de las primas, y, como lo anuncia con muchos meses de antelación, genera enormes carreras para instalar lo más posible antes del recorte, lo que se traduce en grandes variaciones de las potencias anuales instaladas. En 2007 se instalaron 3.522 MW de potencia eólica (el doble de lo habitual) por este motivo y en 2008 sólo poco más de 1.600 MW. En fotovoltaica se pasó de 340 MW en 2007 a posiblemente más de 3.700 MW en 2008.
Últimamente el Gobierno ha ido más lejos: ha acusado a las renovables de ser las principales responsables de la fuerte deuda que soporta el Ejecutivo con las empresas eléctricas, y al sector fotovoltaico, de corrupción. La deuda es debida a las pérdidas empresariales provocadas por los bajos precios de la electricidad impuestos por el PP y continuados por el PSOE. Es indudable que el sector fotovoltaico tenía una prima excesiva, pero su rebaja se ha retrasado durante años, lo que ha generado una inversión explosiva y la aparición de especuladores. Ahora, además de rebajar mucho la tarifa, el Gobierno limita a 500 MW la potencia anual que se puede instalar, y cada trimestre licita las ofertas. El resultado es el despido de 10.000 trabajadores desde septiembre. Isofotón, la única empresa española que aparece en el 'ranking' mundial fotovoltaico, ha parado la producción durante tres meses, y ha mandado a casa a 715 trabajadores (el 95% de la plantilla). Y esto ocurre en un país que tiene el ritmo más rápido de destrucción de empleo de la OCDE y cuando los gobiernos citados anuncian inversiones de cientos de miles de millones de dólares para cumplir sus objetivos.
Roberto Bermejo, profesor de la UPV-EHU y miembro de BAKEAZ.