Hace cinco años, en estas mismas páginas, Albert Solé se refería orgullosa y cariñosamente a la Constitución como su hermana, no en balde comparten padre: Jordi Solé Tura. El cineasta, hijo de uno de los mejores ministros de Cultura de nuestra democracia, recordaba en su artículo Respetad a mi hermana (EL PAÍS, 6 de diciembre de 2008) que lo importante de esta Constitución no es tanto el texto como la música, la atmósfera de entendimiento y superación de las diferencias que desprende el conjunto.
La encrucijada social, económica, política y territorial en la que España se encuentra hoy podría, sin duda, superarse con ese mismo espíritu, el que hace 35 años puso de manifiesto que nuestros dirigentes políticos estaban a la altura de lo que la ciudadanía demandaba. Los catalanes, y el conjunto de los españoles, nos exigen un proyecto capaz de abordar simultáneamente dos problemas: resolver las disfunciones acumuladas tras 30 años de desarrollo del Estado de las Autonomías y encauzar el malestar de amplios sectores de la sociedad catalana sobre la relación de Cataluña con el resto de España.
Uno de los elementos para cimentar esa nueva arquitectura institucional del Estado es la declaración Un nuevo pacto territorial. La España de todos y el documento Hacia una estructura federal del Estado, aprobados por el consejo territorial del PSOE el pasado mes de julio en Granada, fruto de un esfuerzo transparente de reflexión y diálogo para ofrecer a la sociedad española y al resto de fuerzas políticas.
Las actuales disfunciones del Estado de las Autonomías han sido descritas de forma amplia y recurrente y sobre ellas existe un gran consenso: un sistema de reparto de competencias confuso y conflictivo, la ausencia de una verdadera Cámara Territorial, un modelo de financiación inacabado e insatisfactorio, la necesidad de garantizar en todo el territorio del Estado la protección de los derechos sociales básicos en condiciones de igualdad, la conveniencia de avanzar en la cohesión de los territorios y en la convergencia regional, la insuficiente colaboración institucional entre comunidades autónomas y Estado, y la conveniencia de continuar adecuando las Administraciones públicas a la estructura territorial autonómica y de mejorar su eficiencia y eficacia.
Estas disfunciones son de sobra conocidas y suscitan una pregunta incómoda: ¿por qué no se abordan con determinación, prontitud y consenso? ¿Qué nos impide dar respuesta a problemas que redundan en sobrecostes, ineficiencias y perjuicios a la ciudadanía? La propuesta que dibujamos en Granada ofrece caminos de solución y muestra nuestra disposición al diálogo para afrontar inmediatamente unos problemas que no admiten demora.
Pero no fueron solo estos problemas los que suscitaron nuestra reflexión. Los documentos aprobados en Granada por los socialistas tenían también un objetivo claro: proporcionar un cauce para responder al malestar de amplios sectores de la sociedad catalana que se sienten injustamente tratados, escasamente comprendidos e insuficientemente respetados. Es cierto que el terreno de los sentimientos es especialmente resbaladizo y a menudo difícil de atender, pero no es menos cierto que la política tiene como función precisamente la de abordar de forma racional y consensuada estas cuestiones.
Sea cual sea el juicio que nos merezca la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, debemos reconocer que dicha sentencia alteró un pacto entre las instituciones catalanas y españolas que fue posteriormente ratificado en referéndum por los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. No hay precedentes en nuestra aún joven democracia de una anomalía como esta. Debemos además ser capaces de dar una respuesta a los amplios sectores de la sociedad catalana insatisfechos por el sistema de financiación vigente y por las dificultades del modelo autonómico actual para integrar singularidades culturales, simbólicas y nacionales.
Los socialistas deseamos que la ciudadanía perciba un paisaje libre de escenarios de ruptura, vamos a actuar para corregir la desconexión gradual en el terreno de los afectos y los intereses compartidos. Por estos motivos decidimos formular una propuesta ambiciosa de reforma constitucional. Precisamente nosotros, que hemos defendido siempre la Constitución y el Estado autónomo, planteamos actualizarlo y perfeccionarlo en una perspectiva federal, porque el federalismo debe ser el modelo definitivo de nuestra organización territorial, como en otros muchos grandes Estados del mundo. El federalismo nos ofrece pautas, tanto para resolver las actuales disfunciones del Estado de las Autonomías, como para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España.
Los socialistas reiteramos nuestras propuestas para renovar el pacto constitucional, al tiempo que reclamamos transparencia y participación en una negociación de la que depende nuestro futuro común.
Concluía hace cinco años Albert Solé que los países, como los individuos, tienen que saber distinguir y honrar los giros decisivos de su historia. Lamentablemente, los presidentes Rajoy y Mas no identifican que el presente es uno de los momentos en los que honrar a nuestra historia exige cambios decisivos que debemos acordar entre todos.
Pere Navarro i Morera es primer secretario del PSC.