Desde que el G7 se reunió en agosto de 2019, el COVID-19 ha resultado en 3,5 millones de muertes y pérdidas económicas que, se calcula, alcanzarán los 22 billones de dólares en 2025 –una sacudida económica 80% mayor que la que siguió a la crisis financiera global de 2008-. Cada uno de estos episodios catastróficos dio lugar a un multilateralismo audaz y efectivo que hizo que el mundo fuera más seguro y más próspero de ahí en adelante. El G7 ahora tiene la oportunidad de demostrar el mismo tipo de liderazgo en su cumbre en Cornwall esta semana.
En su calidad de actual presidente del G7, el Reino Unido espera liderar la recuperación global de la recesión provocada por el COVID-19 de manera tal que fortalezca la resiliencia del mundo contra futuras pandemias. Para lograr este objetivo hará falta más dinero, pero también financiamiento y reformas de mayor alcance. Los líderes de hoy deben abordar las deficiencias específicas de los esfuerzos de financiamiento de pandemias pasadas asociando inversiones de largo plazo en preparación con mecanismos de financiación rápidos en una etapa inicial.
La devastación causada por el COVID-19 ha subrayado lo que los expertos vienen diciendo desde hace años: nuestros sistemas nacionales, regionales y globales son extremadamente inadecuados para detectar y contener brotes. Hace falta una inversión de miles de millones de dólares para evitar otros billones más en pérdidas y un sufrimiento humano incalculable en el futuro.
Abundan las propuestas sobre cómo financiar la preparación para una pandemia. Pero a menos que los planes y sistemas de preparación se puedan activar rápidamente y en escala cuando se produce un brote, no habremos alcanzado el nivel de resiliencia necesario. En nuestro trabajo con el Panel Independiente de Preparación y Respuesta a la Pandemia (IPPR por su sigla en inglés), hemos revisado la historia reciente del financiamiento de la pandemia y descubrimos que el sistema actual se movilizó con demasiada lentitud en los primeros meses críticos de la respuesta al COVID-19.
Un mes después del comunicado del 30 de enero de 2020 de la Organización Mundial de la Salud declarando que el COVID-19 era una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, el Fondo para Contingencias Relacionadas con Emergencias de la OMS y el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de las Naciones Unidas habían asignado en total apenas 23,9 millones de dólares.
Inclusive tres meses más tarde, sólo el 5% del Plan Global de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas de (por entonces) 6.710 millones de dólares había recibido financiamiento. Asimismo, llevó tres meses desde la declaración de la OMS para que los instrumentos de seguro y mercado de capitales del Banco Mundial se pusieran en marcha. Para cuando se liberó su prima de seguro inicial de 196 millones de dólares a fines de abril de 2020, tuvo que compartirse entre 64 países, de los cuales 59 ya estaban manejando brotes de COVID-19. Si bien las agencias multilaterales finalmente comprometieron miles de millones más para ayudar a los países de bajos y medianos ingresos –muchas veces en términos concesionales-, resulta evidente que hacía falta más financiamiento provisional para facilitar respuestas en los primeros días y semanas de la pandemia.
Por otra parte, cuando empezó a fluir un financiamiento significativo, gran parte de él estuvo destinado a estrategias apresuradas y fragmentadas. A los países elegibles no se les había exigido que definieran antes de la emergencia cómo se utilizarían los fondos de respuesta, no tanto por una supervisión operacional sino por un defecto de diseño fundamental. El problema residió en la fragmentación entre los fondos para la preparación y los mecanismos de financiación de “respuesta rápida”, cada uno de los cuales tenía sus propios acuerdos de gobernanza, marcos de planificación y criterios de financiamiento.
Esta deficiencia combinada –subinversión en preparación, financiamiento demorado para la respuesta y discontinuidad entre ambos- apunta a la necesidad de un Mecanismo de Financiamiento Internacional para Preparación y Respuesta a la Pandemia. Como se detalla en las recomendaciones finales del IPPR, este mecanismo debería tener la capacidad tanto de movilizar aportes de largo plazo (10-15 años) de aproximadamente 5.000-10.000 millones de dólares anuales para financiar una preparación en curso como de desembolsar hasta 100.000 millones de dólares con poco aviso previo, anticipando compromisos futuros en caso de que se declarase una pandemia. Este financiamiento se puede proveer mediante la emisión de un bono social contra compromisos futuros, en sintonía con lo que hizo el Servicio Financiero Internacional para la Inmunización (IFFIm, por su sigla en inglés) en el caso de las vacunas.
No estamos proponiendo una nueva agencia de implementación. En lugar de crear un “Fondo Global para Pandemias” que operaría junto con el Fondo Global para Combatir el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, imaginamos un vehículo de financiamiento adicional que pudiera dedicar fondos a las instituciones existentes –como el Fondo Global y GAVI, la Alianza de Vacunas-. El objetivo, en definitiva, es respaldar los bienes públicos globales relacionados con la preparación: sistemas de supervisión, investigación y desarrollo y protocolos de respuesta rápida (para permitir incrementos de la cantidad de empleados de la salud, una comunicación pública efectiva y la adquisición mancomunada de suministros esenciales).
Sin duda, las brechas en el financiamiento no fueron la única, ni siquiera la principal, deficiencia que permitió que un brote de un coronavirus nuevo se convirtiera en una catástrofe global. Si hay un único factor al cual echarle la culpa es la falta de liderazgo político en los más altos niveles de gobierno nacional y del sistema internacional. Pero en este caso también un mecanismo de financiamiento dedicado es parte de la solución.
El mecanismo que proponemos estaría supervisado por un Consejo Global para Amenazas Sanitarias, un organismo multilateral y multisectorial diseñado para promover la preparación y la respuesta a la pandemia en los más altos niveles del sistema internacional. Liderado por los presidentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del G20, el Consejo estaría a cargo de mantener el apoyo político para la preparación y la respuesta, monitorear el progreso hacia los objetivos globales y hacer responsables a los tomadores de decisiones. Con la autoridad de asignar fondos significativos del mecanismo de financiamiento, el Consejo podría blandir zanahorias y garrotes a la vez a fin de garantizar la preparación a nivel nacional –y tendría una tarjeta de crédito global para responder a futuras crisis sanitarias.
Crucial para este modelo es la combinación de preparación y respuesta rápida –que en ambos casos estarían gobernadas por un consejo global unificado, gestionado por un mecanismo integrado y financiado a través de un único instrumento. Esta estructura garantiza que tan pronto como se detecte un brote, se pueda poner en marcha un financiamiento de respuesta sin inconvenientes mediante el mismo organismo que es responsable de la planificación, la supervisión y la disponibilidad continua. Financiar ambos esfuerzos a través de un instrumento único –un contrato de financiamiento futuro de largo plazo- minimizaría la cantidad de fondos ociosos y aseguraría un compromiso político constante entre crisis.
Si los líderes del G7 aspiran a crear resiliencia contra futuras amenazas pandémicas, ante todo deben reconocer las deficiencias de gobernanza colectiva en los primeros días de la crisis del COVID-19, muchas de las cuales surgieron como consecuencia de una subinversión en preparación. Luego deben ganarse el título de líderes mundiales comprometiéndose a un plan unificado de gobernanza, gestión y financiamiento de preparación y respuesta rápida a la pandemia. De lo contrario, no habrán hecho lo suficiente para contener brotes futuros antes de que ellos también se conviertan en pandemias catastróficas.
David Miliband, a former British foreign secretary and member of the World Health Organization Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response, is CEO of the International Rescue Committee. Elizabeth Radin, a lecturer in epidemiology at Columbia University, is a Council on Foreign Relations International Affairs Fellow at the Airbel Impact Lab. Christopher Eleftheriades is Lead of Innovative Finance at the International Rescue Committee.