Por Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña (ABC, 16/06/05):
En Cataluña el tema clave de esta legislatura es el nuevo Estatuto, y con él una financiación a nuestro entender más justa de la Autonomía catalana. Estando ahora alejado de la actualidad política, me he mantenido muy al margen de la discusión que esto genera en Cataluña y en el resto de España. Pero por mis responsabilidades anteriores, y porque lo he vivido como quien más, y finalmente por su enorme trascendencia, me parece adecuado hacer unos comentarios.
1.- A finales de los 70 y principios de los 80 era de general aceptación que había que llevar a cabo una política de solidaridad. Que era preciso que las partes con mayor PIB y mayor renta contribuyeran al progreso económico y social de las zonas menos desarrolladas. CiU y en general Cataluña asumieron claramente desde el primer momento este planteamiento que significaba dedicar una parte de su PIB al desarrollo de estos territorios. Yo mismo, para mi primera conferencia pública en Madrid en los años de la transición, elegí el tema de «Los desequilibrios territoriales en España». Fue en abril de 1978, en el Club Siglo XXI.
2.- Pero la LOFCA consagró un sistema que producía un muy fuerte déficit fiscal catalán, superior al que podíamos soportar, porque a la larga debía conducir -y realmente ha conducido- a una situación que repercute seriamente tanto sobre la economía de Cataluña como sobre la renta y el bienestar de sus habitantes. Es decir, tiene una negativa repercusión social (perjudica a sus ciudadanos) e impide que Cataluña pueda reaccionar debidamente ante los grandes retos tecnológicos y económicos y pueda actuar con el dinamismo adecuado.
3.- La Generalitat de Cataluña ha intentado modificar esta situación, que había llegado a situaciones insostenibles (que en buena parte siguen siéndolo). Logró algunas mejoras conceptuales (especialmente, introducir el concepto de corresponsabilidad fiscal, así como la posibilidad de cobrar parte de los impuestos, y un cierto grado de capacidad normativa). Estas mejoras, negociadas directamente por la Generalitat, luego repercutieron sobre las restantes Comunidades Autónomas, o sea que Cataluña ha jugado un papel de primer orden en la mejora de la financiación autonómica en general. Y mejoró su propia financiación, pero en grado muy insuficiente para borrar el fuerte «handicap» que pesa sobre su PIB, su renta per cápita y su capacidad de desarrollo.
4.- Todo ello hace necesario -y ahora ya urgentemente necesario- que este sistema que ahoga Cataluña como economía y como sociedad, y que perjudica seriamente a los ciudadanos catalanes, sea revisado a fondo. Lo cual también viene justificado por el cambio que ha habido desde 1980 hasta hoy. La evolución de las Comunidades Autónomas menos desarrolladas ha sido muy positiva durante estos años. Extraordinariamente positiva. Es un éxito por el cual todos debemos congratularnos; pero que pone también de manifiesto que la solidaridad no hay que aplicarla ahora de la misma manera. Por otra parte, repito, el esfuerzo de contribución solidaria de algunas Comunidades Autónomas, y muy especialmente de Cataluña, ha llegado a crear una situación financiera gravemente perjudicial. Insostenible desde el punto de vista del desarrollo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista autonómico.
Por definición, la solidaridad no debe ser ilimitada en el tiempo. Si una política de solidaridad tiene éxito, llega un momento en que ya no es necesaria. O que es menos necesaria. Afortunadamente, en España estamos llegando a esta situación. O ya hemos llegado.
Se ha dicho, con razón, que el resultado de la política de solidaridad llevada a cabo durante los últimos 25 años es, dicho gráficamente, que ahora en Extremadura no se podría rodar «Los santos inocentes». Que no se encontraría una situación tan deprimente como la que aquella película -por cierto, genial- describe. Y también se ha dicho que en las escuelas de Extremadura la proporción de ordenadores por alumno es mucho mejor que la media europea (y por supuesto, mucho mejor que la de las escuelas de Cataluña). Y se ha dicho asmismo que la situación de los jubilados en Extremadura es mucho mejor que la de los catalanes. Pues bien, si estos datos, y otros parecidos, son ciertos -y parece que lo son-, significa que hay que modificar los criterios que a efectos de la política de solidaridad se utilizaron hace 25 años. Y más todavía si, además, se acumulan los datos que tanto desde el punto de vista económico como desde el social -especialmente de atención a los ciudadanos- señalan que la que acusa déficit crecientes es Cataluña. Que representantes del propio Gobierno central reconozcan -por supuesto, en privado- que los sueldos de los maestros son en Cataluña de los más bajos de España -y esto a pesar del aumento que hubo en 2002- significa que ha llegado la hora de modificar los criterios de solidaridad.
Tiempo atrás, cuando la Generalitat planteaba esta cuestión, se nos solía acusar -al nacionalismo catalán y a mí mismo- de victimismo y de insolidaridad. Pero ahora que el presidente de la Generalitat es socialista y CiU no gobierna, el Gobierno y la sociedad catalana vuelven a plantear la misma reivindicación. O sea, que no se trataba ni de una obsesión ni de una táctica, sino de un problema y una necesidad muy real y acuciante. Ahora puedo decirlo con más rotundidad que nunca. El ahogo financiero de la Autonomía catalana hace que Cataluña vaya entrando en una secuencia de retroceso. Esto no es bueno ni para el conjunto de España, puesto que siempre se nos ha reclamado una aportación de dinamización e innovación, y además no es justo. Ahora ya no es justo aplicar los mismos criterios que hace 25-30 años.
Es evidente que una revisión de este tipo es difícil. Y que hay que llevarla a cabo progresivamente. Progresivamente, pero desde ahora.
Sucede en Europa. A partir de 2007 habrá que modificar el sistema. En parte, porque el progreso de los países receptores de ayuda lo permite e incluso lo reclama. En parte, porque algunos países contribuidores tienen dificultades (países que, por cierto, han sido locomotoras del progreso europeo y conviene que sigan siéndolo). Y en parte, porque la ampliación comporta una redistribución de las ayudas europeas.
Esta redistribución también habrá que hacerla con la financiación autonómica. Y probablemente, dejando de lado los conciertos vasco y navarro. Cierto que el País Vasco no contribuye a la solidaridad del conjunto del Estado. Pero hay concierto vasco porque la Constitución reconoció un derecho histórico. Podría disentirse respecto a si el cupo está calculado con justicia o no; pero no sobre el concierto. Quizás algún día el País Vasco y Navarra admitirán que la situación actual debe ser revisada (a través del cupo, no del concierto). Pero ahora no es el caso. Por consiguiente -y de ahí que la dificultad sea mayor-, el reajuste deberá hacerse sobre la base de la financiación de las restantes quince Comunidades Autónomas.
Antes de rechazar con indignación las demandas de la Generalitat -y en general de Cataluña-, entiendo que la clase política española -desde el nivel estatal al autonómico- debería hacer un esfuerzo sincero de reflexión. Creo que tiene que hacerlo. No puede refugiarse en un insolidario desinterés por el tema o incluso en un «ya está bien así». Lo que piden Maragall y todo el Gobierno catalán y que ya pedían Pujol y CiU, y que piden además todas las organizaciones empresariales y sindicales de Cataluña, y en general todo el tejido social catalán, y que tantos académicos apoyan... ¿no merece un esfuerzo de análisis objetivo? ¿No es de justicia que este análisis se haga? En todo caso, creo que Cataluña tiene derecho a reclamarlo no ya por su propio interés, sino por equidad y por justicia.