Aunque el verano parezca suavizar los perfiles más agudos de la recesión, el Gobierno sabe que se trata de un impresión falsa. Se puede apurar el recorrido mediático de unos datos de paro menos malos que los de meses atrás para instalar la idea de que 'lo peor ya ha pasado'. Pero el Ejecutivo sabe que el problema ya no es ése porque la cuestión ahora es cuándo empezará la recuperación y cuándo esa recuperación traerá consigo empleo. La perspectiva de una crisis en 'L' que después de la caída nos tenga -en palabras de Felipe González- «reptando por el fondo» es una posibilidad real, no una especulación académica de esos economistas cuyos errores en el pronóstico sirven al Gobierno para disolver la responsabilidad por sus propios cálculos fallidos.
El Fondo Monetario Internacional ha mejorado su pronóstico sobre la evolución de la economía mundial para el próximo año, mientras rebajaba, aún más, las ya malas previsiones de la economía española. Esta nueva alerta, que debería enfriar la doctrina de 'la luz al final del túnel' en la que el Gobierno está concentrando ahora sus esfuerzos mediáticos, ha sido recibida con indiferencia. Tal vez porque la opinión pública se encuentre saturada de informaciones que alimentan la confusión, acentuando las diferencias en los matices o hablando en imágenes como la de los 'brotes verdes' importada literalmente de la jerga anglosajona pero en todo caso nada clarificadora de la realidad. Y puede ocurrir también que a esa indiferencia, que rodea por igual a los trabajos serios de prospectiva y a las simples conjeturas, contribuya el otro gran esfuerzo del Gobierno -su objetivo político estratégico- para conseguir que ese grave paciente que es la economía española se mantenga asintomático. Se trata de que la perplejidad, la incertidumbre, la confusión y la angustia que la recesión extiende por amplios sectores de la población no encuentren detonantes que los hagan emerger dejando expuesto el grado de daño social y productivo que se está produciendo.
Ahora bien, evitar que aflore el descontento no es lo mismo que llevar a cabo una política de estabilidad dentro de la lucha contra la crisis económica. Si se quisieran ofrecer certidumbres, apuntalar la estabilidad y enviar mensajes claros de la determinación en la lucha contra la recesión, el Gobierno habría buscado la interlocución con el primer partido de la oposición, haciéndolo de una manera institucionalizada y sincera.
Pero no es ése el camino que se está siguiendo. El Ejecutivo se ha blindado con los interlocutores sociales para eludir su responsabilidad en el impulso a reformas ampliamente recomendadas. Al mismo tiempo, alimenta un discurso populista y demagógico con esas afirmaciones tan enfáticas sobre la preservación de los derechos de los trabajadores que -según se afirma- no deben ser los paganos de la crisis. Con los niveles de paro que sufre España, jugar a la retórica de los descamisados es cuando menos una ligereza que denota, además, el distanciamiento de un problema como el desempleo. No se puede afirmar seriamente en un país camino de los cinco millones de parados que los trabajadores no van a ser los paganos de la crisis. Lo son, como lo son los autónomos, como los son los pequeños y medianos empresarios a los que el estrangulamiento financiero ha llevado al cierre de negocios perfectamente viables y dispuestos a sobrevivir en este periodo de recesión.
Es evidente que estos artificios retóricos están respaldados por la ruptura de las pautas de control del gasto que este año llevarán el déficit al 10% según estimaciones simplemente realistas. Semejante estado de las cuentas públicas -en el que, además de gastar en lo necesario, se gasta mal- necesariamente tendrá que plasmarse en subidas de impuestos según el razonamiento que tan claramente explicó la vicepresidenta económica Elena Salgado, lo que abre nuevas interrogantes -por otra parte no tan difíciles de despejar- sobre el estado de forma en que se encontrará nuestra economía cuando los demás empiecen a recuperarse.
En este contexto hay que situar los dos procesos negociadores en los que el Gobierno se encuentra empeñado para encontrarse a la vuelta de verano con la mesa algo más despejada: una negociación virtual, aparente, como la que tiene lugar en el llamado 'diálogo social', y otra real y de implicaciones muy serias como la de la financiación autonómica, o para ser más exactos, el acuerdo bilateral de financiación con la Generalitat de Cataluña.
El acuerdo de financiación parece ya suficientemente trabado al amparo de la laxitud presupuestaria que se seguirá justificando por las necesidades imperativas de la recesión. Lo que es seguro es que su impacto en las finanzas públicas va a traducir el coste de la débil posición del Gobierno, de su pérdida de iniciativa en la negociación y de su incapacidad para liderar un compromiso solidario y razonable entre todas las comunidades autónomas y el Estado. El modelo resultante está abocado a tener escasa coherencia interna, fragmentado en fondos y bolsas para satisfacer exigencias singulares, y lastrado políticamente en muchos territorios por el recelo que suscita la negociación bilateral excluyente con la Generalitat de Cataluña.
Junto a esta negociación, el diálogo social es un caso de banalidad estéril, en el que el Gobierno busca mantener la coreografía de la conversación con los interlocutores sociales, para explotar los efectos beneficiosos que puede suponer para su imagen. El Ejecutivo no está dispuesto a apostar por las reformas, y por eso está utilizando el diálogo social para escenificar su discurso más superficial. Seguramente habrá algo que puede presentarse como un acuerdo, de esos llamados de mínimos que permita al Gobierno volver en septiembre con una imagen que le haga más llevadera la complicada temporada que tiene por delante, con una luz al final del túnel que, incluso para los que creen verla, es débil y parpadeante.
Javier Zarzalejos