El presidente Jimmy Morales ha prometido que pondrá fin el próximo año al mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala apoyada por la ONU. La comisión, que es enormemente popular, ha ayudado a reducir las terribles tasas de homicidio en el país. Para mantenerla, sus simpatizantes deben reenfocarse en combatir los crímenes violentos más graves.
¿Qué hay de nuevo? La investigación realizada por International Crisis Group ha cuantificado por primera vez el impacto positivo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de la ONU. Este informe muestra cómo las actividades de reforma a la justicia de la CICIG contribuyeron a una reducción promedio anual del 5 por ciento en las tasas de homicidios en el país. Esto comparado con un aumento de un 1 por ciento anual entre los pares de la región.
¿Por qué importa? El Presidente de Guatemala Jimmy Morales ha anunciado que pondrá fin al mandato de la CICIG en 2019. Pero la comisión ha alcanzado un amplio apoyo público en Guatemala por el enjuiciamiento de miembros de la élite previamente intocables. Es un raro ejemplo de un esfuerzo internacional exitoso para fortalecer el sistema judicial y la labor policial de un país.
¿Qué se debería hacer? Con el apoyo de EE.UU. hacia la CICIG aparentemente bajo presión, depende de los restantes partidarios de la comisión proponer un nuevo acuerdo entre el gobierno de Guatemala y la ONU basado en una estrategia revisada de selección de casos y la continuación del apoyo a las reformas políticas y judiciales. EE.UU. debería respaldar incondicionalmente a una CICIG revisada.
Resumen ejecutivo
El 31 de agosto el presidente Jimmy Morales declaró que a partir de septiembre de 2019 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), apoyada por la ONU, ya no sería bienvenida en el país centroamericano. La decisión de Morales de eliminar este organismo de investigación, establecido en 2007 y responsable de varias imputaciones históricas de ex presidentes, enfrenta a los críticos de los abusos de poder en las altas esferas de Guatemala contra quienes afirman que la comisión pisotea los derechos soberanos del país. A pesar de su enorme popularidad en Guatemala, será difícil preservar la CICIG sin concesiones, dada la hostilidad del gobierno. La ONU y los países donantes deberían rechazar las exigencias más tempestuosas de Morales, como la de remplazar al jefe de la comisión, pero deberían presionar a la CICIG para que precise su enfoque a fin de proteger sus legados fundamentales. A saber, la CICIG debería ayudar a enjuiciar a los grupos criminales más perjudiciales y peligrosos del país, apoyar reformas legales para garantizar un sistema político más transparente, y fortalecer la policía, el Ministerio Público y el sistema judicial en sus esfuerzos para reducir el crimen violento.
Por ahora, parece imposible evitar el estancamiento del futuro de la CICIG. Los donantes europeos a la comisión, así como la sociedad civil de Guatemala y los activistas anticorrupción latinoamericanos denuncian que las medidas de Morales son esfuerzos para proteger a las élites políticas y económicas contra la injerencia judicial. Morales y sus aliados celebran la restauración del control nacional sobre el sistema judicial en medio de vagas e infundadas acusaciones de sesgo político de izquierda en la CICIG.
Sin embargo, además de enjuiciar a líderes políticos y empresariales, la CICIG ha efectuado una serie de reformas legales e institucionales, cuyo futuro ahora está en juego. Durante el funcionamiento de la comisión desde 2007, Guatemala ha sido uno de los pocos países latinoamericanos en lograr una reducción sostenida de su tasa de homicidios. En un momento en el que el crimen y la violencia pandillera por todo el Triángulo Norte de Centroamérica – compuesto de Guatemala, Honduras y El Salvador – han provocado una creciente marea de desplazamientos forzados y la huida hacia el norte, a México y EE.UU., la decisión de eliminar un bastión de la reforma judicial y policial en la región es un error estratégico en la campaña para acabar con la inseguridad y desalentar la migración. El análisis cuantitativo y un minucioso examen a las medidas adoptadas para reforzar los servicios de policía y fiscalía de Guatemala tras la creación de la CICIG sugieren claramente que la comisión ha desempeñado un papel clave en la mejora de la seguridad en el país.
La nueva investigación de Crisis Group muestra que luego de la creación de la comisión en 2007, un periodo en el que los pares regionales del país experimentaron un aumento anual de un 1 por ciento en sus tasas de homicidios, Guatemala registró una disminución promedio de 5 por ciento anual en sus tasas de homicidios. En general, se estima que la CICIG ha contribuido a una reducción neta de más de 4.500 homicidios entre 2007-2017.
Si bien las perspectivas de supervivencia de la comisión son poco alentadoras, la suerte aún no está echada. La necesidad de preservar sus logros hace que sea importante que el gobierno de Guatemala y los donantes internacionales consideren modificar su formato tanto para satisfacer el requisito del presidente Morales de que se respete la soberanía nacional como para conservar el rigor en las investigaciones que exigen los donantes y la sociedad civil. El núcleo de las investigaciones debería ser una estrategia acordada de selección de casos en la que los recursos de la CICIG se enfoquen en enjuiciar a las redes criminales más peligrosas, así como a apoyar reformas legales que sustenten la transparencia del sistema político y los continuos esfuerzos por afianzar la independencia judicial y la profesionalidad policial.
Las posturas de la comisión y el Estado de Guatemala parecen irreconciliables. Sin embargo no tienen por qué serlo si ambas partes, con el apoyo de la ONU, EE.UU. y la Unión Europea (UE), reconsideran su relación y establecen métodos más claros de selección de casos para la atención de la comisión. Pero las partes solo podrán colmar la brecha si el gobierno de Guatemala y sus aliados reconocen que reducir la violencia criminal es un objetivo común mucho más importante que proteger a funcionarios pertenecientes o cercanos al actual gobierno.