Decía Edmund Burke que "para que triunfe el mal sólo hace falta que los buenos no hagan nada". De este modo el filósofo irlandés denunciaba los abusos que presenció en la Revolución francesa. En pleno siglo XXI, con una comunidad internacional consciente e insistente en la defensa de los Derechos Humanos en el mundo, marcada por el objetivo de prever y no volver a caer en los totalitarismos que arrasaron el siglo pasado, volvemos a vivir situaciones indignantes para la razón humana.
Desde la crisis de los refugiados en Europa hasta Venezuela, la vulneración de los Derechos Humanos es algo intolerable en una sociedad donde el bien, la dignidad, la justicia y la libertad debieran ser derechos inalterables. El caso de Venezuela, más allá de la valoración política -que no es sujeto de debate en esta tribuna- es paradigmático.
Venezuela se encuentra entre los 38 estados de la lista negra de la ONU por violación de los Derechos Humanos. La defensa de estos derechos no es una causa ni regional ni política, ya que de ser así ¿cuál sería el sentido de los entes supranacionales? La Declaración Universal De los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 y la Convención Americana sobre los DDHH de 1969 abogan por una misma realidad: el derecho a un juicio justo, con todas las garantías, el derecho a acudir ante un tribunal independiente, imparcial y sin arbitrariedad.
A pesar de la voluntad internacional de velar y garantizar nuestros derechos y libertades públicas, hoy en Venezuela tenemos a un ciudadano que -preso por sus ideas o no- no tuvo el derecho a un juicio justo. Leopoldo López, encarcelado en el centro de detención militar de Ramo Verde desde el día 18 de febrero de 2014, fue declarado por la Justicia venezolana culpable de "incitación pública a la violencia a través de supuestos mensajes subliminales" y condenado a 13 años y 9 meses de prisión.
Independientemente de la valoración jurídica o no de los hechos, la cuestión a debate es si Leopoldo tuvo o no el derecho a poder defenderse con todas las garantías que una democracia y un Estado de Derecho salvaguardan. Amnistía Internacional, en un comunicado del 19 de febrero indicó que los cargos presentados contra Leopoldo "sugieren la existencia de un intento, de motivación política, de silenciar la disidencia en el país".
En esta misma línea, Human Rights Watch defendió que el Gobierno venezolano "ha adoptado abiertamente las tácticas habituales de los regímenes autoritarios, y ha encarcelado a opositores, censurado medios de comunicación e intimidado a la sociedad civil". Cabe recordar además que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, pidió la inmediata liberación de López y de todos los venezolanos detenidos durante las protestas de 2014. Pero además no podemos olvidar que el fiscal del caso huyó a Estados Unidos tras denunciar la arbitrariedad del caso.
En Venezuela, algunos jueces (contados) accedieron a la Judicatura por concurso; sin embargo, la regla para acceder actualmente es por designación de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, compuesta por magistrados del máximo tribunal venezolano elegidos previamente por la Asamblea Nacional. Llama la atención que Susana Barreiros Rodríguez, encargada de enjuiciar a Leopoldo López, fuera designada por esta comisión para ejercer la función de jueza provisoria -es decir, que podría ser removida en cualquier momento-. Ahora, es la Defensora Pública Nacional, elegida por la mayoría de los diputados oficialistas. ¿Premio o casualidad?
¿Existen garantías procesales en un país donde el poder Ejecutivo lo controla todo? El debate no son los hechos jurídicos que versan sobre la acusación frente a Leopoldo, sino si ha podido hacer valer su inocencia bajo los parámetros de legalidad que se exigen en el marco internacional. Y la cuestión será, ¿hasta cuándo seguiremos en silencio ante tal impunidad?
Esas y otras preguntas las abordaremos este jueves en la mesa redonda "Derechos Humanos y derecho a un juicio justo. Análisis de las resoluciones internacionales sobre Venezuela" (a las 19.30 horas en la Universidad Antonio de Nebrija) en la que participará Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López.
"Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente". Sócrates.
Juan Gonzalo Ospina es presidente de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid (AJA).