Por Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat (EL PAIS, 29/07/05):
Discrepancias, aportaciones, consenso, demagogia, opiniones favorables y desfavorables, hay para todos los gustos en torno al debate sobre el nuevo Estatut de Cataluña. Paralelamente, la población acusa una saturación informativa y una despreocupación alarmante, hecho que nos debería hacer reflexionar. Lo cierto es que es necesario actualizar las normas con las que afrontar el futuro, el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, y por ello considero que los gobiernos locales, como gobiernos de proximidad, debemos posicionarnos claramente.
El gobierno local es tangencial al Gobierno autónomo. Coincidentes en planificar sobre el mismo territorio, lo que obliga a establecer visiones comunes, formadas en el consenso. Actuantes, no concurrentes y sujetos al desarrollo de nuestras diferentes responsabilidades como gobiernos. Comprendo que esta afirmación provoque algunos sarpullidos.
Por ese motivo, el contenido del trazo de la vía tangencial, con puntos comunes pero sin concurrencia, debe presidir el proceso de definición estatutario, donde deberá ser prioritario delimitar con claridad y exactitud las competencias, tanto estructurales como financieras, que determinarán, exhaustivamente, el marco de actuación y de gestión de los gobiernos locales en un futuro. Los nuevos retos locales requieren mayor capacidad de decisión, más competencias y más recursos.
Sé muy bien que en el seno del Gobierno de la Generalitat existe una sensibilidad expresa y patente sobre el importante papel de los gobiernos locales y sobre la necesidad de ampliar sus competencias. De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los gobiernos locales debemos gestionar todas las competencias que podamos prestar con eficacia. Por tanto, sería incomprensible que el nuevo Estatut estableciera que los gobiernos locales son una institución de la Generalitat de Cataluña y que esto no se corresponda con una clara atribución de competencias con la consecuente transferencia financiera.
Estamos, sin duda, ante una oportunidad única para reparar una situación histórica y poder reconocer el papel de los gobiernos locales en la Administración. Es histórica, porque a lo largo de 23 años, CiU ha sido incapaz de abordar cualquier reforma que solucionase la actual falta de una financiación suficiente, estable y garantizada. Y ahora sólo parece dispuesta a trabajar por una propuesta maximalista que fracase aquí y no prospere en Madrid.
No podemos vivir en un permanente proceso de reconstrucción de las libertades y de las competencias que nos ayudaron a superar la transición, ha llegado el momento de cerrar bien las etapas. Los gobiernos locales debemos ejercer las responsabilidades para las cuales los ciudadanos y ciudadanas nos han elegido.
Hace falta un giro que nos haga despegar del 13% del gasto público.
El actual borrador de Estatut, además de no profundizar, no refleja ni la realidad ni la importancia de los gobiernos locales. El nuevo Estatut no debe proclamar, debe garantizar la autonomía local; debe reconocer, tal como lo hace la Constitución, que los ayuntamientos son gobierno, uno de los gobiernos del Estado. Es decir, un gobierno local debe poder adoptar y tener autonomía para impulsar cualquier iniciativa en favor de sus vecinos y vecinas. Siempre.
Ya en la actual legislación hemos sufrido las carencias competenciales fundamentales, en cuestiones que nos permitirían encarar con éxito las transformaciones sociales que vivimos ya durante este siglo XXI y que desde el municipio, desde la calle, desde la proximidad que nos concede nuestra gestión, nosotros hemos ido percibiendo y reclamado con insistencia.
Como mínimo, debemos reflexionar sobre la manera de encajar estas competencias en un texto fundamental como será el nuevo Estatut: hemos puesto sobre la mesa el debate sobre políticas de seguridad, sobre políticas activas de empleo, sobre la vivienda, sobre la justicia, sobre la inmigración, sobre telecomunicaciones y sociedad de la información, etcétera.
Estas inquietudes son realidades sociales que están en la calle, y obviarlas no forma parte de nuestra tradición política. La armonización y la solidaridad deben presidir la acción legislativa y política. Pero eso pasa también por reconocer el trabajo y el esfuerzo que realizan los gobiernos locales y por solucionar dos problemas claros:
1. En muchas ocasiones, se nos adjudican cargas de responsabilidad sin acompañarlas de recursos económicos.
2. Existe un claro déficit de participación de los municipios en la toma de decisiones de políticas genéricas que a veces, incluso, afectan a asuntos de interés preferentemente local.
Es importante dialogar en un marco de lealtad institucional y confianza mutua. Es necesario evitar intrusismos, evitar sembrar la inquietud con propuestas como la de que el Parlament disponga de una oficina que indague sobre actividades fraudulentas en los ayuntamientos. No estoy en contra de los órganos de fiscalización, pero no creo que tenga que ser en ese ámbito donde se nos imponga supeditación o subordinación. En todo caso, el camino se debería hacer a través de la Sindicatura de Cuentas, ésa sería una buena opción. Es fundamental reconocer a los gobiernos locales su capacidad normativa y su ámbito de autonomía para regular y controlar su actividad.
El actual debate del Estatut no genera proximidad, sino distancia, y ha dejado en segundo plano la gestión y el trabajo realizado por el Gobierno de la Generalitat en los últimos 15 meses.
El buen trabajo generado a partir de la colaboración intensa de la mayoría de los departamentos con los gobiernos locales ha promovido acciones que no pueden quedar difuminadas por esta omnipresencia del Estatut en la agenda política. El esfuerzo del Gobierno catalán para ampliar la financiación de las escoles bressol, la ley de barrios, la política sanitaria y de atención a las personas con dependencias, las políticas de desarrollo activo del empleo, la educación, etcétera, está siendo articulado para acercarse a las necesidades más directas de nuestra sociedad.
Resulta, pues, sorprendente esta divergencia entre la actuación diaria del Gobierno de Cataluña y el planteamiento de algunos de sus miembros respecto a la desconfianza y la soberbia con la que establecen su relación con los gobiernos locales.
Defrauda ver cómo se reclaman derechos históricos, algunos más que periclitados, y en cambio no existe la suficiente sensibilidad para reconocer el papel de los gobiernos locales.
Por ese motivo, por encima de disciplinas partidistas, los gobierno locales debemos trabajar para reforzar la atención y la sensibilidad de la propuesta estatutaria en lo referente a la administración más próxima a los ciudadanos. Hemos dado un paso más que con el Estatut de 1979, que hacía menciones dispersas a los municipios; ahora hacemos algunas definiciones legislativas básicas, pero poco más. Y desde los poderes locales afirmamos que Cataluña necesita avanzar mucho más allá, porque pone en juego su futuro, su credibilidad ante la ciudadanía y su capacidad de abordar los temas que de verdad afectan al progreso y a la cohesión social de nuestro país. No nos podemos permitir un Estatut que trate de forma insuficiente, incorrecta y superficial a los gobiernos locales de Cataluña. Se trata, por tanto, de respetar y reconocer esta realidad tangencial.