Responsabilidad política y referéndum

He escrito con anterioridad en este mismo diario que el pretendido referéndum del día primero de octubre no iba a celebrarse, como así será. Insistir en las razones que en su momento aduje me parece innecesario, pues han sido sobradamente formuladas y recogidas, en última instancia, en el dictamen del Consell de Garanties Estatutaries previsto en el artículo 76 de nuestro Estatuto de Autonomía, cuyas competencias, en parte, fueron declaradas inconstitucionales por el TC en su sentencia del 2010 a pesar de no haber sido incomprensiblemente recurrido, ni por el Partido Popular, ni por el Defensor del Pueblo, pues en el indicado artículo se contemplaba que los informes del Consell tenían carácter vinculante para el Parlament, algo insólito en el mundo de los estados democráticos de derecho.

De haber sido de esa manera, el dictamen hubiere impedido la aprobación ‘contra legem’ de la ley que pretendía sustentarlo y que, en buena lógica, ha suspendido el Tribunal Constitucional. Cosa bien distinta es el deseo de una gran parte de la sociedad catalana actual de separarse del Estado, algo que no puedo compartir pero que resulta legítimo sustentar en un Estado democrático como el nuestro y que, seguidos los trámites previstos, no resultaría imposible dilucidarlo en un referéndum legal.

Negar la realidad de esta aspiración demostraría una ceguera política y un voluntarismo insostenible. Es por ello que resulta imprescindible preguntarse, sin reservas de ninguna clase, por las razones intrínsecas y extrínsecas que han conducido a ello.

Me temo que si fuéramos rigurosos observaríamos que difícilmente ninguno de los agentes políticos saldría indemne de un juicio en el que hubieran de depurarse responsabilidades y someterse al veredicto de ese hipotético juzgador. Ciertamente no es ese el caso, pero resulta insólito que la política desde hace tiempo, unos y otros, la practiquen dejándola en manos de los tribunales, que tienen la obligación de juzgar y hacer cumplir lo juzgado conforme a la ley y solo conforme a la ley en aquel supuesto único y concreto que es sometido a su consideración, sin que pueda extenderse en razones y consideraciones que no hayan sido sometidas a su escrutinio. De otra manera se subvertiría la función jurisdiccional y convertiría su intervención en meramente política, lo que resulta del todo vedado en un Estado de derecho.

Utilizar el debate parlamentario en una suma inadmisible de descalificaciones en lugar de un debate civilizado y respetuoso para consensuar el desarrollo social, que nunca podrá ser como yo quiero y solo como yo quiero, utilizando un lenguaje que en no pocas ocasiones resulta grosero, cuando no soez, es no entender la democracia. Trasladar a la calle el debate como argumento último para resolver lo que no puede resolverse en el diálogo parlamentario no solo es políticamente incorrecto, es el preludio del desmoronamiento de un sistema.

Así lo hemos podido ver en cabeza ajena en este mundo ya tan interrelacionado. No se trata, pues, de culpar a unos y a otros; o a unos o a los otros. La sociedad democrática está llena de matices que le permiten su cohesión y a sus diferentes sensibilidades expresarse con libertad.

Se trata de que aquellos que deben discutir, negociar, transigir y, en lógica consecuencia, contribuir a fortalecer un país, se pongan a hacerlo, si no, convóquense elecciones para que otros que se vean con el coraje de hacerlo releven a aquellos que se han mostrado incapaces.

Por encima de las ideas, por encima de las razones, está la razón con mayúsculas y esta nos exige el respeto de las normas comúnmente establecidas y a resolver los problemas conforme al papel que a cada poder del Estado se le ha reservado.

El día primero de octubre unos no querrán votar por respeto a la legalidad, otros en la ilusión de conseguir su legítima aspiración sí lo harían. En ningún caso se dan las condiciones para hacerlo en la forma y manera en que ahora se han planteado. La política requiere serenidad e impone el principio de seguridad jurídica para los ciudadanos a los que se destinan sus actos.

Eugeni Gay Montalvo, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional.

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