52 diputados franceses han publicado este domingo en el Journal du dimanche un manifiesto “contra la represión de políticos catalanes en España” donde cada dato es falso y cada argumento tendencioso. Su irresponsabilidad e ignorancia merecen una respuesta en honor de la democracia española pero también de la francesa, digna de la mayor consideración, y por la que duele que algunos (aunque sean solo un 9 % de quienes se sientan en la Asamblea Nacional) la representen tan negligentemente.
Declaran para comenzar que “no quieren entrometerse en el debate” y que por eso “han esperado a que pasaran los hitos electorales antes de expresarse”. Excusatio non petita, accusatio manifesta; sobre todo cuando ambas premisas se alejan de la verdad. Por un lado, sus acusaciones se alinean íntegra y acríticamente con los argumentos de los independentistas; y por otro, en España el ciclo electoral sigue en un momento álgido, con la investidura del presidente del gobierno pendiente y la amenaza de nuevas elecciones tanto a nivel nacional como en la propia Cataluña.
Estos parlamentarios franceses “reprueban el daño a las libertades fundamentales y al ejercicio de la democracia” y lo justifican en que “responsables políticos electos, por haber querido organizar una votación, se encuentren en prisión, exiliados y pudiendo ser condenados a elevadas penas de prisión”. “El respeto de las reglas institucionales es una cosa” afirman, no se sabe muy bien para justificar qué. Y continúan: “pero el debate político no puede impedirse por la represión, la amenaza a los derechos personales y el recurso a un delito de opinión”.
Si las opiniones nacionalistas o incluso independentistas estuvieran perseguidas en España, miles de responsables políticos y periodistas (incluso de medios públicos o altamente subvencionados) habrían sido hace tiempo castigados por las continuas declaraciones de su voluntad secesionista que basan en su desprecio hacia España. Recordemos por ejemplo las de Quim Torra, actual presidente de la Generalitat, hacia los catalanes que hablan español a los que calificaba de “carroñeros, víboras, hienas, bestias con forma humana”.
Pero en absoluto existe esa forma de censura. Lo que está el juzgando el Tribunal Supremo no son las opiniones de nadie sino un complot organizado desde las propias instituciones autonómicas (gobierno y parlamento), dirigido por sus máximos responsables (cuyo poder proviene de la Constitución Española que todos habían prometido respetar y hacer respetar) y con el respaldo de asociaciones afines para las que llevaban años desviándose fondos públicos. Su objetivo era romper la integridad territorial española, y eso significa antes que nada privar por la fuerza a los millones de ciudadanos que viven en Cataluña de su nacionalidad española, que es la fuente que garantiza los amplios derechos y libertades de los que disfrutan.
El Tribunal Constitucional ya ha tenido ocasión de describir los medios utilizados por estos cabecillas independentistas. Empezaron por secuestrar su propio parlamento autonómico, cerrándolo durante meses con el apoyo una mayoría exigua en escaños (que era además una minoría de votos en las elecciones), con la que no habría sido posible ni elegir a la dirección de la televisión pública pero mediante la que llegaron a imponer en lectura única –y sin previa publicación del texto ni opción de enmiendas por la oposición– un referéndum ilegal y una “ley de desconexión”. A partir de ahí, formaron listas electorales ilegales desviando ficheros de datos personales que almacenaron en webs extranjeras que suelen utilizar los piratas informáticos. Llegaron e intimidaron e incluso asediaron a los funcionarios judiciales que vinieron a inspeccionar estas prácticas ilícitas, entre otros muchos actos de desobediencia y corrupción.
La votación impostada que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017, a pesar de la amplísima malversación de recursos públicos, no pasó de ser una farsa en términos administrativos, siendo posible incluso votar varias veces con solo acudir a diferentes mesas electorales. Lo único que les preocupaba era la propaganda, al igual que venían haciendo desde una década antes creando costosas “embajadas fake” o comprando algunos apoyos poco escrupulosos. Pese a tanta campaña, el resultado de su referéndum tuvo menos apoyo internacional que el que recibe un dictador como Maduro. Intentaron extender una imagen de violencia policial pese al tenaz hecho de que esa tarde los responsables del 1-O no tuvieron ni un herido que ir a visitar al hospital para poder hacerse la foto.
Al respecto de los “exiliados”, justo antes de que se extendiera su orden de arresto, el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, hizo creer a sus socios que iba a asistir a un partido de fútbol cuando estaba evadiéndose a Bélgica donde, por desgracia, las insuficiencias de los mecanismos europeos de cooperación judicial han impedido de momento que tenga efecto su extradición. Y es precisamente el riesgo de emular en su fuga al jefe de la banda lo que ha determinado la necesidad de prisión provisional para otros procesados mientras dura un proceso judicial que la propia falta de crítica desde la órbita independentista demuestra la ejemplaridad formal con que se está desarrollando.
Los diputados franceses concluyen sumándose “a muchas voces en España y en otros lugares” pidiendo “el fin de estas medidas arbitrarias”. No sé que entiende por “muchas” porque en términos relativos parecen bien pocas: ningún país ni organismo internacional se ha sumado a la causa de los independentistas, mientras que muchos han respaldado a España y expresado su absoluta confianza en la fortaleza de su democracia. En la propia Francia y la Unión Europea, ha sido el caso de los sucesivos presidentes de la República, presidentes de la Comisión, de los parlamentos, etc. Y no son solo declaraciones políticas, en todos los escalafones académicos o de foros independientes sobre pluralismo político, catálogo de derechos civiles, funcionamiento institucional, calidad de gobierno, independencia judicial… España siempre aparece en el primer decil. Y eso es precisamente lo que molesta a una oligarquía nacionalista que sueña con ser dueña de un país a la medida de su clientelismo.
Este manifiesto de parlamentarios franceses, aunque provenga de una minoría, es una mala noticia. La historia de la libertad y de la democracia está particularmente unida a ambos lados de los Pirineos. Nuestra primera Constitución, en 1812, fue pionera entre las democracias liberales y recogía el testigo de la Revolución Francesa. La actual, aprobada en 1978 por más del 90 % de los ciudadanos (incluido en Cataluña) fue el hito de una “Transición” que también se explica por todo lo que Francia había aprendido a lo largo del siglo XX.
La gran causa de la política europea debe ser reducir ese virus del nacionalismo, que ya vimos hace unas décadas cuán dañino llega a ser. Apostar por que sigan moviéndose personas e ideas para atajar la desconfianza que nace del desconocimiento. Y estar atentos para alzar la voz y actuar donde la democracia realmente flaquea, y no es en España. Hoy es el Reino Unido quien recorre un camino peligroso, iniciado por un referéndum que sí fue legal pero se manejó irresponsablemente, y que puede pasar por un cierre parlamentario poco justificable.
Eligen mal su causa quienes buscan pretextos a quienes amenazaron a la democracia española y a los ciudadanos de Cataluña en particular. Más bien sería el momento de demostrar a los ciudadanos británicos que estamos con ellos y que no dejaremos que puedan sacarlos de cualquier manera de esta Unión Europea de la que son aún son plenos miembros hasta el último minuto. Las instituciones europeas aún podrían utilizar el artículo 7 del Tratado de la Unión para recordar al Reino Unido sus obligaciones con la democracia y el imperio de la ley, y de eso sí que merece la pena que nos preocupemos y ocupemos todos los demócratas europeos.
Víctor Gómez Frías es consejero de EL ESPAÑOL.