Respuestas al ‘yihadismo’: otra legislatura perdida

Por Jesús Barquín Sanz y Miguel Angel Cano Paños. Son, respectivamente, director e investigador Ramón y Cajal del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Granada (EL MUNDO, 02/11/07):

El terrorismo transnacional vinculado al islamismo radical se diferencia del terrorismo de corte social-revolucionario y etno-nacionalista sufrido en Europa desde los años 1970 (RAF, Brigadas Rojas, IRA, ETA) en algunos rasgos fundamentales: el perfil personal de los terroristas (de origen geográfico y cultural heterogéneo y difuso), las acciones criminales (potencialmente indiscriminadas y despiadadas), la organización (redes descentralizadas en lugar de estructuras fuertemente jerárquicas), la capacidad operativa (multiplicada por el carácter transnacional e independiente de las células) y la financiación (en gran medida a través de su propio entramado de fondos y empresas legales).

El terrorismo sin fronteras surge y se consolida en la década de 1990 y, para quienes hasta entonces pudieran haber inadvertido su existencia, se hace brutalmente presente a través de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Una fecha a partir de la cual gran parte de los estados democráticos del mundo occidental acentuaron la adaptación de sus políticas de seguridad y de su legislación antiterrorista a la intensidad y cercanía de la amenaza.

¿Y España? Frente a la amenaza del terrorismo yihadista, no se puede decir que exista en nuestro país una política de seguridad merecedora de tal nombre, pues el tema ha pasado desapercibido, tanto en el plano de las reformas legislativas, cuanto en el del debate público. Muy al contrario que la inacabable disputa política sobre cómo combatir (o, para otros, apaciguar) el terrorismo etarra. Y muy al contrario que la profunda e incesante discusión que se desarrolla en otros estados europeos sobre cómo mejorar las leyes para reforzarse frente al criminal desafío de las organizaciones terroristas de base yihadista. Por ejemplo, en Alemania, nación de la que hemos importado no pocos conceptos y políticas en materias criminales y de seguridad. Mientras en el país germano se iniciaba este debate, en España el anterior Gobierno se afanaba en reformar el Código Penal con la única finalidad de hacer frente a ETA. En nuestro país tanto daba decir terrorismo como decir ETA, así de ajena se percibía la activi-dad de Al Qaeda y sus equivalentes. Y, si se detenía en la costa mediterránea a un grupo sospechoso de preparar atentados, la oposición de la época lo tomaba a risa y atribuía la actuación policial a oscuros intereses partidistas.

El 11 de marzo de 2004, tres días antes de las elecciones generales, el terrorismo fundamentalista consigue sembrar Madrid de cadáveres y destrucción. Los atentados de Madrid sacaron a la luz algunas certezas y algunas sospechas, unas siniestras, casi ninguna ilusionante, pero en todo caso dejó claro que para España el terrorismo yihadista no es una hipótesis lejana, sino una sangrienta realidad.

Con centenares de muertos y mutilados dolorosamente obvios para todos, se diría que la siguiente legislatura estaría protagonizada, entre otros asuntos relevantes, por la discusión acerca de cómo protegernos del terrorismo yihadista de manera eficaz y con el mínimo recorte de las libertades públicas. Pero no ha sido así: en los últimos tres años y medio, la cuota de atención en materia de terrorismo se la ha seguido llevando ETA, esta vez en una búsqueda buenista de la reconciliación (¿?) con los criminales etarras. Parecería como si se hubiera extendido la temeraria sensación de que, con las devastadores explosiones del 11-M y la ulterior retirada de nuestras tropas de Irak, ya estuviera pagado el tributo a los asesinos yihadistas. Grave error: cualquiera que tenga los ojos y los oídos abiertos a los mensajes de los profetas de Al Qaeda, sabe que España es para estos criminales un territorio a reconquistar.

El contraste entre la despreocupación que campea en España y lo muy en serio que se toma el asunto en otros países es llamativo, y también algo desasosegante. En Alemania, ya desde los días inmediatamente posteriores al 11-S se inició una concienzuda adaptación legal y operativa: Sicherheitspakete en 2001, Ley de Lucha contra el Terrorismo Internacional y nuevo parágrafo 129b del Código Penal en 2002, etcétera. En años más recientes han continuado las propuestas de reforma, como la creación de un fichero antiterrorista de ámbito estatal (Anti-Terror-Datei) que fue activado el 30 de marzo de 2007. El fichero, al que pueden tener acceso tanto la Policía como los servicios secretos alemanes, ya almacena datos sobre más de 13.000 miembros y colaboradores de organizaciones terroristas y de grupos u organizaciones que prestan su apoyo a una organización terrorista, así como sobre individuos adscritos al islamismo radical.

Otras medidas en discusión afectan a la modificación del artículo 87/a de la Constitución alemana para permitir la intervención del Ejército en caso de amenaza terrorista, la detención preventiva de potenciales terroristas (Gefährder) que no pueden ser expulsados del país, la aplicación del disparo mortal final en el caso de inminente amenaza terrorista, la modificación constitucional que permitiría al Ejército derribar un avión de pasajeros utilizado como bomba volante, la tipificación como delito de la estancia en un campo de entrenamiento yihadista, o la implantación de un fichero de personas convertidas al islam.

Sin duda, alguna de las medidas adoptadas o propuestas en Alemania, como el fichero de personas convertidas al islam, es manifiestamente criticable. Al menos desde la perspectiva española, donde una de las mejores bazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el yihadismo radica en la discreta colaboración de musulmanes a quienes, naturalmente, repugnan las actividades criminales de los islamistas radicales. Una medida que estigmatizara indiscriminadamente a los musulmanes en general provocaría un trasvase de simpatías hacia los yihadistas. Lo que no sólo les reforzaría en términos de apoyo social y político sino que, más importante, debilitaría peligrosamente la eficacia de los servicios de información.

No se trata, por tanto, de copiar de manera irreflexiva las medidas que los sucesivos gobiernos alemanes han puesto en marcha. Pero sí debemos imitarles en el procedimiento. Por supuesto que a los políticos alemanes también les encanta aparecer en la ARD o la ZDF en las horas de máxima audiencia, pero al mismo tiempo se viene desarrollando una discusión científica seria en los medios de comunicación; y no digamos ya en las publica-ciones especializadas.

En cambio, la política española de seguridad, particularmente legislativa, frente al yihadismo, o bien se lleva en silencio como las afecciones vergonzantes, o bien no existe. Y no es que en esta materia convenga más la algarabía que la discreción, pero tampoco el silencio ni el cruzarse de brazos son una respuesta inteligente al terrorismo yihadista. Puede nuestro Gobierno seguir haciendo el don Tancredo mientras pone una vela a Santa Rita para que estos asesinos iluminados retrasen el siguiente golpe lo suficiente como para superar las siguientes elecciones, pero entonces será demasiado tarde para -Alá no lo quiera- unas docenas de víctimas o quien sabe si cientos.

Por lo demás, la ausencia de una discusión rigurosa en un período de cierto sosiego, se tornará sin duda en un poner precipitadamente patas arriba el Estado de Derecho en el momento en que cualquiera de las franquicias de Al Qaeda u otra organización adscrita a la red terrorista global actúe nuevamente en España. Tornará, al cabo, en uno de esos espectáculos de subasta electoralista en los que los partidos políticos rivalizan por proponer medidas penales a cual más dura, llamativa y, a la postre, probablemente ineficaz.

Frente al escenario de inmovilidad legislativa que hemos vivido en España durante los años posteriores a los devastadores atentados del 11 de marzo de 2004, procede seguir -aunque con mejor acierto- el mismo camino que nuestros vecinos alemanes comenzaron tras el 11-S: un debate profundo, tanto en la opinión pública cuanto en la comunidad de científicos sociales, sobre las mejores opciones de política de seguridad y política criminal disponibles. Un enfoque criminológico riguroso, para afrontar un problema que no es exclusivo de nuestro país sino que constituye una amenaza integral para la supervivencia de la civilización.