Restablecer la realidad

Albert Branchadell es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universitat Autònoma de Barcelona y presidente de Organización por el Multilingüismo (EL PAÍS, 08/04/06):

A Francesc Ferrer, in memóriam

La tesis de que el castellano está perseguido en Cataluña, que últimamente propala el Partido Popular, no sólo es falsa sino que ni siquiera es original. El 12 de septiembre de 1993 el diario Abc ya publicó su famosa portada “Como Franco pero al revés: persecución del castellano en Cataluña”. Y lo cierto es que mucho antes de que pudiera esgrimirse a Franco como siniestro término de comparación la tesis ya se había formulado en sede parlamentaria. En 1932, en plena discusión sobre el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña, el diputado José Ortega y Gasset advirtió del peligro que entrañaba hacer del libre uso del catalán un instrumento “para ir desalojando el idioma español”, mientras su colega José Antonio Balbontín y Gutiérrez aludía directamente a una “posible persecución del castellano”. Pero tampoco en aquel entonces la tesis era nueva. En 1916, cuando se debatía por primera vez en el Congreso la posible oficialidad del catalán, Eduardo Ortega y Gasset ya se había levantado de su escaño para sostener la incuestionable existencia de un “propósito preconcebido de perseguir el idioma español”.

La misma tesis que servía en 1916, cuando el catalán ni siquiera era cooficial y contaba con una débil presencia pública, auspiciada por una Mancomunitat recién creada, vuelve a servir 90 años después, en un régimen de doble oficialidad consolidado que gestiona una Generalitat casi treintañera. La reiteración de una misma tesis en momentos históricos tan diferentes muestra su independencia de la realidad: la tesis surge, así pues, no cuando se da una persecución de hecho, sino cuando el momento político la hace interesante para quienes la sostienen. En 1993, cuando se trataba de erosionar a un Felipe González apoyado por CiU, el castellano estaba sin duda perseguido. Sin que cambiara nada en la política lingüística de Cataluña, el castellano dejó de estar perseguido a raíz del pacto del Majestic, que aupó a Aznar a la presidencia del Gobierno nuevamente gracias a CiU. Y ahora, cuando se trata de erosionar a un Zapatero que vuelve a depender de los nacionalistas catalanes, la tesis de la persecución retoma su funcionalidad.

Dicho esto, tampoco deberíamos reducir el problema a la actitud de un Partido Popular resentido todavía por la derrota del 14-M y resuelto a anteponer sus ansias de recuperar el poder a cualquier otra consideración de carácter político-moral. Porque lo cierto es que la tesis de la persecución del castellano en Cataluña no es exclusiva de la derecha española. Ni ahora ni antes. El diputado Balbontín que intervenía en el debate Estatutario de 1932 pertenecía nada menos que al Partido Social Revolucionario. Y en este inicio del siglo XXI no es posible ocultar que la misma tesis que defiende Mariano Rajoy la ha defendido en los últimos tiempos personas que no son precisamente de su partido ni de su órbita ni están especialmente interesadas en derrocar a Zapatero. En diciembre de 2005 Joaquín Leguina escribía en El Siglo que durante el franquismo el catalán fue expulsado del foro público, y que ahora, con el nuevo Estatuto, “es el castellano el expulsado y reducido al ámbito de lo privado”. Por las mismas fechas, un columnista de este mismo periódico tan respetable como Antonio Elorza atribuía a la política lingüística de Cataluña “el santo fin de excluir al castellano de la vida pública” (Cavas catalanes, 24- XII-2005), y en un artículo anterior (La nación catalana, 22-X- 2005) endosaba al nuevo Estatuto “la institucionalización de la asimetría lingüística, basada en la presión en todos los órdenes para imponer un idioma catalán que relega al castellano al papel simbólico de lengua oficial excluida en la práctica de la administración y de la enseñanza”. Exactamente la misma tesis que defendía otro columnista acreditado en fechas más recientes: para Patxo Unzueta (Fútbol, lengua, nación, 16-III- 2006), el Estatuto es la plasmación de una política que tiene como fin “marginar el castellano en numerosos ámbitos públicos”.

Testimonios como estos nos llevan a sospechar que una parte importante de la intelectualidad española, y dicho sea con todos los respetos, padece algún tipo de distorsión cognitiva, acaso reforzada por una cierta aprensión congénita hacia el valor del plurilingüismo. Una cosa es denunciar ilegalidades objetivas como las de la escuela de Badalona que ni siquiera impartía la asignatura de castellano, o discrepar en general de la política lingüística que se practica en Cataluña, puesto que al fin y al cabo la política lingüística que se practica no es la única política lingüística posible. Pero otra cosa muy distinta es presentar a Cataluña abocada a un monolingüismo inmisericorde, con policías lingüísticos acechando en cada esquina y, como sugiere Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, con las escuelas asemejándose a “campos de concentración” donde se procede al “lavado de cerebro” de los alumnos castellanohablantes.

En Cataluña, ciertamente, hay sectores de la sociedad quedefienden la oficialidad exclusiva del catalán. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Porta, sostiene que el catalán debería ser la lengua hegemónica del espacio público, del mismo modo que el castellano lo es en Castilla-La Mancha, y no tiene reparo en situar el castellano a la misma altura que el árabe o el bereber: en la vida privada y nada más. Pero ocurre que la política lingüística del Gobierno catalán no la dicta Òmnium Cultural, y lo cierto es que ninguno de los partidos que dan apoyo al Gobierno es partidario de “excluir al castellano de la vida pública”. Ni siquiera ERC, antes al contrario: el partido de Carod-Rovira proclamaba en su programa electoral de 2003 que todos tienen el derecho “a usar libremente la lengua catalana y la castellana en el marco del sistema de doble oficialidad lingüística”, y además el deber cívico de “garantizar el respeto, la protección y el uso del castellano”. Incluso el escritor y profesor de Derecho Constitucional Héctor López Bofill, que es el teórico independentista de moda en Cataluña, arguye que en el futuro Estado catalán independiente que él da por seguro el castellano seguirá siendo una lengua oficial (La independencia i la realitat, página 65). Y por si no queda claro qué significa eso, López Bofill defiende con todas las letras “que se siga enseñando en las escuelas, que los ciudadanos se puedan relacionar con la Administración en esta lengua y que se promueva la cultura hecha en castellano en Cataluña”.

En consonancia con este compromiso de todos los partidos políticos catalanes con la oficialidad del castellano, el nuevo Estatuto recoge una disposición que ha figurado en todas las leyes de normalización lingüística: los alumnos deberán conocer bien el catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria. El Estatuto también reproduce la legislación vigente al señalar que la enseñanza del castellano debe tener una “presencia adecuada” en los planes de estudios. Y también eleva a rango estatutario el llamado derecho de opción lingüística, en virtud del cual las personas pueden escoger libremente la lengua oficial en que desean relacionarse con la Administración. Elorza y compañía deberían abordar seriamente esta pregunta: ¿cómo va a excluirse de la enseñanza una lengua que todos los alumnos deben saber “con suficiencia oral y escrita”? ¿Cómo va a excluirse de la Administración una lengua que todas las personas pueden escoger libremente para relacionarse con ella?

Los psicólogos disponen de una batería de terapias para superar la distorsión cognitiva. En nuestro caso, bastaría con una relectura juiciosa de la jurisprudencia constitucional en materia de lenguas. El Tribunal Constitucional español sentenció hace ya unos cuantos años que el modelo lingüístico-escolar adoptado en Cataluña, que tiene al catalán como “centro de gravedad”, es constitucional, siempre que ello no entrañe la exclusión del castellano, algo que sería sin duda extemporáneo para un modelo que impone a todos los alumnos el deber de saber las dos lenguas oficiales (STC 337/1994). Y hace todavía más años que el Tribunal Constitucional también sentenció que es constitucional imponer el deber de saber catalán a los funcionarios de la Generalitat (STC 46/1991). La lectura de esta sentencia sería especialmente indicada para quienes simpaticen con el trasfondo de la pregunta que el Partido Popular quiere llevar a referéndum con su campaña de recogida de firmas en contra del nuevo Estatuto de Cataluña. Matizando el significado de la igualdad de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones que invoca esa pregunta, he aquí lo que sentenció hace quince años nuestro Alto Tribunal: “el establecimiento de un régimen de cooficialidad lingüística en una parte de territorio del Estado no contradice el principio de igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, recogido por el artículo 139.1 de la Constitución, ya que tal principio no puede ser entendido en modo alguno como una rigurosa y monolítica uniformidad del ordenamiento de la que resulte que en cualquier parte del territorio se tengan los mismos derechos y obligaciones”. Honestamente, más claro sólo hay el agua.