La celebración del Día de la Constitución, en el que conmemoramos el aniversario de su aprobación en referéndum por la inmensa mayoría del pueblo español, ha sido, esta vez, motivo para hablar de la necesidad o no de reformarla. Algunos de los que hablan de reformarla arguyen que ya tiene muchos años y que las nuevas generaciones no tuvieron la oportunidad de participar en aquel referéndum constitucional. Y llegan, incluso, a decir que es la Constitución española que ha tenido una vida más larga. Estos argumentos son especialmente endebles. Mucho más vieja es la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 226 años y que, como es lógico, no fue votada por ninguno de los actuales ciudadanos estadounidenses. Y más viejas que la nuestra son las de Italia (1946), Alemania (1949) o Francia (1959). Aparte de que la Constitución de 1876 estuvo vigente 47 años, hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera, y la actual acaba de cumplir sus primeros 35.
Es verdad que algunos piensan que la letra de algunos artículos o, incluso, de algunos títulos podría modificarse para ayudar a resolver mejor algunos problemas que, en estos 35 años de vigencia, no se han resuelto suficientemente bien. Y el caso más evidente lo constituye la organización territorial del Estado. Pero, antes de entrar en el debate de qué es lo que se puede modificar de la letra de nuestra Constitución, convendría reflexionar muy en serio si lo que ha ocurrido es que algunos políticos no han sido suficientemente fieles a su espíritu. Hay que recordar que el espíritu que subyace detrás de nuestro texto constitucional es la concordia y es el consenso. Concordia, que significa el latir conjunto de los corazones, entre todas las fuerzas políticas, abrumadas por la magnitud del fracaso colectivo del anómalo periodo histórico que se había extendido desde 1923 hasta las primeras elecciones democráticas en 1977. Un afán de concordia que se expresó en ese espíritu de consenso que dominó la elaboración del texto de nuestra Constitución, y que consistió en que todas las fuerzas políticas abandonaron sus posiciones maximalistas y cedieron en algunas de sus aspiraciones, por muy legítimas y ancestrales que fueran, para que todos estuviéramos a gusto dentro de unas reglas de juego que garantizaran los derechos y las libertades de todos.
Los republicanos de toda la vida aceptaron generosamente la monarquía. Los liberales (que, aunque pocos, también había) aceptaron la definición de España como «estado social». Los partidarios de un estado unitario aceptaron un estado con estatutos de autonomía para las regiones. (Por cierto, que es muy interesante recordar cómo los partidos de izquierda que, por su tradición jacobina, deberían haber sido los que con más pasión hubieran defendido un estado unitario en el que no se hicieran diferencias entre las regiones, sin embargo, por los años de antifranquismo en los que habían estado con frecuencia junto a los nacionalistas, defendieron posiciones cercanas a las suyas).
Ese generoso espíritu de concordia y consenso llevó a los constituyentes hasta inventar palabras que no se pueden entender si uno se olvida del espíritu que las inspiró. Por ejemplo, la palabra «nacionalidades». Esta palabra, que aparece ya en el artículo 2, solo cobra todo su sentido si sabemos que en el espíritu de los constituyentes estaba la voluntad de que, en el estado autonómico que estaban diseñando, hubiera dos o tres comunidades autónomas con diferente grado de transferencias (Cataluña, País Vasco y, quizá, Galicia). Ese espíritu de la Constitución se vio trastocado cuando, solo un año después de aprobada, los socialistas, en Andalucía, alzaron la bandera de la equiparación con esas regiones para las que la Constitución había inventado el término «nacionalidades». Aquella traición al espíritu de la Constitución está en la base de muchos de los problemas que la organización territorial del Estado ha encontrado después, con un «café para todos» que, quizá, es lo que habría que revisar. O sea, que los que piensan que es necesario reformar el título VIII quizá deberían pensar que más importante sería restaurar el espíritu de consenso que, en esa materia, había llevado a inventar autonomías de dos categorías. Algo que probablemente era una buena solución, aunque pudiera rechinar, en la izquierda, a los más jacobinos, y en la derecha, a los defensores a ultranza de una unidad a machamartillo.
Otras de las voces que hemos oído pidiendo cambios en la Constitución han ido en la línea de pretender que en ella sean reconocidos como derechos inalienables algunos servicios que el Estado puede prestar a los ciudadanos. Estas peticiones tienen mucho de oportunistas y de demagógicas porque quieren hacer creer a los ciudadanos que lo que aparezca escrito en el texto constitucional se va a convertir, como por milagro, en realidad. No hay más que pensar en las buenas intenciones del artículo 47, en el que se proclama que «todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». Que no deja de ser un magnífico deseo, pero que nadie explica cómo poder hacer realidad. Por no hablar del artículo 35, que dice que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo», lo que hoy, con el desempleo que tenemos, resulta muy duro de leer. Cargar constitucionalmente al Estado con la obligación de prestar cada vez más servicios a los ciudadanos podría llevarnos al absurdo de declarar que el Estado debe proveer la alimentación o el vestido de los ciudadanos, que son, sin duda, necesidades más perentorias que la educación o la sanidad.
Como puede verse, con solo una rápida mirada a las propuestas de reforma que se han barajado estos días, el asunto es verdaderamente complejo y exige que todos los políticos extremen su sentido de la responsabilidad y, sobre todo, que no jueguen con el espíritu de la Constitución, ese espíritu de concordia, de caminar todos juntos con el objetivo común de hacer una España donde sus ciudadanos sean cada vez más prósperos, más libres y tengan más oportunidades.
Esperanza Aguirre, presidente del PP en Madrid.