Retos ambientales del sector porcino

Catalunya ha consolidado un potente y competitivo ‘cluster’ cárnico-ganadero basado principalmente en el sector porcino. El ‘cluster’ articula una densa población de granjas con las industrias proveedoras de materias primas, las industrias transformadoras y numerosas empresas de servicios. En resumen, se trata de una sólida base de nuestra economía. A su vez, la apuesta por la ganadería intensiva ha sido una opción que ha permitido ofrecer alternativas productivas a unas tierras de secano condenadas al abandono y la despoblación. Ha sido, por tanto, la mejor herramienta de desarrollo rural de los últimos 50 años.

La competitividad alcanzada, junto con las tendencias globales que apuntan a un notable incremento del consumo de carne en los países emergentes -al margen de ciclos bajistas coyunturales como el actual-, ha propiciado una expansión continuada de la producción. Este crecimiento pone en tensión los límites medioambientales de la cabaña porcina. Pero estos límites existen y es necesario reconocerlos para abordar a tiempo las soluciones. La cabaña ganadera y el potencial de reciclaje de deyecciones son dos vectores interrelacionados que marcan los límites a respetar. El problema afecta a la posible contaminación de los suelos, las aguas subterráneas y el cambio climático. Los culpables tienen nombre: metano y nitrógeno.

La UE y las administraciones competentes han legislado de forma precisa los límites y criterios para una gestión adecuada de las deyecciones, a través de plantas de tratamiento y aprovechando el potencial reciclador de los cultivos agrícolas, que precisan abono nitrogenado. Ahora que está en revisión la normativa para gestionar la fertilización a partir de deyecciones ganaderas, es momento para hacer balance de la norma y la adopción de correcciones y mejoras deseables.

La aplicación práctica de la normativa ha contado con dificultades a partir de una crónica visión cortoplacista, la reticencia del sector y la falta de coordinación entre las unidades de la Administración pública. En lo que se refiere a las plantas de tratamiento, en un primer momento se optó por el simple secado del purín a partir de energía externa, obteniendo con ello un producto más fácil de gestionar como fertilizante.

Sin embargo, estas plantas solo eran viables con soporte público, algo que no tardó en evidenciar la crisis económica. La alternativa más lógica la ofrecen las plantas de biogás, dado que al generar metano este puede ser usado como combustible para secar y estabilizar el producto nitrogenado. Como resultado se elimina el metano, que por combustión emite anhídrido carbónico, pero este carbono ha sido previamente extraído de la atmósfera con un efecto, por tanto, neutro en emisiones de gases invernadero, y como producto final se dispone de un fertilizante nitrogenado muy mejorado a efectos de su gestión. Todo ello con una complejidad técnica nada despreciable pero con resultados factibles.

Por otra parte, en relación a la gestión de las deyecciones en el marco agrícola, los instrumentos establecidos (planes de gestión, libros de gestión, etcétera) tienen una vocación más documental que operativa, más estática que dinámica, y aquí está el problema, ya que una gestión correcta requiere articular con agilidad muchas variables irregulares que van desde la generación y oferta de producto fertilizante hasta su tratamiento, transporte, distribución y correcta aplicación. La agilidad que se requiere no siempre la ofrece la burocracia administrativa.

Para una resolución eficaz de este complicado sudoku se precisa una gestión coordinada globalmente, en estrecha colaboración entre el sector privado y el público. No hay que olvidar que el responsable de su resolución es el sector privado, que debe internalizar los costes medioambientales. Pero la Administración debe garantizar la eficacia del proceso de reciclaje. Para ello, más que enfatizar el cumplimiento de la norma deben orientarse las energías a la lubrificación de los engranajes de un necesario sistema integrado de gestión.

Las tecnologías actuales ofrecen alternativas muy eficientes para la gestión de sistemas complejos, y a su vez existen fórmulas organizativas de colaboración público-privada que pueden facilitar una gestión resolutiva y de valor añadido. Insistir en ello no es baladí. Hace 10 años que, con esta voluntad ejecutiva, se propuso la creación de un organismo público regulado por el derecho privado. Razones ya expuestas convirtieron el organismo en un mero ente consultivo y de estudio, es decir, en un organismo que sumaba costes y no servía para la finalidad que se precisaba. En aquella ocasión faltó voluntad; hoy no queda tiempo para demoras ni para cosmética.

Francesc Reguant, economista.

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