Tema
Electoralmente hablando, 2020 no va a ser un año intrascendente en América Latina: habrá dos comicios presidenciales (República Dominicana y Bolivia), dos elecciones legislativas (Perú y Venezuela), un plebiscito y posiblemente elecciones a Convención Constituyente (Chile), así como numerosas convocatorias locales, entre ellas en Brasil, México y Chile. Esto en una región que vive bajo la incertidumbre y la desafección política, la parálisis económica y un creciente malestar y movilización social.
Resumen
En América Latina, el año 2020 se inserta en un contexto temporal (entre dos grandes ciclos electorales) y político-económico que condicionará tanto los comicios del año como los del nuevo e intenso período electoral (a partir de 2021). Es una etapa marcada por dos fenómenos que incidirán en la labor de los gobiernos actuales y de los próximos: (1) la necesidad de impulsar reformas estructurales para adaptar la matriz productiva regional a las exigencias de la revolución digital; y (2) construir un nuevo pacto/contrato social, más urgente si cabe tras los estallidos sociales y políticos de 2019.
Análisis
(1) 2020, un puente entre dos ciclos electorales
Electoralmente hablando, 2020 es un año puente entre dos grandes ciclos cargados de comicios. El que se desarrolló entre 2017 y 2019 (15 elecciones presidenciales –si bien las bolivianas fueron finalmente anuladas–) y el que tendrá lugar entre 2021 y 2024. De todas formas, el año 2020, que se presentaba hace unos meses como un período casi sin elecciones, será más intenso de la previsto. Hasta septiembre sólo se contemplaban comicios presidenciales en República Dominicana y elecciones legislativas en Venezuela. El resto eran locales o regionales.
Lo ocurrido entre octubre y diciembre de 2019 ha alterado el panorama: ya no habrá una sola elección presidencial sino dos. Bolivia se unió el 25 de noviembre a República Dominicana tras anularse los comicios de octubre. Además, habrá un plebiscito en Chile, ya que el 15 de noviembre se convocó una consulta para decidir si la ciudadanía opta por el cambio constitucional y si este se articula mediante una Convención Constituyente, creada ex novo, o con mezcla de convencionales elegidos y otros procedentes del actual Congreso.
En Perú habrá elecciones legislativas tras decretar el presidente Martín Vizcarra el pasado septiembre la disolución del Congreso. Estas legislativas serán un test para las presidenciales de 2021 e incluso para la supervivencia del proyecto de reformas de Vizcarra. También habrá legislativas en Venezuela, unos comicios que hace cinco años se saldaron con victoria opositora y que ahora servirán para calibrar la fortaleza del chavismo, así como el grado de unidad o dispersión del antichavismo. Unas elecciones que Nicolás Maduro ha utilizado como moneda de cambio para negociar la participación de la oposición –o al menos de una parte de ella– y, por ende, dar legitimidad interna y externa a su régimen. Además, habrá elecciones a gobernadores en México y Chile y municipales en Brasil, Chile, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Costa Rica.
Tras estas citas se abrirá un nuevo período de alta intensidad electoral. Entre 2021 y 2024 los 18 países democráticos de la región celebrarán elecciones para ratificar o renovar a sus mandatarios con tres o más comicios por año. Además, en 2023 la Asamblea Nacional cubana decidirá si reelige a Miguel Díaz-Canel como presidente para un nuevo y último período de cinco años.
(2) Elecciones y cambio de época en América Latina
Tanto las elecciones de 2020 como las del ciclo 2021-2024 guardan una continuidad respecto a las sucedidas entre 2017 y 2019: tienen lugar cuando los países latinoamericanos se hallan inmersos en una nueva fase de su historia reciente, caracterizada por la crisis de representatividad de sus democracias y el bajo crecimiento económico (desde hace seis años la región no crece por encima del 3%), larga ralentización (años 2013, 2014, 2017, 2018 y 2019) e incluso crisis (2015-2016). Es una desaceleración generalizada –con la excepción de Guatemala y Colombia– provocada por la caída de las demandas interna e internacional.
La parálisis económica, que entre 2014 y 2019 redujo el ingreso per cápita en torno a un 4%, está en el origen de la creciente desafección política, del malestar ciudadano por el mal funcionamiento de unas administraciones públicas que no canalizan las nuevas demandas de las clases medias, los jóvenes y los sectores sociales emergentes, desembocando en una extendida frustración de expectativas de mejora personal e intergeneracional.
Tanto 2020 como la intensa etapa electoral posterior se insertan en el nuevo período histórico regional, signado por dos fenómenos que condicionarán y marcarán la labor de los actuales y de los próximos gobiernos: (1) recuperar un robusto crecimiento económico, impulsando reformas estructurales capaces de adaptar la matriz productiva a las exigencias de la cuarta revolución industrial-digital; y (2) el reto político principal de los nuevos gobiernos de diseñar un nuevo contrato social, más urgente si cabe, tras los estallidos sociales y políticos de 2019, que garantice un desarrollo inclusivo y sostenible y no una mera expansión del PIB. Un pacto social entendido como herramienta para canalizar el extendido y amplio malestar actual.
(3) Dos elecciones presidenciales en 2020
Todos estos condicionantes pesarán y estarán presentes en los dos países con comicios presidenciales: Bolivia y República Dominicana. En ambos está en juego el mantenimiento de la hegemonía política de dos fuerzas que o bien gobiernan –en el caso caribeño– o han gobernado –hasta noviembre, en el caso andino– desde mediados de la década pasada (2001-2010).
(3.1) República Dominicana: la hegemonía del PLD en peligro
República Dominicana celebra elecciones presidenciales tras un 2019 atípico en el que el partido hegemónico, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se fracturó internamente, obstaculizando la posibilidad de que el oficialismo repita una cómoda victoria, como en 2016. La nación caribeña ha sido gobernada desde 1996 por el PLD, salvo entre 2000-2004, un cuarto de siglo de dominio hegemónico de un aparato partidario que ha utilizado la cooptación y el clientelismo para sostenerse en el poder. El PLD ha gobernado apoyado en dos líderes que se han sucedido en el poder: Leonel Fernández y Danilo Medina. Fernández llevó al poder al PLD en 1996, por primera vez en su historia, tras conducir un relevo generacional que puso fin al liderazgo histórico de Juan Bosch, referente de la oposición a Trujillo (1930-1961) y luego a Joaquín Balaguer (1966-1978 y 1984-1996).
Fernández lideró en los 90 el viaje al centro de un PLD muy escorado a la izquierda con Bosch. Tras su primer gobierno (1996-2000) regresó al poder en 2004 manteniendo su personal hegemonía hasta 2012. Ese año le sucedió Medina, su compañero de partido y rival interno, quien será presidente hasta agosto de 2020. El predominio del PLD ha sido avasallador desde 2004, imponiéndose a sus rivales en primera vuelta (sin necesidad de balotaje) y por amplias diferencias, salvo en 2012. Fernández superó al entonces presidente Hipólito Mejía (del Partido Revolucionario Democrático, PRD) en 2004 y a Miguel Vargas en 2008, por más de 10 puntos. Medina, que derrotó ajustadamente a Mejía en 2012, se impuso ampliamente a Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2016.
Entre Fernández y Medina la relación ha tenido altibajos: se han sucedido alianzas y duros enfrentamientos desde hace dos décadas que hasta ahora no han mermado el control político del PLD. En 2019 protagonizaron su última pelea, un nuevo capítulo de esta rivalidad entre caudillos. El actual mandatario vio derrumbarse sus aspiraciones continuistas para 2020-2024 ante la oposición y movilización impulsadas por Fernández. Esta disputa ha cuestionado dos de los pilares que sostenían la hegemonía del PLD. En primer lugar, se quebró la unidad interna. Fernández bloqueó las aspiraciones una segunda reelección consecutiva de Medina, quien renunció a promover una reforma constitucional para volver a ser presidenciable. Posteriormente, el apoyo de Medina a Gonzalo Castillo (ex ministro de Obras Públicas entre 2012 y 2019) resultó decisivo para derrotar a Fernández en las elecciones internas, empujándolo a abandonar su partido, en medio de denuncias de fraude. Ahora concurrirá bajo el paraguas de La Fuerza del Pueblo, anteriormente Partido de los Trabajadores Dominicanos.
En segundo lugar, el PLD acude dividido a estos comicios y sin ninguno de sus dos grandes líderes históricos (Fernández y Medina) como candidatos, aunque respaldado por el aparato partidario construido durante su etapa de hegemonía y la densa red de apoyos locales engrasados gracias al clientelismo extendido por todo el país. Las encuestas siguen considerando favorito al PLD (un apoyo que ronda el 39%, 22 puntos menos que en 2016), con una leve distancia respecto a la principal fuerza opositora (el PRM de Abinader), que no ha capitalizado el fraccionamiento peledista (tiene la misma intención de voto que en 2016). Fernández no termina de arrancar y parece difícil que pase a la segunda vuelta (ronda el 10%).
Estas elecciones podrían dejar una herencia envenenada debido a las permanentes acusaciones de fraude y cuestionamientos institucionales lanzados por Fernández. Primero, el expresidente no aceptó los resultados de las internas del PLD y después advirtió sobre una posible alteración del voto en los comicios de mayo, proponiendo incorporar en cada mesa electoral a expolicías y militares formando un “comité de defensa al voto” de La Fuerza del Pueblo.
(3.2) Bolivia: elecciones bajo la sombra de Evo Morales
Bolivia celebrará el 3 de mayo nuevas elecciones presidenciales y legislativas tras anularse las del 20 de octubre por el fraude cometido por el gobierno de Evo Morales. El nuevo panorama electoral se antoja diferente al de octubre. Entonces había una fuerza hegemónica en el poder (el MAS) y un principal referente opositor (la coalición liderada por Carlos Mesa). Ambos sumaban en torno al 80% de la intención de voto. Ahora, más que una Bolivia polarizada en dos grandes referentes, todo apunta a un país más fragmentado y sin Morales como candidato, por primera vez desde 2002, aunque omnipresente.
Desde 2005 a 2019 Bolivia estuvo marcada por la hegemonía del MAS, que ganó las presidenciales de 2005, 2009 y 2014 con mayorías superiores al 50%, próximas incluso a los dos tercios. Para 2020 todo apunta a que se conformarán tres grandes candidaturas, cada una con un tercio de los apoyos. Las primeras encuestas –de noviembre– mostraban un cuádruple empate técnico entre los dos líderes del movimiento anti-Evo (Luis Fernando Camacho y Marco Pumari), uno de los posibles herederos de Morales (Andrónico Rodríguez) y Carlos Mesa. Al final, la tendencia más probable es que los votos se concentren en tres grandes bloques: el de los herederos de Evo, el de la opción centrista de Mesa y el del binomio unido Camacho-Pumari.
La candidatura masista arrastra dos graves problemas: la ausencia de Morales y la existencia de fuertes y crecientes divisiones internas, como puso en evidencia la pugna entre la presidenta del Senado, Eva Copa, y Adriana Salvatierra, expresidenta del Senado y muy cercana al mandatario.
Sobre las elecciones va a planear la sombra de Morales. Desde su renuncia, el expresidente ha buscado cómo incidir en la situación interna: primero afirmando que deseaba regresar; luego, trasladándose de México a Argentina para estar más cerca de la coyuntura nacional; y, por último, planeando la estrategia a seguir y evaluando quién es el mejor candidato para cuidar su herencia. La campaña del gobierno contra Morales (con orden de captura, acusado de sedición y terrorismo) y su entorno le convierten en una víctima, lo que le puede dar al MAS indudables réditos políticos. Su influencia ha sido mucho más directa en lo que se refiere a la elección del candidato presidencial masista. El expresidente ha tenido una presencia activa y gran protagonismo en todo este proceso: convocó a los dirigentes del MAS a dos reuniones (el 29 de diciembre y el 19 de enero) en Buenos Aires (donde se ha refugiado) para elegir el candidato presidencial. Finalmente, el escogido ha sido Luis Arce, el ministro de Economía boliviano durante el período de hegemonía evista, quien estará acompañado por el excanciller David Choquehuanca como vicepresidenciable. Una elección que busca atraer el voto de las clases medias (Arce encarnó una gestión ortodoxa alabada incluso por el FMI) y mantener el perfil “indigenista” (Choquehuanca) y que ha supuesto la renuncia del propio Morales a ver como candidato al joven líder sindical cocalero (Andrónico Rodríguez).
Carlos Mesa (candidato presidencial por Comunidad Ciudadana, CC), parecía en 2019 destinado a canalizar el voto anti-Evo, pero ahora juega a ser el candidato centrista que acabe con la crispación y tienda puentes entre el electorado masista desengañado y el antimasismo. Esa estrategia centrista y moderada parece que le está dando resultado. Las encuestas de diciembre le situaban, nuevamente, como principal referente del no-masismo, con el 21% de la intención de voto, levemente por detrás de uno de los posibles candidatos del MAS (23%).
El gran peligro al que se enfrenta Mesa es la fragmentación del voto opositor (de momento hay seis candidaturas), especialmente el surgimiento y consolidación del binomio Camacho-Pumari. La alianza, finalmente cerrada el 31 de diciembre, es muy competitiva. Reúne a los dos principales líderes sociales que en octubre-noviembre encabezaron las movilizaciones que acabaron con la huida de Morales. Además, vincula simbólicamente a las “dos Bolivias”: la indígena del Altiplano (Pumari es líder de los comités cívicos de Potosí) con la “camba” (blanca) del Oriente encarnada por Camacho, dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz.
Nada más caer Morales todo apuntaba a que se consolidaría la candidatura “cívica”. Sin embargo, pareció naufragar por las peleas entre ambos, conscientes de que por separado y enfrentados no sólo no crecían en las encuestas sino que descendían los apoyos y fortalecían a otras opciones (Mesa), por lo que finalmente anunciaron su acuerdo bajo el lema “Por una Bolivia Unida, con Dignidad, Libertad y Democracia”, con Camacho como candidato a presidente y Pumari a vicepresidente.
(4) Dos elecciones legislativas: Perú y Venezuela
Las dos elecciones legislativas de 2020 (Perú en enero y Venezuela teóricamente en diciembre) permitirán medir la situación política de los dos países. Perú tendrá sus elecciones parlamentarias el 26 de enero para escoger 130 legisladores por sólo un año. Son comicios extraordinarios convocados tras la disolución anticipada del Congreso por el presidente Vizcarra, lo que acabó con el enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo desde 2016: el primero dominado por una mayoría fujimorista, mientras que la presidencia quedó en manos del antifujimorismo (Pedro Pablo Kuczynski en 2016 y Vizcarra a partir de 2018). Esto condenó al país a una parálisis legislativa y a un “empate catastrófico” debido al mutuo bloqueo institucional entre ambos actores políticos.
La fragmentación y la alta abstención condicionarán el proceso electoral. Frente a un Congreso que en 2016 tenía mayoría absoluta fujimorista, el de 2020 estará muy dividido. Los sondeos apuntan a la victoria del partido de centroderecha Acción Popular (AP), que ronda entre el 10% y el 25%, con una segunda fuerza, el fujimorismo de Keiko Fujimori (entre el 8% y el 20%). Las terceras fuerzas son los centroderechistas Alianza para el Progreso (APP) y el Partido Morado de Julio Guzmán. Sin candidatos presidenciales que tiren de los partidos y con una población crecientemente desafecta con unas fuerzas políticas a las que persigue la sombra de la corrupción (el escándalo Lava Jato ha golpeado al fujimorismo, al humalismo y al APRA), los sondeos apuntan al predominio de la indecisión y la insatisfacción.
Estas elecciones legislativas, clave también para Vizcarra, que en sus últimos 18 meses espera encontrar los apoyos de los que ha carecido hasta ahora su agenda reformista, son asimismo una apuesta estratégica para los partidos de cara a la larga precampaña y posterior campaña para las presidenciales de 2021. Para el fujimorismo será un test para saber cuán debilitado quedó tras el encarcelamiento de su lideresa (Keiko Fujimori) y su estrategia de bloqueo legislativo que protagonizó desde 2016. Al centroderecha las elecciones le permitirán rearticularse tras el colapso de Kuczynski. La izquierda vivirá su propia guerra interna para conocer a la formación más fuerte, a lo que apunta Nuevo Perú de Verónika Mendoza. A las fuerzas emergentes (sobre todo el Partido Morado de Guzmán y el APP de Acuña) les servirá para ganar entidad y presencia.
Venezuela marcha a unas elecciones parlamentarias sin acuerdo con la oposición, que aspira a celebrarlas con un Consejo Nacional Electoral (CNE) no cooptado por el régimen y con las mínimas garantías de transparencia e igualdad de oportunidades. El régimen, que podría adelantar la cita a comienzos de año para coger desprevenida, dividida y a contrapié a la oposición, puede verse nuevamente favorecido por las fracturas del antichavismo, entre quienes acepten participar y los que opten por abstenerse. Estas divisiones son funcionales para Maduro: debilitan a los opositores, ahondan sus diferencias y empujan al electorado no chavista a la abstención. Todo esto le permitiría al chavismo, a diferencia de 2015 cuando vio cómo la oposición conseguía la mayoría en la Asamblea Nacional, conquistar la hegemonía en el legislativo, única institución que no domina.
El control del Parlamento en 2021-2026 le permitiría a Maduro acabar con el último bastión de la oposición democrática, que hizo a Juan Guaidó presidente interino en 2019. Los esfuerzos del chavismo desde 2016, primero para vaciar de contenido a la Asamblea, bloqueando por la vía judicial sus iniciativas y creando un organismo alternativo (la Asamblea Constituyente), vivieron su último capítulo el 5 de enero. Ese día el régimen, que desde diciembre implementaba una ofensiva –con una trama de sobornos a diputados opositores incluida, y persecución y acoso judicial a los legisladores– para mermar la solidez del antichavismo, impidió que diputados opositores accedieran al recinto legislativo, lo que posibilitó que el chavismo, junto a sectores opositores contrarios a Guaidó, eligieran un presidente cercano al régimen. Esta maniobra, si bien ha dado como resultado un legislativo partido en dos, no ha conseguido anular a Guaidó, quien, por el contrario, ha salido reforzado y logrado revertir, al menos a corto plazo, la dinámica de decadencia y divisiones en las que había entrado en los últimos meses el antichavismo.
(5) Chile, plebiscito y elecciones a Convención Constituyente
Tras el estallido social de octubre el panorama político chileno cambió de forma radical. El proyecto de reformas de Sebastián Piñera quedó enterrado y los partidos políticos, tanto del gobierno de centroderecha como de la oposición, trataron de calmar el malestar ciudadano accediendo a iniciar un proceso constituyente que se concretó en el Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución, firmado el 15 de noviembre por la mayoría de las fuerzas políticas.
El proceso tendrá tres fases y se prolongará a lo largo de 2020 y 2021, postergando o dificultando cualquier reforma estructural. La primera fase del cambio constitucional pasa por convocar un plebiscito el 26 de abril donde la ciudadanía debe decidir sobre el “SÍ” o el “NO” a iniciar ese camino (respaldado según una encuesta de Cadem por más del 70%) y la forma de hacerlo: una convención constituyente elegida en octubre y formada por 155 diputados, todos electos, o por una convención mixta, de 172 convencionales, surgida mitad por voto y otra mitad entre los actuales diputados. En octubre se elegiría la convención que desarrollará su labor en 2021, año además electoral pues se vota para presidente para 2022-2026. La Convención tendrá nueve meses para elaborar la nueva Constitución, y tres más de prórroga. El texto resultante será sometido a un nuevo referéndum de ratificación a finales de 2021.
Este proceso ha calmado a corto plazo la agitación social, cuyos desencadenantes siguen presentes y podrían reaparecer en cualquier momento, dado que un nuevo texto constitucional no solucionará los problemas estructurales. Además, el proceso constituyente agravará las fracturas de las dos grandes coaliciones que, con diferentes nombres, han vertebrado el país desde 1989 (la antigua Concertación y Chile Vamos). En el centroderecha no sólo existen disensos entre las fuerzas que conforman la coalición (UDI, RN y Evopoli) sobre la necesidad y el tenor de la nueva constitución, sino que estas formaciones temen que los ciudadanos contrarios a una nueva Carta Magna sean liderados por fuerzas más de derecha, como el Partido Republicano de José Antonio Kast. La coalición oficialista da síntomas de división: los más favorables al cambio constitucional se articularían en torno a Evopoli, los menos comprometidos –que incluso apoyan el “NO” en la consulta– estarían representados por la UDI, mientras que RN –el partido del presidente Piñera– ha quedado en una situación intermedia con fuertes diferencias entre partidarios y detractores de la reforma.
En el centroizquierda y la izquierda las fracturas también son profundas. El Frente Amplio (FA) se ha dividido. Mientras los sectores más moderados han respaldado el proceso constituyente, los más escorados a la izquierda han roto con la coalición. La antigua Concertación parece, de momento, más cohesionada: los partidos más a la izquierda (PS, PPD y PR) lanzaron la campaña #ChileAprueba a favor del “SÍ”, mientras la centrista Democracia Cristiana también lo respalda pero con una estrategia diferenciada que augura futuras diferencias cuando se discuta el texto constitucional.
Esta fragmentación del abanico partidario e ideológico chileno provoca que vaya a ser complejo alcanzar acuerdos y consensos amplios con vistas a la futura constitución, dado que el articulado debe ratificarse con el apoyo de dos tercios. De no lograrse esta cifra, las normas quedarán a expensas de leyes ordinarias a desarrollar por futuras administraciones y legislativos lo cual es un camino que alimenta la incertidumbre y la inseguridad jurídica.
(6) Elecciones regionales y municipales
Además de estos comicios, las elecciones municipales y regionales serán otro barómetro político en varios países. En Brasil, en especial para el presidente Jair Bolsonaro y el PT de Lula da Silva, las elecciones municipales de octubre servirán para valorar los equilibrios de poder, para calibrar si el PT ha logrado renacer y recuperar el terreno perdido gracias al renovado liderazgo de un Lula excarcelado; y si las nuevas fuerzas (incluida la bolsonarista Alianza por Brasil, si logra participar) consiguen la implantación necesaria y suficiente. Finalmente, se convertirán en un test para las presidenciales de 2022.
Las elecciones locales también serán una prueba para Carlos Alvarado (Costa Rica elegirá 82 alcaldes el 2 de febrero). También para comprobar la fortaleza de la coalición de centroderecha en torno a Luis Lacalle Pou en Uruguay (el 10 de mayo los uruguayos están convocados a elegir a sus representantes departamentales y municipales). En México habrá elecciones en dos de las 32 entidades federativas. El 7 de junio se elegirán en Hidalgo los titulares de 84 ayuntamientos, mientras que en el estado de Coahuila se renovará el congreso local.
Chile también votará en octubre. Por primera vez elegirán, mediante el voto, a los 16 gobernadores regionales, ya que hasta la aprobación de la Ley 21.073 de 2018 ese puesto era ocupado por un intendente nombrado por el presidente. Estos comicios podrían ser igualmente un termómetro para Piñera así como para los partidos históricos y los emergentes, tras el estallido social que vive el país desde octubre pasado.
Conclusiones
América Latina arranca 2020 con la asignatura pendiente de encauzar y dar respuesta a las demandas sociales que salieron a la luz a lo largo de 2019 y se plasmaron en las protestas heterogéneas de Venezuela, Haití, Puerto Rico (junio), Ecuador (octubre), Chile (octubre), Colombia (noviembre) y Bolivia (noviembre) en medio de un largo y profundo estancamiento económico arrastrado desde 2013. Ese contexto de volatilidad, incertidumbre, malestar y desafección es el que marcará y condicionará las citas electorales (dos presidenciales, dos legislativas, un plebiscito constituyente y numerosos comicios locales). Desde el punto de vista político, continuará la dinámica de fuerte polarización (masismo frente a anti-masismo en Bolivia), creciente fragmentación y voto de castigo al oficialismo y a las fuerzas hegemónicas (MAS en Bolivia y PLD en República Dominicana).
El año 2020 se convierte, además, en la antesala de un nuevo período de alta intensidad electoral que se desarrollará entre 2021 y 2024, cuando se renueven o ratifiquen todos los gobiernos de la región. Unos ejecutivos que, más pronto que tarde, deberán afrontar los dos grandes retos de la próxima década. Primero, acometer la transformación de la matriz productiva para tener economías más productivas y competitivas: por el momento, la imagen general en América Latina es de parálisis económica y reformista. Salvo casos muy concretos (Brasil y Colombia) el resto de países se encuentra atrapado en una dinámica que obstaculiza las reformas estructurales, bien porque los ejecutivos están en minoría y con escaso respaldo en legislativos fragmentados y polarizados, bien porque se trata de gobiernos sin voluntad política de poner en marcha determinados cambios y transformaciones (México).Y, segundo, las democracias latinoamericanas, nacidas en los años 80, se encuentran ante la necesidad de dar forma a un nuevo contrato social que otorgue respuesta a las demandas ciudadanas a fin de evitar la actual pérdida de legitimidad –vía desafección ciudadana– que pone en riesgo su propia continuidad y estabilidad.
Carlos Malamud, Investigador principal, Real instituto Elcano | @CarlosMalamud
Rogelio Núñez, Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano y profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @RNCASTELLANO