Retrato de una conspiración

En tan solo 35 días de gobierno interino en Brasil hasta tres de sus ministros se han visto forzados a dimitir acusados de corrupción. No existen, afortunadamente, demasiados precedentes en las democracias del mundo con este balance tan desolador en tan escaso tiempo; y más si se tiene en cuenta que este grupo de políticos y hombres de negocios fueron los promotores de un golpe de Estado institucional justificado en nombre de una pretendida recuperación moral en el ejercicio de la acción política.

El propio presidente interino, Michel Temer, tampoco se encuentra a salvo de las denuncias y sospechas por haber participado en el escándalo descubierto por lavado de dinero y sobornos en la empresa pública petrolera Petrobras. La acusación se sustenta, en su caso, en la delación de un empresario corrupto confeso, Sergio Machado, quien asegura que Temer le pidió 700.000 dólares para poder financiar la campaña electoral municipal del Partido del Movimiento Democrático del Brasil (PMDB) en el 2012.

La suma de despropósitos de un gobierno y un presidente cuestionados por su falta de legitimidad democrática resulta muy llamativa, ciertamente. El pasado 17 de junio Michel Temer no tuvo el más mínimo escrúpulo en nombrar, nada más y nada menos, secretario nacional de Fútbol y Defensa de los Derechos del Hincha del Ministerio de Deportes -a mes y medio entonces de la inauguración de los Juegos Olímpicos- a un empresario agrícola y político al que le fue confiscado un helicóptero con 455 kilogramos de cocaína en el 2013, en un caso bautizado como ‘helicoca’.

La opinión pública tiene ya un retrato muy aproximado a la realidad de la maquiavélica conspiración política tomada el pasado 12 de mayo. Ya solo los protagonistas de la conspiración golpista niegan las evidencias de hechos contrastados con sus propias palabras vergonzantes en grabaciones hechas públicas. Tres ministros interinos, tres, de Planificación, de Transparencia y el de Turismo, han dejado sus cargos. Álvaro Neves, candidato presidencial del Partido de la Social Democracia del Brasil (PSDB) que perdió la elección del 2014 frente a Dilma Rousseff, afronta una segunda investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia. También Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro, está siendo investigado por la sospecha de haber participado en una red de financiación ilícita de su partido, el mismo PMDB de Michel Temer.

Pero la guinda de este incesante goteo de escándalos la pone quien fuera presidente de la Cámara baja e instigador principal del ‘impeachment’, Eduardo Cunha, y su esposa, Claudia Cruz, presentadora de noticias de la televisión Globo, acusados de corrupción, por lavado de dinero y por mentir respecto a la posesión de cuentas en Suiza. Cunha fue quien inició el proceso de destitución de Rousseff en el Congreso el 3 de diciembre y hoy conocemos, gracias a una encendida declaración del diputado derechista Sergio Moraes, alguna de las motivaciones para dar el golpe: «Dilma quería transformar Brasil en Cuba o Venezuela. El país le debe a Cunha haber sacado al PT del poder».

El plenario del Senado que deberá decidir acerca del proceso final de destitución de Dilma Rousseff se realizará entre el 25 y el 27 de agosto, cuatro días después de la clausura de los Juegos Olímpicos. Para que la iniciativa prospere será necesaria una mayoría de dos tercios -54 de los 81 senadores-, de lo contrario se archivará y la presidenta recuperará su cargo.

Los fiscales encargados de la llamada operación Lava Jato, la que investiga hechos delictivos de corrupción en Petrobras, han reiterado que no existen indicios para incriminar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. A fecha de hoy, nadie ha podido aportar todavía prueba alguna de delito en la conducta política de Rousseff y ya parece poco discutible la hipótesis de fondo del objetivo golpista que sostiene la presidenta: «Impedir a Lula que pueda disputar la futura elección presidencial».

Cuando el mundo se dispone a examinar la imagen de Brasil a través de unos Juegos Olímpicos, el gigante latinoamericano se mueve en arenas movedizas de conspiraciones palaciegas de unas élites acostumbradas a desestabilizar gobiernos legítimos que no quieren obedecer sus dictados. No parece importarles que la economía se instale en una profunda recesión que a finales del 2016 podría alcanzar un decrecimiento del 3,7%. Un referéndum sobre la gestión del Gobierno de Dilma Rousseff o la convocatoria de elecciones presidenciales anticipadas serían opciones democráticas que dejarían en manos de los ciudadanos la decisión sobre el futuro de Brasil.

Antoni Traveria, Profesor de Relaciones Internacionales de Blanquerna-URL.

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