Aunque aceptamos el Brexit en cuanto decisión democrática, nunca hemos estado convencidos de que fuera algo bueno: ni para la economía, ni, sin duda, para la posición de Europa y el Reino Unido en el mundo ni, lo que es más importante, tampoco para los ciudadanos. Tras leer el documento del Reino Unido sobre derechos de los ciudadanos, no podemos sino reafirmarnos en nuestra convicción. El texto se queda incluso corto con respecto a sus propias ambiciones de "situar a los ciudadanos primero", arrojando una densa niebla de vaguedades e incertidumbre sobre la vida de millones de europeos.
Si lo comparamos con la propuesta del negociador de la Unión para el Brexit, Michel Barnier, las diferencias son llamativas. En la propuesta de la Unión, los británicos y los europeos conservan los mismos derechos y el mismo nivel de protección de que gozan actualmente en virtud del Derecho europeo. Todos los derechos adquiridos antes de la fecha de la salida serán directamente exigibles, con protección durante toda la vida, plena reciprocidad e igualdad de trato: una posición tan sencilla y clara como justa. Esto es lo que quiere la mayoría del pueblo británico, al manifestar que desearía conservar su ciudadanía de la Unión.
La respuesta del Reino Unido a nuestra propuesta llegó tres semanas después, y supuso un jarro de agua fría. El Gobierno británico propone que —al día siguiente del Brexit— los europeos reciban el estatuto de "nacionales de un tercer país". Tendrían menos derechos en el Reino Unido que los que ofrece a los ciudadanos británicos la Unión Europea. Los europeos no solo perderán su derecho de voto en las elecciones locales, sino que los futuros miembros de su familia estarán sujetos también a unos requisitos de ingresos mínimos, y no está claro cuál será el estatuto de los niños posbrexit. La propuesta británica supone un riesgo real de crear una ciudadanía de segunda clase. Se contradice incluso con el manifiesto de los partidarios del Brexit en el referéndum, que prometía que se trataría a los ciudadanos de la Unión "no menos favorablemente que en la actualidad".
Además de esta falta de "reciprocidad", parece que Gran Bretaña quiere convertirse en el nuevo adalid de la burocracia. Cada uno de los miembros de la familia, incluidos los niños, tendrá que presentar una solicitud por separado para obtener el "estatuto de persona establecida". Quienes no cumplan el requisito de los cinco años de residencia al final del periodo de gracia deberán presentar dos solicitudes: primero, una solicitud de estancia y, en segundo lugar, una solicitud para obtener el "estatuto de persona establecida". Y además, no hay garantías de igualdad de trato entre ambas solicitudes.
Pero la burocracia puede ser derrotada. El auténtico motivo de preocupación radica en la persistente incertidumbre. Trascurrido más de un año desde el referéndum sobre el Brexit, la propuesta británica deja muchas preguntas por responder. ¿Tendrán que pagar más los estudiantes europeos, incluso después de haber solicitado la matrícula para el curso 2019-2020? ¿Se garantizará a los médicos que sus cualificaciones seguirán estando reconocidas en el Reino Unido? ¿Por qué no se menciona en absoluto a los trabajadores transfronterizos que trabajan en el Reino Unido pero residen en la Unión? ¿Y por qué no confirma el Gobierno del Reino Unido simplemente que la fecha de corte para los ciudadanos europeos no será anterior a la fecha del propio Brexit?
Sentimos el mayor de los respetos por el sistema jurídico británico, pero los tribunales aplican las leyes adoptadas por los políticos británicos, que en estos momentos son incapaces de ofrecer garantías suficientes para los próximos años, por no hablar de toda una vida. Por lo tanto, los ciudadanos británicos y europeos deben poder hacer valer sus derechos con arreglo a un mecanismo en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desempeñe plenamente su función.
A principios de 2019, los diputados al Parlamento Europeo tendrán la última palabra sobre el acuerdo para el Brexit. En los próximos meses, trabajaremos estrechamente con el negociador de la Unión y los 27 Estados miembros para contribuir a dirigir las negociaciones. Aspiramos a lograr un acuerdo de retirada ambicioso y de progreso, y queremos dejar claro que son necesarios progresos suficientes —especialmente en cuanto a la ciudadanía y la liquidación financiera— antes de que se pueda definir la nueva relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. El plazo para las negociaciones vence el 30 de marzo de 2019 y no apoyaremos ninguna prórroga más allá de este límite, porque ello daría lugar a que el Reino Unido tuviera que celebrar elecciones europeas en mayo de 2019, una situación sencillamente inconcebible.
La Unión Europea tiene la misión común de ampliar, consolidar y extender derechos, no de reducirlos. No refrendaremos nunca la retirada retroactiva de derechos. El Parlamento Europeo se reserva el derecho de rechazar cualquier acuerdo que brinde a los ciudadanos de la Unión, con independencia de su nacionalidad, un trato menos favorable que en la actualidad. Para nosotros, es una cuestión de derechos y valores fundamentales, situados en el corazón mismo del proyecto europeo.
Guy Verhofstadt es presidente del Grupo director para el Brexit y presidente del Grupo ALDE. Firman también el artículo Manfred Weber, presidente del Grupo PPE; Gianni Pittella, presidente del Grupo S&D; Gabi Zimmer, presidenta del Grupo GUE/NGL; Ska Keller y Philippe Lamberts, copresidentes del Grupo Verts/ALE; Elmar Brok, miembro del Grupo director para el Brexit; Roberto Gualtieri miembro del Grupo director para el Brexit y Danuta Hübner, miembro del Grupo director para el Brexit