Hace veinte años, el Partido Popular que entonces dirigía el señor Aznar sumó sus votos en el Parlamento a la inefable condena del Alzamiento del 18 de julio de 1936 y se comprometió a honrar a todas las víctimas de la Guerra Civil. De aquellos polvos, estos lodos. Esta malhadada decisión rompió el espíritu de reconciliación de la Transición al deslegitimar a uno de los bandos sin hacerlo con el otro; lo llevó a cabo un partido heredero de la España nacional mientras que el Partido Socialista nunca ha renegado de su pasado guerracivilista. Por ello, por repudiable que sea, es todo menos sorprendente que este Gobierno espurio de socialistas, comunistas y separatistas haya llevado adelante una ley revanchista y, contra lo que dicen, sin parangón en ningún estado democrático de derecho, a la que se ha atrevido, además, a llamar «de Memoria Democrática».
La más que tibia, glacial reacción a la perpetración de dicha ley da fe de la astenia de una sociedad enfermiza y embrutecida incapaz de reaccionar ante un atentado a su esencia e indiferente a la alteración de una historia propia que está dispuesta a soportar mansamente porque cree que, al menos en teoría, no le afectará materialmente.
El artículo 35.5 de esta ley establece que «cuando los elementos contrarios a la memoria democrática estén ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, las personas o instituciones titulares o propietarias de los mismos deberán retirarlos o eliminarlos, en la forma establecida en el presente artículo». Lo de «elementos contrarios a la memoria democrática» es para nota. No sé si los pantanos, hospitales, nuevos ministerios, viviendas sociales y aeropuertos construidos durante la «ominosa dictadura» lo son o lo serán. Tampoco sé si la Iglesia católica apelará al Acuerdo suscrito por España con la Santa Sede sobre Asuntos jurídicos, artículo 1.5, según el cual «los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las leyes» porque, de no ser el caso, hará, una vez más, una dejación de derechos insólita en la práctica iusinternacionalista y altamente peligrosa para su futuro.
Uno de los aspectos más repulsivos de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, (coincidiendo, por cierto, con el aniversario de una de las mayores matanzas perpetradas bajo el frente popular), tiene que ver con la exhumación de restos mortales de «elementos contrarios a la memoria democrática». Todo se inició con los de Franco en una ceremonia necrofílica masónica llevada a cabo en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y ampliamente televisada a bombo y platillo. Escribí entonces en ABC un artículo titulado «A moro muerto, gran lanzada» en el que señalé que «el afán de venganza de políticos de escasa formación intelectual y dudosa talla moral les hace pensar que adaptando la Historia a sus deseos insatisfechos se cumplirá la sarcástica advertencia cervantina según la cual la Historia es madre de la verdad y no al revés».
Pese a que José Antonio Primo de Rivera fue fusilado tras un simulacro de juicio durante los primeros meses de la Guerra Civil Española, también se quiere exhumar sus restos mortales, aunque su familia, con buen criterio, evitará el espectáculo propagandístico que bien quisiera llevar a cabo el Gobierno.
Ahora ha sido el turno de los restos del laureado general Queipo de Llano. El hermano Mayor de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, ilustre socialista santanderino (!), se ha apresurado a cumplir, sin dar cuenta a la Hermandad que preside, un mandato legislativo muy discutiblemente aplicable a la discreta sepultura de este general, aunque, eso sí, al hacerse con nocturnidad, se ha privado a los socialcomunistas del gusto de escenificar otro ritual masónico en horas de máxima audiencia televisiva.
Parece que el preclaro equipo que nos desgobierna y arruina se propone también retirar, nada más y nada menos que los restos mortales del también laureado general Moscardó del Alcázar de Toledo que tan heroicamente defendió para asombro del mundo. Me pregunto si no habrá un solo militar de alto rango, ni siquiera cercano al retiro, que tenga la gallardía de marcharse a su casa ante tal ignominia. Me temo que no, como me temo que ni un solo representante de la Iglesia católica alce su voz para oponerse a una ley cainita y miserable. Ahora bien, será interesante ver si la horda de valientes de la gran lanzada se atreverá a quitar de la mezquita Muley el Mehdi de Ceuta la placa que hay en honor a Franco.
El actual Ministro de la Presidencia, eximio protagonista cuando aún no era ministro, de la exhumación masónica de la tumba de Franco, compareció el jueves muy ufano en televisión para mostrar su satisfacción por la de los restos mortales de Queipo de Llano, al que calificó de «genocida fascista». Debo suponer que desconoce que el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad y no parece ser consciente de que sus socios comunistas han sido a lo largo de todo el siglo XX en diversos países y en términos numéricos los máximos genocidas de la historia de la Humanidad.
Mientras tanto, seguimos a la espera de recursos de inconstitucionalidad, mal presagio para las promesas de futura derogación.
Melitón Cardona es diplomático, ministro plenipotenciario jubilado.