Reversión autonómica

La solicitud por parte del Consejo de Gobierno de la Generalitat valenciana de la aplicación a dicha comunidad de los supuestos previstos en el nuevo mecanismo de financiación de las administraciones que precisen liquidez tiende a convertirse en la versión doméstica del derroche de eufemismos con el que el Gobierno Rajoy ha ido dilatando el rescate sobre España. Pero más allá del juego de palabras gracias al que, en nombre del rigor jurídico e institucional, Valencia trata de edulcorar su nueva relación con Madrid como un artificio de tesorería y poco más, el paso dado por el Ejecutivo de Alberto Fabra se asemeja a la caída de una primera pieza de dominó tras la que inexorablemente vendrán otras previamente señaladas.

A nadie se le oculta a estas alturas que el acceso a la nueva fórmula de liquidez lleva implícita la asunción de nuevos ajustes que garanticen la devolución del préstamo. Pero más difícil será que el acogimiento por parte del poder central disuada a la autonomía así intervenida de acomodarse en la nueva situación para retornar cuanto antes al estadio precedente de autogobierno.

Junto al control presupuestario de la Comunidad Valenciana se hace efectivo un fenómeno que parecía impensable: la reversibilidad del proceso autonómico. La decisión del Gobierno Fabra hubiera sido un ejemplo que eludir para las demás comunidades si su situación financiera fuese más airosa y si el Ejecutivo de Rajoy no se hubiese distinguido desde su toma de posesión por pretender aprovechar la ocasión de los ajustes para situar a las autonomías en un plano subordinado a los designios de la Administración central. De ahí que sea imposible disipar la sensación de que la noticia del pasado viernes representa una invitación en toda regla para que otros gobiernos autonómicos recurran también al nuevo fondo. Del mismo modo que Bruselas prefiere proveer de recursos financieros a los socios en dificultades para así disciplinarlos, Madrid se mostrará tan generoso como exigente en una operación de largo alcance que amenaza por llevarse por delante el estado autonómico.

Las comunidades con mayor personalidad tienden a presentar el momento como consecuencia del fracaso de la política Rajoy después de que Rodríguez Zapatero iniciara tarde los ajustes. Sus gobernantes tratan así de soslayar el hecho de que las dificultades afectan a todas las administraciones con mayor o menor gravedad y al conjunto de la economía española sin que ningún territorio pueda presentarse como un caso verdaderamente aparte. Los pioneros recortes que introdujo Artur Mas en las cuentas catalanas constituyen un argumento moral que sirve de poco cuando lo que está en juego es la intervención. Sería un verdadero sarcasmo que las necesidades financieras de la Generalitat fuesen cubiertas por el Gobierno central pero a cambio de condiciones que desvirtuarían radicalmente la aspiración a un trato singular vía pacto fiscal.

Si ello ocurriese, no le resultaría fácil a Euskadi preservar el diferencial que le brindan el concierto y el cupo como un sistema privilegiado que se volvería aún más agraviante en una intervención en cadena de las cuentas autonómicas.

El Gobierno que preside Mariano Rajoy ha sido incapaz de salvar la naturaleza autonómica de este Estado compuesto llamado España tratando de asegurar el cumplimiento de la disciplina presupuestaria sin menoscabo para el buen nombre del autogobierno como fórmula de descentralización legislativa. Ha preferido dictar las órdenes pertinentes a procurar el máximo de colaboración entre el poder central y las instituciones autonómicas. Tanto que ya parece tarde para que Rajoy, su Gobierno y su partido rectifiquen a la búsqueda de un mayor entendimiento con las comunidades autónomas y de una mayor corresponsabilidad por parte de estas para con las obligaciones del Reino de España. Pero junto a ello los gobiernos autonómicos tampoco se hacen plenamente conscientes de la que les espera.

No hay alternativa ninguna a la eventualidad de que el Estado autonómico se vuelva un experimento financieramente fallido y, por tanto, política e históricamente inviable. El desmoronamiento de la “España invertebrada” en ningún caso puede conducir a la vertebración del país mediante la asunción de un mayor protagonismo por parte de las autonomías con más personalidad.

Todo lo contrario, estas pueden verse tan hipotecadas por sus respectivas deudas y servidumbres y tan incapaces de fomentar una nueva concepción de las relaciones interterritoriales que en nada relevante y positivo desembocaría la reversión autonómica.

El espejismo de una Catalunya o de una Euskadi liberadas del lastre del resto de las comunidades no daría lugar más que a un desdén general en Europa y en los mercados ante la supuesta emergencia de ámbitos microeconómicos fundados en la huida hacia delante de una parte de la España en retroceso.

Kepa Aulestia

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