Riesgos políticos de la economía española

La economía española se encuentra en estos momentos sufriendo las consecuencias de dos graves circunstancias. La primera se refiere a la falta de decisiones apropiadas de política económica, derivada en parte de la ausencia de unos nuevos Presupuestos adaptados a los problemas de hoy, viéndose el Gobierno obligado a trabajar con los prorrogados con cambios limitados y parciales. Pero, en parte también, por la inoperancia de un Ejecutivo en funciones comprometido seriamente con ideas sobre política económica muy distantes de lo que recomiendan los organismos internacionales a las puertas de una nueva crisis o, al menos, de una importante recesión. La segunda de esas circunstancias, la de un gravísimo riesgo de fragmentación del país generado por fuerzas soberanistas que, aunque no han logrado sus objetivos –y parece difícil que los logren– están creando un clima de violenta confrontación que ya comienza a contagiarse a otros territorios de nuestra nación, lo que infunde temores sobre el futuro político y económico de España.

Riesgos políticos de la economía españolaEn cuanto a las decisiones necesarias de política económica que no se han tomado todavía y que, de seguir todo en la línea actual, tampoco parece que se vayan a tomar por nuestro actual Gobierno en funciones o por el que pueda formarse en las próximas semanas, quizá el planteamiento más certero sea el que ha formulado en estos días Laurence Boone, economista jefe de la OCDE, para los países más avanzados. La primera idea que se deduce de ese análisis es que la situación de la economía mundial no puede arreglarse ahora solo con políticas monetarias o fiscales, al exigir de fuertes cambios estructurales. En todo caso esas políticas serán necesarias pues, si son adecuadamente formuladas, podrían conducirnos a una coyuntura más holgada en materia de déficit público o a niveles de endeudamiento más soportables que los que hoy agobian a España y a otros países de nuestro entorno. No se pierda de vista que más de la mitad de la deuda que hoy emitimos se coloca directamente en el Banco Central Europeo y otra parte no despreciable de la misma se adquiere por la banca española y acaba sirviendo de colateral a nuestros bancos en sus operaciones con el referido BCE, lo que explica la facilidad con que se colocan sus cuantiosas emisiones y lo reducido de nuestra actual prima de riesgo. Si esas circunstancias cambiasen, el coste de nuestra deuda resultaría insoportable y el déficit público encontraría en sus intereses un motor adicional para su crecimiento.

Pero el problema de fondo que se plantea es bien distinto del puramente monetario o fiscal. Se deriva del temor a que, una vez alcanzados los necesarios equilibrios coyunturales, no resulte posible continuar a largo plazo el crecimiento de la producción y del empleo sin reformas de fondo, es decir, sin importantes cambios estructurales. En opinión de la OCDE volver a una senda sostenida de crecimiento y empleo va a depender casi exclusivamente de políticas radicales contra el cambio climático en todos sus numerosos ámbitos y de aprovechar las ventajas de una decidida digitalización de toda la economía. Se trata, pues, de construir un nuevo, amplio y costoso escenario en el que se preserve y mejore sustancialmente el medio ambiente y en el que ciudadanos, empresas y gobiernos adopten sin retrasos ni reticencias los eficientes instrumentos que proporciona la digitalización. Cambios estructurales que exigirán de grandes esfuerzos, de no pocos sacrificios y de cuantiosas inversiones, tanto públicas como privadas.

La posibilidad de que España desarrolle y aplique esos nuevos requerimientos económicos parece, sin embargo, difícil debido a nuestras anómalas circunstancias políticas actuales. Se habla cada vez más de una posible balcanización de España e incluso el actual presidente de la Generalitat catalana incita a sus partidarios al «martirio» por la independencia de ese territorio como ocurrió en los Balcanes, dicho con claridad para que todos lo entiendan. Lamentablemente la idea de la balcanización de España no es nueva. Ya se difundió hace casi quince años impulsada por un prestigioso diario internacional (Balkan Spain, en el Wall Street Journal de 11 de enero de 2005). Ese posible proceso, que parecía muy lejano entonces, ha ido cubriendo peligrosas etapas hasta llegar a los acontecimientos de octubre del año pasado. Una España balcanizada comienza a no parecer hoy una mera hipótesis sin sentido fruto del sensacionalismo periodístico. La secesión de una parte importante de la nación española resultaría de extraordinaria gravedad, podría contagiar rápidamente a otras partes de nuestro territorio e influiría de modo negativo y duradero sobre nuestra economía y sobre quienes se relacionan con ella en el ámbito internacional. Sus consecuencias serían muy distintas y, desde luego, mucho peores de las que, con ingenuos planteamientos, algunos las han tratado de aproximar cifrándolas mediante la pérdida de puntos de porcentajes de la producción, del empleo o de los precios. Nada de eso valdría para medir las verdaderas consecuencias del duro escenario que se abriría en el país. Por eso tal posibilidad, aunque resulte remota, está influyendo negativamente sobre la economía española. Quizá una parte del daño esté ya hecho o en vías avanzadas de materialización.

No cabe duda de que, si desgraciadamente esa situación límite se produjese, la disgregación territorial de España nos enfrentaría a una realidad nacional bien distinta a la de hoy. Nadie puede ser ahora capaz, ni lo sería incluso después de producida esa segregación, de evaluar acertadamente el impacto catastrófico que tendría un proceso de tal naturaleza aunque resultase fallido. Ha pasado más de siglo y medio desde la guerra de secesión americana y aún siguen discutiéndose las extraordinarias consecuencias geopolíticas y económicas tanto de la secesión en sí misma considerada como de la salvaje guerra civil posterior. Como es bien conocido, esa secesión constituyó un fracaso sin paliativos para el bando que pretendía separarse saltando por encima de las normas constitucionales de aquel país, aunque algunos herederos lejanos de los vencidos no terminen de admitir todavía esa derrota más de siglo y medio después.

Pese al tiempo transcurrido, quienes se adentran en esos temas y los observan desde la Historia continúan angustiándose con la sucesión de acontecimientos, aparentemente inevitables, que acabaron conduciendo al gravísimo conflicto norteamericano. Pero los acontecimientos en los que interviene la voluntad humana nunca son inevitables y los de España en estos momentos, tampoco aunque algunos líderes enloquecidos inciten cada día a sus partidarios al «martirio». Epicuro nos enseñó que el futuro no está totalmente en manos de los dioses ni totalmente fuera de la mano de los hombres, por lo que deberíamos encontrar una adecuada solución para esos graves problemas. El riesgo existe y por eso somos muchos los que clamamos por un amplio acuerdo que garantice la permanencia de nuestra Constitución, la estabilidad de nuestros sucesivos gobiernos sin perjuicio de ideologías y colores y la integridad territorial de nuestra nación. Ese acuerdo constituiría una excelente base de partida para una solución estable al riesgo de balcanización del país o, en un no deseable y último extremo, para enfrentarlo adecuadamente con los medios que proporcionan la Carta Magna y las leyes. Pero quizá falten ideas claras sobre lo que hay que hacer y algo más de voluntad política para impulsar ese pacto que reforzaría nuestra Constitución y sus principales instituciones.

Manuel Lagares es catedrático de Hacienda Pública y miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.

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