En vísperas del pasado debate de política general, los ciudadanos españoles asimilaban con perplejidad toda una serie de informaciones contradictorias. Se nos decía que éramos líderes de la UE en crecimiento económico, en creación de puestos de trabajo, en construcción de viviendas, en compra de empresas a los países vecinos y en incremento del número de millonarios. Pero, a la vez, éramos los primeros en consumo de cocaína, en número de divorcios, en déficit exterior --el mayor del mundo en términos relativos y el segundo en términos absolutos después de EEUU--, en número de asalariados mileuristas, o en prostitución (en las comarcas de Girona no hay ni un solo municipio que no tenga al menos un puticlub) y en remesas de inmigrantes instalados aquí, que ya representan el 5% de los ingresos totales por turismo y unos 2.000 millones de euros al año.
Son cosas que han ocurrido muy de prisa y sin ninguna intervención de los poderes públicos. Son el resultado del laissez-faire, laissez-passer y de la incapacidad del Gobierno de controlar las fronteras, la especulación urbanística o la inflación. Es lógico, por tanto, que de pronto nos encontremos ante la necesidad de un cambio de modelo, consecuencia imprevista de una actitud inconsciente de hacer surfing y dejarse llevar por el oleaje. Ya no vale aquel concepto que expresaba el canciller Helmut Schmidt cuando decía que las inversiones de hoy son los beneficios de mañana y los nuevos puestos de trabajo del futuro.
Ahora todo vale en un total boxing sin reglas que convierte el enriquecimiento obsceno, sin límites ni regulaciones, en una finalidad en sí mismo. Y, naturalmente, en esta ley de la selva, se impone la voluntad del más fuerte o más apalancado por el poder, y siempre a costa de las mismas víctimas, es decir, de los trabajadores asalariados. ¿Saben que en determinados sectores ya hace muchos años que no suben los sueldos porque hay dos millones de inmigrantes dispuestos a realizar el mismo trabajo en condiciones inferiores? ¿O que, en otros, la amenaza de deslocalización también ha significado la congelación salarial?
No debe extrañarnos, pues, que la OCDE, el organismo que agrupa la treintena de países más industrializados y civilizados del mundo, haya publicado un informe que indica que España es el único país miembro que en los últimos tres años ha sufrido un descenso real de los salarios del 4%. Estamos, pues, ante un caso sin precedentes en el mundo entero que rompe todas las normas éticas y todos los principios de justicia social generalmente aceptados. Una escandalosa prosperidad que en lugar de repartir la riqueza, la acumula en manos de los ricos y en detrimento de la clase trabajadora. Hasta el extremo de causar un intolerable resultado que es la pérdida de peso relativo de los salarios en el conjunto del PIB mientras que aumenta el porcentaje del total que va a parar a las rentas del capital. Y eso que el número de trabajadores ha aumentado en todo este periodo.
Sin embargo, pocos políticos se refieren a esta cuestión que erosiona de forma imparable y constante el poder adquisitivo de las familias y su capacidad de llegar a final de mes. Ni tampoco al hecho de que las tarifas de las empresas de servicios públicos de primera necesidad (hoy privatizadas y gestionadas por los amigos del poder de turno) reciban autorizaciones del Gobierno respectivo para ser aumentadas hasta extremos que no compensan la inflación, sino que pasan a ser su principal causante. O que las puedan revisar cada tres meses, frente a la revisión anual de convenios. Se ha hablado, eso sí, de los 2.500 euros por bebé mientras se hunde la familia en su conjunto o se sigue menospreciando la pensión de las viudas.
Al parecer, ya no está vigente el principio de que hay que crear riqueza a fin de poder repartirla y que ahora puede hacerse exactamente lo contrario en nombre de la socialdemocracia. Hemos pasado, pues, de los políticos que hablan como las hermanitas de los pobres a los que actúan como las amiguitas de los ricos.
Y menos mal que a la hora de predicar en el desierto aún se ha escuchado una voz, la de Josep Maria Álvarez, secretario general de la UGT de Catalunya, que ha dicho que la polarización de la renta y el retroceso de los salarios como parte de la riqueza nacional no es justa, porque crecer a costa de los salarios, además de ser inmoral como aquí se ha dicho, también es insostenible. ¡Gracias, compañero! Probablemente, eres uno de los pocos que se han dado cuenta de lo que ocurre cuando los ricos son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres. En esto ha coincidido con el Instituto de Competitividad y Prosperidad de Toronto, que presenta como un éxito del Canadá la capacidad de conciliar la prosperidad con la igualdad económica. Porque el 20% más pobre de la población se siente todavía más desvalido si no se reduce la brecha de la desigualdad de los ingresos. Y cuando quedan desbordados por los nuevos plutócratas, su percepción les hace sentir amargados por el creciente diferencial que les impide mantener su modesto y merecido nivel de vida.
Francesc Sanuy, abogado.