Rodrigo Rato ¿y ahora qué?

Rodrigo Rato ha sido absuelto en el pleito penal de la salida de Bankia a Bolsa. No es el primer caso. Podemos recordar otros muchos casos, pero solo afectan a gente de derechas porque Griñán, Chaves y Pujol han podido pasar el verano en la playa. La sentencia absolutoria supone un varapalo más que notable para la fiscal que formuló la acusación sin pruebas. Pero es igual, nadie le exigirá responsabilidad alguna, entre otras cosas porque probablemente sea de la Asociación de Jueces de izquierda llamada «Justicia democrática» (como la Memoria), y porque en la Justicia se actúa con impunidad.

Rodrigo Rato tiene pendiente el pleito de su situación patrimonial, que lleva ya cinco años (¡cinco años!) de instrucción, desde la famosa y televisada detención, sin que la Agencia Tributaria haya sido capaz de concretar su acusación. Más aún, el juez instructor concedió a la Agencia un plazo de año y medio (generoso donde los haya) que finalizó en junio de 2020 para que se concretara la acusación, pero ha transcurrido con suficiencia y el juez no se atreve a sobreseer.

La situación penitenciaria de Rato en este momento es que cumplió el 8 de noviembre de 2019 la cuarta parte de su condena, que había observado buena conducta y que el 18 de marzo de 2019 había cumplido 70 años. Estos tres requisitos, según el Código Penal, la Ley General Penitenciaria y su Reglamento, le otorgan el derecho a la libertad condicional. Pero para ello tenía que estar clasificado en el tercer grado, cosa que hizo la Junta de valoración de Soto del Real.

Y aquí viene la maldición de llamarse Rodrigo Rato y ser de derechas. El secretario general de Instituciones Penitenciarias, también de izquierdas, dependiente de Grande-Marlaska, denegó el tercer grado. ¿Por qué? No se sabe, tal vez porque estuviese esperando a la sentencia de Bankia, vulnerando así el derecho a la presunción de inocencia que, en este caso, se ha hecho realidad, ya no es presunción sino verdad real.

Ahora vienen los interrogantes: ¿quién responde de que teniendo derecho al tercer grado desde el 8 de noviembre de 2019 haya pasado más de un año en prisión?; ¿qué responsabilidad es exigible al Ministerio Fiscal que acusó sin pruebas, según reconoce la propia sentencia, y ejerció su acusación sobre la base de motivación ideológica?; ¿qué responsabilidad es exigible al secretario general de Instituciones Penitenciarias por haber denegado el tercer grado, que sí había propuesto la Junta de valoración de Soto del Real, denegación que viola el principio constitucional de presunción de inocencia?; ¿quién restablece el honor y la fama de Rato?; ¿cuánto tiempo habrá que esperar para que se reconozca a Rato el tercer grado y consecuentemente su puesta en libertad condicional?; ¿cómo es posible que en un sistema democrático no haya responsabilidad alguna en un caso como este?

En España los jueces y fiscales gozan de impunidad, que es distinto de la independencia. Ello significa que hagan lo que hagan no tendrán responsabilidad alguna, salvo la vía del recurso, también entre jueces. Es cierto que en el Consejo General del Poder Judicial existe una Inspección, pero al estar integrada de jueces o fiscales, se antepone siempre el corporativismo, la defensa tribal o de grupo. De ahí que se pueden contar con los dedos de una mano los casos en que un juez o un fiscal haya sido sancionado o apartado de sus funciones. Y la situación se agrava cuando el afectado es de derechas (Ignacio González, Francisco Camps, Eduardo Zaplana, Rita Barberá, Rodrigo Rato).

Se trata de la doble vara de medir, la doble moral, a la que nos tienen, desgraciadamente, muy acostumbrados.

Fernando Díez Moreno fue Subsecretario de Economía y Hacienda (1996-2000).

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