Romper la baraja

La activación por el Gobierno del artículo 155 de la Constitución mediante la propuesta al Senado de un conjunto de medidas que suspenderían, de aplicarse, la autonomía catalana ha sido tardía. Debió producirse inmediatamente después de las sesiones parlamentarias del 6 y 7 de septiembre pasado, cuando la Cámara catalana aprobó las leyes de desconexión o de ruptura en función de las cuales se derogó en Catalunya tanto la Constitución como el Estatut. Entonces, y hasta ayer, Mariano Rajoy había optado por una estrategia indirecta, a través del Tribunal Constitucional y el ejercicio de la acción penal mediante el ministerio fiscal, confiado en que sería suficiente para detener el proceso soberanista. Ahora, al 155 le ha faltado el contexto de que disponía en septiembre y, por eso, ha provocado hasta cierta consternación.

Para unos, el Gobierno de Rajoy ha sido prudente. Para otros, pusilánime. Para los menos -entre los que me cuento- irresponsable y desdeñoso. De ahí que cuando se haya activado el 155 la sorpresa resulte inexplicablemente general. No cabía una aplicación “suave” de la cláusula de coerción constitucional; no era posible intervenir con cirugía menor en Catalunya; tampoco controlar los Mossos d’Esquadra y las finanzas manteniendo la integridad del Govern de la Generalitat. Sólo los desavisados o los ignorantes podían suponer que ante la magnitud del desafío (el Rey lo describió con toda su crudeza) la reacción no sería contundente.

Es tan contundente que, de culminar en el Senado, el artículo 155 marcará la frontera de nuestra historia constitucional reciente e implicará, no sólo la intervención de la Generalitat cuarenta años después de su reinstauración y del regreso de Josep Tarradellas del exilio, sino también el final de la actual legislatura y la apertura de un nuevo tiempo político y social que nos enfrentará a una reforma cuasi constituyente de la Carta Magna en la que las posiciones de partida no serán las de la transición sino otras distintas. Concurrirá el pactismo con los nacionalismos catalán y vasco, pero también la musculada corriente política que propugna desprenderse de condicionamientos históricos y afrontar la cuestión territorial en España desde una nueva perspectiva no precisamente receptiva a demasiadas asimetrías.

Catalunya es sistémica para España y, sin exagerar, para Europa, y su pretensión secesionista ha terminado provocando un seísmo de unas proporciones que, seguramente, ni sus impulsores suponían. La alegre y combativa política de Mas y de Puigdemont ha consistido en un carrusel de imprudencias concatenadas que nos han llevado a la actual situación que ha certificado, además, la responsabilidad gubernamental dejando crecer el problema hasta convertirlo en inmanejable. El proceso soberanista también ha erosionado Catalunya en sus cimientos sociales y económicos -diría que, incluso, morales-propiciando que el entramado empresarial del país “votase con los pies” (es decir, yéndose) y provocando una reacción de rejuvenecimiento del sentimiento de españolidad que se ha mostrado con una contundente visibilidad simbólica la rehabilitación en democrática -hasta progresista- de la bandera de España.

Los independentistas han roto la baraja -locución que encierra la metáfora de ruptura de un pacto, de un acuerdo- mediante una reacción hiperbólica, desaforada y exagerada a algunas reivindicaciones y a algunos agravios en los que la razón política y hasta jurídica estaba de su parte. El relato del porqué secesionista -otrora autonomista- no se acaba en absoluto con el listado de reivindicaciones y agravios. Debe completarse con el vértigo del nacionalismo ante la pérdida del poder político, la ruptura de los paradigmas patrióticos en Catalunya, el agotamiento de su modelo de gobierno tras un cuarto de siglo de sucesivas legislaturas ganadoras, la crisis económica y las políticas aplicadas para corregirla y una corrupción que ha hundido la reputación del nacionalismo convergente reformulado ahora en las alambicadas siglas del partido que sustituyó al que fundara Jordi Pujol.

Alguien ha hablado de una rima histórica entre el desastre noventayochista y el escenario español actual.

Puede ser acertada. España a través de su Gobierno y de sus decepcionantes élites no ha mirado la realidad catalana con ojo avizor, con atención a sus pulsiones y convulsiones históricamente peligrosas, con perspicacia para aplicar remedios y prevenciones, con consciencia de que Catalunya fue, ha sido y será piedra de bóveda para cualquier organización de la convivencia entre todos los españoles.

Estamos al borde mismo de un nuevo fracaso histórico y no se ve de qué forma a estas alturas podría evitarse la destitución del president y de su Gobierno, la intervención por el Estado de todas las consejerías -con lo que ello comporta- y el férreo control limitativo de las facultades del Parlament. El síndrome de Sansón -morir matando- resulta irracional pero parece que en determinadas circunstancias de obnubilación los dirigentes políticos desmienten sus atributos de responsabilidad, inteligencia emocional y estratégica y hasta el propio instinto de conservación colectivo, y se lanzan al vacío.

Por más ejercicio de ecuanimidad que se haga, no resulta posible descargar a la Generalitat de la mayor responsabilidad en lo que está ocurriendo y puede suceder en próximas fechas. Hay que advertir de otras, desde luego, también en Catalunya y en el Gobierno central, pero no son de la entidad de las que corresponden a los Mas y Puigdemont y a sus entornos y aliados, en particular a ERC y Oriol Junqueras y, por supuesto, a la CUP. La radicalidad con la que se han conducido no permite entrever -y ojala yerre en esta apreciación- una rectificación que al modo de Deus ex machina nos libere de lo que se nos viene encima. Que consiste en un volver a empezar como si España estuviese enfangada en el mito de Sísifo, siempre condenada a repetir un inútil esfuerzo por convivir en paz y libertad.»

José Antonio Zarzalejos

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