El espíritu partidista de RTVE, tras la aprobación del Estatuto en diciembre de 1980, sigue vigente pese a los cambios efectuados en 2006 y en 2019. Esta realidad la podemos calificar coloquialmente como más de lo mismo. En roman paladino, los españoles carecemos de una radiotelevisión pública de la sociedad y no de los partidos, que van a lo suyo y no a lo nuestro.
Ya en 1980, el Estatuto me pareció un error. Mis estancias profesionales en Inglaterra y Alemania me permitieron conocer la diferencia entre la BBC inglesa y la ZDF o ARD alemanas con la TVE española. No se tuvo en cuanta adecuarla a los nuevos tiempos durante la Transición. El ejemplo alemán que en 1945 fulminó la poderosa radiodifusión/televisión estatal de Hitler y Goebbels podía haber servido de referencia. Después de la dictadura de Franco había que hacer algo parecido con la televisión. Pero Adolfo Suárez fue director de TVE y la continuidad de una televisión del Estado se impuso. UCD y PSOE aprobaron el Estatuto gracias a un consenso peculiar ya que la principal cláusula no estaba escrita. Para ti la televisión cuando tu gobiernes y para mí cuando yo presida el Ejecutivo. ¿No es a eso a lo que hemos asistido durante los años de bipartidismo? Hoy nos encontramos no con dos sino con varios partidos y todos van a lo suyo.
El posible nuevo presidente de la Corporación RTVE, José Manuel Tornero, tiene un currículo universitario. En cuanto al medio televisivo lleva razón: «La educación es todo en la programación de TVE». Pero cuidado con la ministra Celaá, muy partidaria sutilmente, siguiendo órdenes superiores, de que los alumnos no eleven su nivel cultural y crítico.
En Bonn conocí a Dieter Stolte, presidente de la cadena pública alemana ZDF, licenciado en Filosofía, Historia y Filología Germana por la celebré universidad de Tubinga; tuvo posteriormente bastante experiencia en medios audiovisuales. Cuando fue catapultado a la presidencia de la ZDF era director de programas. No fue una decisión política sino una consecuencia de sus propios méritos profesionales. Stolte tenía sus ideas sobre lo que es una televisión pública. Las expresó bien claro en un libro publicado en 1992. Hice una crítica en 1993 publicada en las páginas culturales de Abc.
Entre otras cosas escribí lo siguiente: «Tiene una visión gerencial de la televisión pública, pero al mismo tiempo es un humanista que no se deja atrapar por la palabra mercado. Sabe bien cuáles son las claves de la viabilidad de una cadena pública. Es tajante: la televisión pública no debe reducirse a un gueto elitista, tiene que ser competitiva sin abdicar de su función social. Hay que competir y lograr grandes audiencias, pero siempre con las ideas muy claras sobre la altura del listón de la calidad y del buen gusto. La televisión ‘no es una escuela de moral’, advierte Stolte, pero eso no la excluye de su responsabilidad social. Y es categórico cuando dice que ‘la televisión pública no es un instrumento de dominación estatal sino un medio de comunicación de masas; es el mismo Ejecutivo quien tiene que defender esa idea, lejana de la radiotelevisión del Estado’. He aquí pues, el fundamento de la televisión pública, al servicio de la sociedad, algo muy diferente de la televisión, estatal-gubernamental-partidista. Televisión, sobre todo, al servicio de la democracia que Stolte define muy bien cuando escribe: ‘La tarea primordial de los medios es agudizar el sentido crítico de sus oyentes, televidentes y lectores; con objeto de contribuir a la formación de su propia opinión y a la participación activa en la diversidad de opiniones. Hay que evitar cualquier forma de adoctrinamiento informativo que degrada al ciudadano a mero objeto, le arrebata su autonomía y con ello se ofende el principio de libertad en una sociedad democrática’».
Pero volvamos a RTVE. Era demasiado evidente el control del Gobierno con el vetusto Estatuto. En 2004, al llegar a la presidencia del Gobierno Rodríguez Zapatero, empezaron los habituales cambios en el organigrama. Fueron acompañados por lo que yo llamo fuegos de artificio. Con un optimismo desaforado se oyó en Torrespaña esta frase a cargo del nuevo jefe de informativos: «El objetivo es que la gente identifique los Telediarios con la calidad, el rigor, el pluralismo y la independencia. Me gustaría poner los cimientos para que el camino sea irreversible y que ningún Gobierno sea del color que sea, controle los informativos». Y un ex corresponsal fue un poco más lejos: «Habrá personas que dirán que somos mucho más del PSOE, pero hay que explicarles que esta noticia está ahí por motivos profesionales». Lo de criterios profesionales se ha utilizado mucho en Torrespaña. La perversión del lenguaje oculta motivos políticos.
Una Ley de 2006 sustituyó al Estatuto. El maquillaje se inició cambiando ente por corporación. Eso sí, con texto muy grandilocuente para huir de la realidad: «La corporación goza de autonomía en su gestión y actúa con independencia formal respecto al Gobierno». En septiembre de 2019 se volvió a la ley de 2006 con el apoyo del PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la abstención del PP. De nuevo se oyeron los fuegos de artificio, esta vez en el Congreso: «Que RTVE sea un servicio público al servicio de los ciudadanos y no de los partidos». En Prado del Rey se oyeron otra clase de frases: «Victoria de los trabajadores». No sería de los que mandaron al pasillo, según la expresión tradicional en TVE de los cesados.
El director general de la BBC en 1977, Mr. Curran, dijo en una entrevista que «la BBC nació refrendada por una cédula real y por lo tanto no depende del Parlamento». Me viene ahora a la memoria el artículo que publicó en Abc (2005), el entonces catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense, Santiago Muñoz Machado. No me canso de citarlo y lo hago ahora, en síntesis:
«Los poderes públicos no han entendido todavía en España qué significa el servicio público de la televisión. Se utilizó una noción inadecuada de ese concepto, el que se utiliza con las leyes administrativas sobre el servicio público desde hace un siglo; y aunque el Tribunal Constitucional ha colaborado con su jurisprudencia a mantener la confusión, el concepto de servicio público aplicado a la televisión no tiene nada que ver de cómo se organiza TVE , ni siquiera con su vinculación al poder público y no solo al derecho a la libre comunicación que el al artículo 20 de la Constitución consagra, sino también que se han de respetar los contenidos objetivos de ese derecho: La programación debe servir para la formación de una opinión pública libre, con criterio, defensora de los valores de democracia, libertad y otros fundamentales que la Constitución proclama».
Manuel Piedrahita, ex corresponsal de TVE en Alemania, es autor de El Rapto de la televisión pública y El periodismo, carrera universitaria.