En junio de 2006, con la aprobación de la ley que creaba la Corporación RTVE, nuestro país daba un salto histórico en materia de medios públicos de comunicación. A lo largo de 25 años, los sucesivos Gobiernos incorporaron a sus objetivos de legislatura una profunda reforma del entonces denominado ente público. El modelo estaba en algunas de las más avanzadas radiotelevisiones públicas europeas y, sobre todo, en la BBC británica. Esos propósitos siempre acabaron en los desagües de los compromisos incumplidos. Sin embargo, no fue así en las legislaturas de Rodríguez Zapatero. Tras la gubernamentalización extrema de RTVE bajo los gabinetes de José María Aznar, que situaron al Grupo (a TVE y a RNE) en el punto más bajo de credibilidad desde el comienzo de la Transición (conviene no olvidar que RTVE fue condenada en los tribunales por manipulación informativa), su reforma se convirtió en una exigencia inaplazable por parte de la sociedad.
Así, lo largo de 2004 y de 2005, el nuevo Gobierno puso en marcha una serie de iniciativas acordes con la apuesta por una RTVE independiente y profesional, al servicio de todos: la creación del ”comité de sabios”, con personalidades de una intachable trayectoria democrática y apartidista y presidido por Emilio Lledó; la apertura de un proceso de debate con recogida de sugerencias de todo orden, en el que participaron más de 50 entidades públicas y privadas y decenas de asociaciones, desde las de consumidores y usuarios de la televisión hasta las de empresarios del sector audiovisual pasando por los sindicatos; la contribución de numerosos profesionales del periodismo, tanto de dentro como de fuera de RTVE; y, en fin, el establecimiento de foros de debate en el ámbito universitario o en el de las asociaciones de periodistas con la participación de expertos de distintos países. Tales iniciativas fueron posibles por la actuación de un Gobierno que decidió comprometerse con lo que lo que los “sabios” prescribieran y renunciar a sus posibilidades de dominio y control del "ente”. Buena parte de la sociedad comenzó a asimilar que, al fin, la reforma iba en serio. La nueva ley lo certificó con creces y lo hizo gracias a un amplio consenso. Cierto que de ese consenso el PP se autoexcluyó, pero también lo es que lo hizo porque la ley estaba vinculada al llamado plan de saneamiento y no por lo que contenía de avances hacia la independencia, de respeto al pluralismo, de apuesta por la transparencia y por la calidad.
Tales principios quedaban garantizados con uno de los cambios normativos de mayor relieve: el sistema de elección del presidente de la Corporación y de su Consejo de Administración. La mayoría cualificada de dos tercios, el mandato por seis años —al margen de los plazos que delimitan legislaturas—, su renovación al 50% cada tres años, eran vacunas contra la manipulación y en favor del consenso, el acuerdo y el respeto a la autonomía de los profesionales. Así fueron elegidos los presidentes que sucedieron a Carmen Caffarel (cuyo equipo inició el proceso de transición), Luis Fernández y Alberto Oliart. Esa garantía de independencia y profesionalidad posibilitó la etapa más brillante, creativa y de captación de audiencias que ha vivido RTVE en toda su historia.
Vista en perspectiva, parece casi producto de una ensoñación que hayamos podido ver en TVE programas como 'Tengo una pregunta para Usted', con un presidente (entre otras personalidades públicas) sometido al interrogatorio de cien ciudadanos seleccionados de manera aleatoria; por no hablar de la puesta en marcha de numerosos programas culturales y la profunda renovación del Canal 24 horas, o el incremento del prestigio y la participación en una RNE que el Gobierno del PP había sacado del EGM cuando se situaba en cotas de audiencia inasumibles. Durante esa etapa, RNE volvió al EGM, fue alejándose poco a poco del descrédito heredado, y sus programas fueron recuperando audiencia y prestigio. En el fondo, RTVE asumió con todas las consecuencias las prescripciones del Protocolo de Ámsterdam suscrito por los miembros de la Unión Europa en 1997 en el que, entre otras cosas, se afirmaba que“el sistema de radiodifusión pública está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad, y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación”.
Cuando, al poco de ganar las elecciones, el Partido Popular decidió modificar unilateralmente el sistema de elección del presidente y del consejo de Administración contemplado en la Ley, mostró su verdadera concepción del Estado y de sus instituciones. La radiotelevisión pública estatal volvía por donde solía y dejaba de ser parte inseparable de la naturaleza plural del Estado democrático y paradigma de independencia respecto al poder político o económico. Los Consejos de Informativos, el Consejo Asesor, la participación de los usuarios o el derecho de acceso de los ciudadanos, todo ello contemplado en la nueva ley, venían a reforzar su autonomía y alejaban a la corporación de la tentación partidista. Pero si se rompe la clave de bóveda, situada en el sistema de elección de su cúpula, ¿qué capacidad tienen esos órganos para influir en los contenidos?
Lo cierto es que la autonomía lograda a lo largo de un lustro ha sido barrida por un Partido Popular incapaz de mirar hacia el futuro. El modelo establecido desde hace años en determinadas televisiones autonómicas, fuertemente politizado y beligerante en favor del partido en el poder, es el que parece ser guía de la dirección actual de RTVE. El grupo de comunicación de carácter público abierto, plural, innovador, participativo y al servicio de los ciudadanos que la sociedad española merecía y que en junio de 2006 fue dotado de un marco jurídico a la altura de los más avanzados de la Unión Europa ha sido liquidado.
La recuperación de una RTVE plural y de todos y para todos vuelve a ser objetivo democrático de primer orden para la sociedad española. Una sociedad a la que parece perseguir la condena a la que Albert Camus aludiera en El mito de Sísifo: empujar la roca hasta la cima, desde donde la piedra volvería a caer. “Habían pensado con algún fundamento”, escribió, “que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza”. ¿Cabe considerar inútil el trabajo intenso y la participación social que entre 2004 y 2006 se desplegó para reformar RTVE y alumbrar la nueva ley? A la luz de lo ocurrido, todo indica que sí. Pero tendremos que seguir empeñados en lo contrario.
Manuel Rico es periodista, escritor y crítico literario. Su último libro publicado es Fugitiva ciudad (Hiparión. Madrid, 2012). Fue director de Relaciones Institucionales de RTVE entre junio de 2004 y junio de 2007.