En febrero, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictó 40 órdenes de arresto internacional por delito de genocidio en Ruanda y la República Democrática del Congo contra otros tantos militares que ocupan altos cargos en el actual Gobierno. Entre los muertos, nueve españoles: seis misiones y tres miembros de Médicos del Mundo.
En Ruanda, el misionero Joaquim Vallmajó, poco antes de ser torturado y asesinado junto a otros cinco compañeros, fue abofeteado por el coronel Rwahama mientras le espetaba "No volverás a informar a nadie, Vallmajó". Sin embargo, su voz silenciada resuena hoy más ampliada. Las denuncias de Quim eran certeras y perturbadoras. En diversas cartas a sus amigos de Figueres les rogaba que denunciasen que los "invasores" del FPR (Frente Patriótico Ruandés) buscaban el poder a cualquier precio. O que habían "puesto en marcha una campaña de desinformación para hacer creer que las víctimas son los verdugos y los verdugos son las víctimas". Tres días antes de su secuestro -desapareció en abril de 1994- inevitablemente tuvo que oír en su casa parroquial los alaridos, explosiones y ametralladoras de la matanza a medianoche de unos 2.500 campesinos hutu en el estadio de Byumba.
Quim fue la primera víctima española, pero tanto los seis misioneros como los tres miembros de Médicos del Mundo fueron testigos incómodos de crímenes masivos contra civiles hutu, realizados por la cúpula del FPR, que actualmente gobierna Ruanda. Eran testigos que cuestionaban la versión oficial, que se ha logrado imponer internacionalmente, sobre lo sucedido allí en la última década del siglo XX. Una versión parcial, ya que todo lo reduce a las grandes masacres de abril-junio de 1994, realizadas por los extremistas hutu y calificadas de genocidio. Y una versión distorsionada, porque presenta como nobles liberadores a aquellos contra los que ahora la justicia española -conforme al principio de justicia universal- ha dictado orden internacional de captura, acusándolos a su vez de genocidio por crímenes aún mayores cometidos desde 1990 hasta la actualidad, tanto en Ruanda como en la República Democrática del Congo.
En el vértice, controlando hasta los más pequeños detalles y temido por todos, está el entonces rebelde y ahora presidente Paul Kagame. Los múltiples testimonios son concordantes: sus repetidas órdenes son siempre de screening, código interno que significa "eliminación sin distinción" de miles de civiles desarmados. Aunque en el caso de los tres obispos y diversos sacerdotes y religiosas asesinados en Kabgayi junto a una multitud de civiles, usó una variante: "Limpiad esa basura".
No sólo sorprende la magnitud de estos crímenes, también el grado de perversidad en los métodos usados para alcanzar el poder.El FPR pretendía un poder absoluto, no compartido ni siquiera con sus partidos coaligados: el MDR, el PL y el PSD. Un poder total que el FPR, dada su realidad minoritaria, jamás alcanzaría por el voto sino sólo si dinamitaba los Acuerdos de Paz de Arusha y llevaba al país a una dinámica de caos y guerra, de la que se sabían vencedores. Tenía objetivos muy claros: el asesinato de líderes hutu y tutsi, incluso los de los partidos aliados, y su adjudicación al Gobierno de Habyarimana; el asesinato de este mismo, ya que entonces era el único capaz de representar un mínimo orden y consenso en el país; no impedir las matanzas de tutsis del interior tras el magnicidio, orientando intencionadamente sus tropas hacia otros objetivos, para abandonar a estos "traidores" de su propia etnia a los machetes de los extremistas hutu. Todos estos objetivos fueron alcanzados y están abundantemente probados. Además de la reconquista de la idílica Ruanda, cuyo Gobierno, según su ancestral imaginario feudal, les correspondía desde siempre, el FPR pretendía otro gran objetivo: los importantes recursos naturales del vecino Zaire. Los crímenes de pillaje sistemático de coltan, diamantes y oro son descarados y masivos.
El triste papel de la ONU, manipulada por EE UU y decenas de multinacionales mineras, ha sido especialmente lamentable en todo lo referente al ACNUR. Este organismo, en contra de su propio mandato y del Informe Gersony (que denunció crímenes contra al menos 30.000 personas) forzó el retorno de los refugiados hutu desde el Zaire a Ruanda, a sabiendas que conllevaría en muchos casos la desaparición, la prisión o la muerte violenta de los refugiados que tenía encomendado proteger.
A pesar de que el secretario de Estado adjunto para Asuntos Africanos y el director general de la Agencia de Cooperación estadounidenses ofrecieron al FPR embargar tal Informe si detenían las matanzas, éste sigue aún ocultado en la ONU. Las matanzas no cesaron en Ruanda ni en la República Democrática del Congo.
La fiscal del Tribunal Internacional para Ruanda TPIR, Carla del Ponte, fue inmediatamente destituida cuando pretendió imputar a uno sólo de estos 40 presuntos terroristas de estado en activo. Ahora el juez Fernando Andreu, con su integridad y profesionalidad, en un auto sólidamente fundamentado, ha marcado un hito, ha procesado por crímenes internacionales por primera vez en la historia a los vencedores.
Juan Carrero, presidente del Fórum Internacional por la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, y Jordi Palou-Loverdos, representante legal de las víctimas españolas y ruandesas y del Fórum ante la Audiencia Nacional.