Rule of Law

Ahora que mejoran las bolsas y las primas de riesgo, tras calmarse los mercados por la tácita expectativa de una pronta solicitud de rescate al Eurogrupo por parte del Gobierno español, vuelven por sus fueros las habituales primeras planas de agosto (ese mes aquejado del síndrome del domingo porque todos sus días son festivos y por tanto inanes, amorfos, fútiles y vacíos): incendios forestales, víctimas mortales en los festejos taurinos, guerra de banderas o kale borroka en el País Vasco y, por supuesto, como no podía ser de otro modo, la sempiterna peleíta barriobajera entre Gobierno y oposición. Pero este año han descollado algunos temas estrella que conviene comentar someramente.

Ante todo la perversa dilación del Gobierno en anunciar in extremis, cuando ya estaba sonando la campana, su decisión de prorrogar los 400 euros a los parados sin derecho a prestación: una ayuda que Rajoy había amagado con reducir o retirar. ¿A qué vino tan miserable crueldad comunicativa con 200.000 familias cuya subsistencia pendía del hilo de la voz del Gobierno? Sin duda, estamos de nuevo ante la política de la intimidación que hoy esgrime la derecha neocon europea, dedicada a encarnizarse con los más débiles para poder amenazar y amedrentar a todos los demás. Es la erótica del poder abusador.

Pero también se han producido varios hechos inconexos que exhiben como denominador común su equívoca relación con el principio de legalidad (Rule of Law o imperio de la ley): los saqueos de supermercados a lo Robín Hood para repartir alimentos a los pobres andaluces; las ficticias huelgas de hambre escenificadas por el colectivo de presos etarras para reclamar la libertad de un moribundo criminal contumaz; y la concesión de asilo diplomático en la embajada ecuatoriana de Londres a un prófugo de la justicia que se resiste a ser extraditado a Suecia (para lo que cuenta con la defensa legal de un juez español que antes de ser defenestrado se caracterizaba por prestar grandes servicios a la justicia). No entraré en la casuística de cada episodio singular, pero sí merece la pena discutir un punto que les afecta tangencialmente: ¿cuándo y cómo puede resultar legítimo vulnerar la legalidad?

Empecemos por los saqueos altruistas de supermercados con fines redistributivos (aunque el presunto altruismo resulta más que dudoso, dado que se trata de hacerse publicidad política según el viejo lema anarquista de la propaganda por el hecho). ¿Hasta qué punto el fin justifica los medios? ¿Se tiene derecho a perjudicar a los demás para defender un bien superior? In abstracto, no; pero en la práctica sí, aunque con una condición: la de presentarse después ante los tribunales para asumir la propia responsabilidad penal (como parece ser que hará el alcalde de Marinaleda pero se niega a hacer el ciberpirata Assange).

Fernando Savater lo expresó muy bien en su día, cuando, hablando como profesor de ética, sostuvo contra Kant que puede resultar legítimo violar la ley si después se asume la propia responsabilidad. Y ponía el ejemplo de un padre al que secuestran a su hijo y se le brinda la ocasión de torturar al raptor para que revele el zulo en que lo encarceló (como el de Ortega Lara, pongamos por caso). ¿Tiene derecho a ello, si está seguro de que así salva la vida de su hijo? Pues bien, Fernando sostuvo que sí, pero solo si a continuación, tras haber salvado a su hijo, ese padre torturador se presenta ante los tribunales para autoinculparse. Es lo que deberían hacer Sánchez Gordillo y Julian Assange para poder legitimar ex post sus respectivas expropiaciones y filtraciones ilegales.

Regresemos, pues, a los etarras encarcelados. Pero no para cuestionar su reclamación de libertad para los moribundos (ellos, que jamás sintieron piedad para rematarlos con tiros en la nuca), sino para discutir su petición de amnistía colectiva como recompensa por deponer las armas. ¿Qué condiciones hay que ponerles a los presos etarras para concederles posibles medidas de gracia futura? Mi postura es que exigir arrepentimiento y pedir perdón no tiene ningún sentido (o sólo lo tiene religioso). No, siguiendo la máxima de Savater, lo que debe hacer el etarra a reinsertar es autoinculparse en público (ante los Tribunales o una Comisión de la Verdad) por haber violado la legalidad y los derechos de los demás. ¿Incluye eso delatar a sus compañeros? Hasta ahí no puedo llegar. Pero para salvar este obstáculo hay una solución, y es que la denuncia no sea individual sino colectiva. Que sea la propia organización ETA, si aspira al indulto general de sus presos, la que se autoinculpe colectivamente de los crímenes cometidos en el pasado, dando los nombres de aquellos criminales anónimos que todavía están pendientes de identificar. Sólo así resultará creíble que la organización como un todo asume la democracia y la Rule of Law o imperio de la ley.

Enrique Gil Calvo

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