El 23 de febrero de 2014, tras el derrocamiento en Sebastopol de Viktor Yanukóvich, órdenes directas de Vladimir Putin empujaban a decenas de unidades acorazadas y de infantería mecanizada del poderoso ejército ruso a cruzar la línea fronteriza que les separaba de Crimea. Poco después, el 18 de marzo, la Federación Rusa engullía formalmente dicho Estado y su capital, Sebastopol, convertidos en los sujetos federales 84 y 85 de la federación. A los pocos meses, la ciudad portuaria pasó a alojar -ya de modo definitivo, y tras la revocación unilateral de los tratados que regulaban el uso conjunto con Ucrania de las bases- la flota del Mar negro y del Mediterráneo de la armada rusa.
Para encontrar un sentido geoestratégico a este movimiento del presidente Putin, tenemos que remontarnos tres años antes, a un movimiento tectónico que tuvo lugar cerca de la frontera oriental del antiguo imperio, a nada menos que ocho husos horarios y más de diez mil kilómetros, cerca del mar del Japón. También tenemos que cambiar de escenario: del mar Negro al océano Pacífico. Mirando de frente a Japón, y cerca de las fronteras tanto de China como de Corea del Norte, se encuentra la ciudad portuaria de Vladivostok. Una ciudad que no solo es la última parada del Transiberiano, sino que aloja otro de los bastiones estratégicos rusos: la flota del Pacífico de su armada.
Pues bien: fue en este lado del mundo en donde, el 11 de marzo de 2011, el Tohoku, el gran terremoto de Japón Oriental de magnitud 9, colapsó los sistemas de la central nuclear de Fukushima. Las olas de 14 metros desatadas por el tsunami resultante traspasaron los muros de contención de la infraestructura y, en los días siguientes, se produjo fusión nuclear por calentamiento en tres de los reactores, con las consiguientes explosiones de hidrógeno y la emisión de contaminación radioactiva. Hubo otras consecuencias: Merkel, que había sido defensora de la energía nuclear incluso en tiempos de Chernóbil, ordenó suspender la moratoria de 17 centrales nucleares que otorgaban a Alemania, y por extensión a la Europa comunitaria nororiental, un nivel de independencia energética de los combustibles fósiles suministrados por los gasoductos rusos de Gazprom.
Tres años después, cuando la dependencia energética de Rusia era evidente, en febrero, con el general invierno como histórico aliado, Putin actuaba en la península de Crimea. Ahora, en enero de 2022 la historia se repite en escala aumentada. El oso gigante ya tiene una zarpa sobre Ucrania. Europa, bisoña, vuelve a estar chantajeada. Y los anuncios apocalípticos de la televisión austriaca invitaban a hacer acopio de velas, baterías y agua potable.
Tanto Rusia como el resto de los proveedores energéticos de Europa, fundamentalmente caprichosas teocracias, nos invitan a reflexionar con urgencia sobre nuestro inminente futuro. España, como país de referencia en las principales iniciativas de transición energética, tiene la oportunidad de liderar a Europa en el desarrollo y la implantación de energías que, más allá del evidente combate contra el calentamiento global, garanticen la independencia energética europea y por ende su seguridad.
Ya en 2015, durante una sesión plenaria del Consejo de Seguridad Energética presidido por el Secretario de Estado de Energía y en el que asistía como vicepresidente en mi condición de director de Seguridad Nacional, se instaba a las diferentes administraciones europeas y nacionales al rápido despliegue de energías no dependientes y no emisoras de carbono como garantía para la estabilidad y seguridad de la región. Para ello era y es fundamental facilitar las vías de financiación, así como garantizar agilidad burocrática y seguridad jurídica a quienes deben acometer estas infraestructuras fundamentales.
Por otro lado, debemos ser conscientes de que la tecnología actual de generación de energía renovable no permite su almacenamiento a gran escala, de modo que su suministro depende de los factores meteorológicos. Ello la cataloga como energía intermitente, incapaz de garantizar el suministro estratégico por sí sola. Únicamente nuestros embalses -auténtica joya de la corona- tienen cierta capacidad de almacenamiento, pero es a todas luces insuficiente.
En España, la energía nuclear ha sido estigmatizada desde hace décadas. Términos como Hiroshima, Chernóbil o las armas de destrucción masiva dan rienda suelta a la demagogia, a la desinformación y al miedo. Los españoles pagamos a Francia cientos de millones al año por tratar y enterrar nuestros residuos atómicos y pocos hablan, por ejemplo, de las vidas salvadas gracias a una medicina nuclear que es vital en la lucha contra el cáncer.
En noviembre de 2013, tras una reunión con el primer ministro japonés Abe, acompañé al presidente Rajoy a la ciudad de Fukushima. Por aquel entonces sorprendía conocer que no se había perdido ninguna vida en la crisis nuclear. Más tarde, en 2018, se reconoció la primera y única víctima debida a un cáncer inducido por la exposición radioactiva.
Debemos tener claro que, a falta de una tecnología de almacenamiento masivo, las centrales nucleares existentes son la mejor garantía para llevar a cabo una transición energética sostenible a medio plazo y siguiendo los criterios de la COP21 contra el calentamiento global. Por ello los gobiernos deben garantizar su permanencia hasta que haya una alternativa real que garantice el suministro y la independencia energética de nuestra sociedad.
España, por sus características climatológicas y experiencia avalada en esta materia, puede y debe liderar en Europa una firme apuesta por la investigación y la implantación de energías renovables, que doten a nuestra sociedad de la sostenibilidad y seguridad necesarias.
Hace apenas unos días, el Gobierno envió tres buques de la Armada, el BAE Meteoro, la fragata lanza misiles Blas de Lezo y el cazaminas Sella a la zona del Mar Negro. Aunque el motivo de este despliegue, a las puertas de la cumbre que la OTAN celebrará en Madrid en junio, sea más político que disuasorio, no deja de ser consecuencia de una vulnerabilidad energética que Europa no se puede permitir.
Alfonso de Senillosa fue director de Seguridad Nacional (2011-2018) y es consejero senior en Q-Energy.