Saber callar

Las manifestaciones claras, contundentes, valientes, comprometidas, honran a quienes las hacen. Uno es siempre responsable de sus palabras y asumir los riesgos de tomar partido y posicionarse implica el peligro de equivocarse, especialmente cuando esto se produce en circunstancias de confusión, indefinición o cambio. Pero los silencios pueden resultar igualmente arriesgados y son siempre mucho más sacrificados, es decir, suponen un mayor esfuerzo sin compensación, porque no se explicitan las razones de los mismos. Los cambios de las estructuras de poder desde dentro suponen compatibilizar esa propuesta de cambio -y el cambio mismo- con la lealtad a las instituciones de las que se forma parte. Se crea una tensión entre la voluntad de cambio y la pertenencia a una estructura, a una jerarquía que se desea perpetuar, por razones consustanciales a la misma. Es esta una reacción inevitable y absolutamente lógica.

La revolución es fácil, porque supone el cambio del blanco por el negro, sin matizar, de la misma forma que en los sistemas informáticos todo se reduce al cero o al uno, al sí o al no. El cambio desde dentro es siempre, o casi siempre, evolutivo si no se quiere traicionar a la institución, y resulta más difícil y más complejo porque se quiere cambiar, pero sin destruir, sustituyendo en parte, preservando mucho de lo ya existente. Si este cambio desde el interior se hace demasiado explícito, si la denuncia de lo que se considera obsoleto o ineficiente o mejorable es demasiado explícita, se puede transitar con facilidad de la evolución a la revolución a pesar de que el planteamiento se haga sobre la primera hipótesis.

Explicar los matices es complejo y resulta también difícil de entender. La gente quiere en general saber quiénes son los buenos, cuál es la buena razón, quién la tiene y por qué la tiene. Es evidente que es más fácil explicar la revolución que la reforma, y, por tanto, es más fácil la adhesión a la simplicidad de la revolución que a la complejidad de la evolución.

Los consejos sociales de las universidades públicas son responsables del presupuesto, es decir, del gasto, y de cómo este se realiza, pero la gestión corresponde al equipo rectoral como autoridad ejecutiva máxima de la universidad. La dificultad de este esquema se deriva de que la autoridad ejecutiva superior de la universidad es el rector y de que la función supervisora del consejo social es cuestionable desde el momento en que dispone de una autoridad no ejecutiva, pero sí estructural.

Existen, pues, para el consejo social, en la estructura actual, dos alternativas: o bien ratificar lo que el equipo rectoral decide y hace o bien entrar indefectiblemente en conflicto con él cuando se produce una disparidad de criterios en base a su responsabilidad, de la que se le exigen cuentas por parte de la autoridad auditora pública en Catalunya, la Sindicatura de Comptes.

La ley de universidades actual parte de un principio perverso: da la máxima autoridad de gestión al rector, pero parecería que no se fía del todo porque imaginaría que puede estar sometido a presiones internas interesadas, y le detrae el instrumento máximo de la gestión, el presupuesto, que otorga a un consejo social que representa a la sociedad, pero que no tiene autoridad por encima de la del rector porque se define más como una balanza de poder de la línea ejecutiva que como autoridad superior supervisora. No puede funcionar otorgar la autoridad máxima a una persona y fiscalizarla por un ente que no está por encima -más bien por debajo- de esa autoridad máxima de la universidad, que en Europa desde el siglo XIII personaliza el rector. La reforma debe hacer compatibles estos dos principios. Y es también cierto que la capacidad del rector para nombrar y remover a sus colaboradores ejecutivos está asimismo limitada, y esta no es una dificultad menor para la gestión.

Deben modificarse las leyes que gobiernan nuestras universidades separando el debate inherente a la actividad intelectual y la gestión, estratificar las diferentes responsabilidades y definir la cadena a la hora de rendir cuentas, definiendo quién hace qué y quién es el responsable de qué. El traslado directo del esquema de gobierno empresarial no es tampoco válido, porque se trata de convencer a las inteligencias y alinear hasta un cierto punto las voluntades. Sin duda, este es uno de los problemas profundos del sistema de gobernanza de nuestras universidades. Es por eso por lo que hoy más que nunca se habla de su reforma, porque de la confusión en la autoridad se deriva la confusión en la responsabilidad, que no ayuda a la eficacia de la gestión.

Hacer esto desde dentro de la universidad no es fácil y es posible que, con voluntad de evolución y no de revolución en el cambio, como presidente del consejo social de la Universitat de Barcelona ya haya traspasado la difusa frontera entre el impulso del cambio y la lealtad a la institución a la que me debo. La indefinición de la frontera tendría que ser una excusa por la potencial falta aquí cometida.

Joaquim Coello Brufau, ingeniero y presidente del consejo social de la Universitat de Barcelona.

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