Por Andrés de la Oliva Santos, Catedrático. Universidad Complutense (ABC, 23/01/06):
PODEMOS encontrarnos en la recta final de una decisión de extrema importancia para todos: la aprobación inicial, por buen número de grupos parlamentarios, de un texto de nuevo Estatuto de Cataluña, que afecta a toda España. Escribo, pues, a vuela tecla, como quien dice. Procuraré ser esquemático, a sabiendas de que, con todo lo que se ha escrito ya, no haré otra cosa que insistir, como muchos otros, hasta el último momento.
En vista de que, a cuenta del «Estatut», se han traído a colación infinidad de asuntos, me importa dejar sentadas, ante todo, algunas elementalidades. Ahí van:
1ª) El día 14 de marzo de 2003, el PSOE resultó ser el partido más votado y el que obtuvo el mayor número de escaños. Me incluyo entre los innumerables ciudadanos que no encuentran hoy razones para considerar ilegítimo ese triunfo electoral y sus ulteriores consecuencias: formación del Gobierno de la Nación (así se dice, por ahora) y alianzas parlamentarias estables.
2ª) En la campaña electoral previa, los electores no fueron informados del pensamiento jurídico-político sobre España y Cataluña (más País Vasco, desde luego) del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. Con otras palabras: los electores, en general, no estaban ni tenían por qué estar sobre aviso acerca de lo que ahora está en juego. Es verdad que, en un concreto mitin en tierras catalanas, el señor Rodríguez Zapatero prometió respetar lo que en Cataluña se aprobase respecto de un nuevo «Estatut» catalán. Pero ni la generalidad de los ciudadanos tuvo noticia de ese mitin ni la concreta promesa alcanzó rango de programa electoral, desde ningún punto de vista.
3ª) En cuanto al ejercicio del poder, es archiclásica la distinción entre legitimidad «de origen» y legitimidad «de ejercicio». Quiérese decir, desde hace siglos, que quien inicialmente gobierna y decide legítimamente puede, por sus actos y sus omisiones, por su concreto ejercicio del poder, convertirse en gobernante ilegítimo. Se ha repetido en innumerables ocasiones (y, en bastantes de ellas, con fundamento) el reproche de que un Gobierno derivado de la voluntad popular se situaba de espaldas al pueblo e incluso contra su sentir y su querer. Por ejemplo, es aún muy cercano ese reproche del PSOE y de otros al segundo Gobierno del PP.
Dicho lo anterior, las últimas ocurrencias sobre «la cuestión del Estatut» merecen análisis crítico, que resumo en varios puntos:
1º) No es verdad, sino un grueso error, que la aparición de Cataluña como «nación» en el Preámbulo carezca de relevancia jurídica. Los preámbulos de las leyes tienen que aprobarse y modificarse como leyes y, aunque no sean normativos, toda la doctrina y la jurisprudencia, incluida la del Tribunal Constitucional, considera que el texto de los preámbulos es un inexcusable elemento interpretativo de lo que dicen los preceptos, uno a uno y en su conjunto. Y tampoco cabe negar que una mención de Cataluña como «nación» en el Preámbulo posee importancia en el plano político-constitucional y en el del Derecho Internacional Público.
2º) Si «en términos jurídicos y constitucionales, la nación es España», como acaba de reconocer el señor Rodríguez Zapatero, no cabe que un nuevo «Estatut» defina Cataluña como «nación», porque la redacción de un nuevo «Estatut» cabalmente ha de hacerse «en términos jurídicos y constitucionales», no sentimentales ni líricos.
3º) El señor Rodríguez Zapatero, en la misma ocasión en que reconoce que «en términos jurídicos... la nación es España», se atreve a comparar la anunciada contradicción entre Cataluña como «nación» (Preámbulo del «Estatut») y la «indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles» (art. 2 de la Constitución Española), con el hecho de que el Preámbulo de la Constitución Española contenga las expresiones «pueblos de España» y «pueblo español».
El actual presidente del Gobierno afirma que «no parece que ésta sea una gran contradicción». Ante todo, es de señalar que una contradicción con la Constitución no tiene que ser grande para resultar inaceptable. Pero, sobre todo, sucede que en el uso de las expresiones «pueblos de España» y «pueblo español» no hay contradicción alguna. Y una de dos: o el señor Rodríguez Zapatero carece de cultura general o piensa que los ciudadanos carecen de ella y aceptarán el falso símil que propone.
4º) El señor Rodríguez Zapatero persiste en eludir el hecho de que la satisfacción del sentimiento de identidad nacional que muchos tengan en Cataluña no puede lograrse en contradicción con lo que sobre identidad nacional afirma la Constitución. Y, desde luego, el señor Rodríguez Zapatero debiera considerar si una satisfacción inconstitucional del «sentimiento catalán de identidad nacional» debe pagarse al precio añadido de contrariar el sentimiento de identidad nacional de millones de españoles, que es el que se refleja en la Constitución.
Por supuesto: es abusiva y mendaz (es mentirosa: no le atribuyo tanta ignorancia al actual presidente del Gobierno) la contraposición entre su proyecto de «Estatut» y «el centralismo y la visión uniforme de España», que «no han hecho más que desunir y llevarnos al retraso». Pese a tantos acostumbramientos, aún asombra que en el año 2006 se puedan proferir frases como ésa, propias de la España de los años cuarenta del siglo pasado. Hoy, ¿de qué «centralismo» se habla? ¿De qué «visión uniforme»? ¿De qué «retraso»?
El señor Rodríguez Zapatero centra las cosas en «respetar a cada uno» y, acto seguido, sentencia que «ésta es la mejor forma de vivir integrada». Pues bien: lo que ocurre, a mi entender, es que el actual presidente del Gobierno y quienes le apoyan han decidido prescindir de respetar a la mayoría y sólo son capaces de respetar -un respeto que no cuesta mucho- a una minoría en que ellos se integran. Así, están prescindiendo de respetar el sentir del pueblo, como queda probado por su resistencia a consultarle. Sin respaldo popular expreso ni tácito a lo que se proponen hacer con este país, porque nada de eso fue objeto de la campaña electoral, van a contradecir la Constitución en vigor, con el cínico añadido de pretender que la Constitución les importa.
El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero se encuentra a una ínfima distancia de ser ilegítimo. Porque ésa es la distancia, ya apenas apreciable, que le separa de un enorme abuso del poder, de consecuencias verdaderamente indecibles. Y no se diga que poseer una mayoría parlamentaria es incompatible con tal abuso. Desde que hay parlamentos, la Historia, reciente y lejana, demuestra lo contrario.
A mi entender, fue un gran error meter a España en la guerra de Irak. Pero el señor Rodríguez Zapatero no debiera gobernar por más tiempo apoyado en ese y otros errores del señor Aznar. Meter a España en una guerra es cosa grave. Sacar a España de sus casillas es letal. Y, digámoslo a las claras, ese de la desarticulación de España (salvo como «mercado», por supuesto) es el camino que sigue el presidente del Gobierno. Cuando ese presidente afirma, bajo la inane bandera de la «democracia avanzada», que lo que significan las palabras y los conceptos es algo despreciable, por lo que no vale la pena dar ninguna batalla, es lógicamente obligado concluir, con serenidad y tristeza, que el Gobierno y sus aliados, al borde de la ilegitimidad, están dirigidos por alguien capaz de los mayores dislates y atropellos, puesto que no existe para él nada cierto ni verdadero, salvo sus propósitos.