Salario mínimo y desempleo

Es difícil erradicar del imaginario popular la percepción de que quienes proponen subidas del salario mínimo son benefactores de los trabajadores y quienes se oponen a ellas atentan contra su bienestar. Como sucede con harta frecuencia en otras cuestiones económicas, en la trama del salario mínimo la opinión popular se equivoca al asignar los papeles de amigos y enemigos de los trabajadores.

Para buena parte de la opinión pública, el salario siempre es inferior a lo que debería, y podría ser porque es el resultado de una decisión arbitraria del empleador, de manera que sólo puede haber efectos positivos si a dicho empleador se le obliga por ley a efectuar una subida salarial. Partiendo de este axioma, es inevitable concluir que quienes se oponen a esta medida defienden los intereses de los empleadores y quienes la promueven, los de los trabajadores. Así, subir el SMI es ser de izquierdas y progresista, tanto más cuanto más se suba, y oponerse es ser de derechas y reaccionario.

Salario mínimo y desempleoEste silogismo, tan caro a las concepciones populistas de la economía, es falaz porque el principio de partida es falso. En las sociedades capitalistas, y mal que pese a una parte del Gobierno la nuestra lo sigue siendo, el salario (el coste laboral, para ser más preciso) no es arbitrario, sino que guarda una estrecha proporción con la productividad y el empleo. Si lo que los empleados le cuestan a los empleadores supera lo que aquellos producen se reducirá el empleo. El Gobierno puede fijar el nivel del SMI que quiera, pero si dicho nivel supera la contribución a la producción que puedan realizar determinados tipos de trabajadores descenderá la demanda de estos trabajadores, ya sea mediante despidos o reducciones de jornada u horas trabajadas o prolongando su permanencia en el paro. Así pues, no se puede dar por sentado que las subidas del SMI benefician a todos los trabajadores. Si la subida del SMI aumenta la renta de unos trabajadores pero reduce la de otros, ya sea porque se acorte su jornada o pierdan su empleo o porque les impide encontrar empleo y salir del paro, entonces dicha medida sería muy perjudicial para esos otros. Esos otros trabajadores son los jóvenes y los menos cualificados, los trabajadores con productividad muy baja y sustancialmente inferior al coste laboral asociado con el SMI. Nótese que los trabajadores potencialmente afectados por las subidas del SMI no son únicamente aquellos cuyos salarios se sitúan alrededor del mínimo, sino también los parados que podrían haber encontrado trabajo en ausencia de dichas subidas o que se les ofrecen menos contratos indefinidos a tiempo completo y más contratos temporales y a tiempo parcial como consecuencia de las mismas.

Es cierto que algunos economistas y organismos internacionales han recomendado subidas del SMI en algunos países desarrollados cuyas tasas de paro son cercanas al pleno empleo. Sin entrar en el análisis de la bondad de estas recomendaciones para esos países, se puede afirmar con rotundidad que la situación del mercado de trabajo español no tiene parangón con la de prácticamente ningún otro país desarrollado. Las tasas estructurales de paro general, de paro juvenil, de paro de muy larga duración y de paro de trabajadores de baja o muy baja cualificación son obscenamente elevadas en nuestro país, entre dos y tres veces superiores a las medias correspondientes de los otros países de la OCDE. Otro tanto ocurre con la economía sumergida en España, que se alimenta en parte de las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y cuyo tamaño es mayor que el de la mayoría de los países avanzados. El efecto conjunto de cotizaciones sociales y salarios mínimos elevados, no sólo el SMI, sino también los mínimos de muchos convenios provinciales y sectoriales, es una de las causas de esta lamentable situación laboral. Esto es debido a que las bolsas de trabajadores de baja productividad, notablemente inferior al coste laboral impuesto por las cotizaciones y los salarios mínimos, son más amplias en España que en el promedio de esos otros países. La mayor magnitud de la población de baja productividad de nuestro país obedece a tres razones. En primer lugar, a las altas tasas de abandono escolar durante muchos años, cerca del doble del promedio correspondiente a los países de la OCDE. En segundo lugar, a la más baja cualificación de nuestros trabajadores inmigrantes en comparación con los países de nuestro entorno. Finalmente, a la considerablemente menor eficacia de nuestros programas de formación profesional.

En estas circunstancias, no ya seguir subiendo sino no bajar el salario mínimo es un atentado contra las posibilidades de empleo y la trayectoria laboral de los trabajadores más vulnerables. Las subidas del SMI de estos años no impedirán que el empleo crezca en la etapa de recuperación económica, si bien lo hará a menor ritmo y será de menor calidad de lo que habría acontecido en ausencia de las mismas, y provocarán que caiga con más fuerza en la fase recesiva. Consecuentemente, aumentará el paro estructural. El incremento sostenido y simultáneo de los salarios reales y el empleo de una sociedad sólo es posible si la calidad de su capital humano y de su capital físico crecen proporcionalmente más que su población activa y la aplicación de los avances tecnológicos u otras mejoras de la asignación de recursos aumenta la productividad total de sus factores productivos. Desgraciadamente, este programa de política económica es incompatible con el ideario de un Gobierno cuya ministra de Trabajo considera el mercado de trabajo como un campo de batalla entre explotadores y explotados.

José Luis Feito es economista y miembro de la junta directiva de CEOE.

1 comentario


  1. Le ha faltado añadir que percibimos unos salarios, de media, bajos en relación al coste de la vida lo que haya que haya una gran cantidad de dinero (% de salario) dedicado a cosas que no generan empleo: alquiler de viviendas que no se reforman y objetos que no se renuevan (muebles, electrodomésticos, coches)

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