Desde hace varios meses, el Gobierno se encuentra inmerso en una política descontrolada de recortes y desmantelamiento de los servicios públicos básicos y de los derechos conquistados en los últimos años. Primero empezaron con la reforma laboral, continuaron con la subida de impuestos y llegaron a una reducción tan fuerte del presupuesto en educación, sanidad y dependencia que, en la práctica, hacían inviable sostener dichas prestaciones con las condiciones que las habíamos conocido hasta ahora. Desde el primer momento, el Partido Socialista se opuso a esta agresión desmesurada a nuestro Estado de bienestar; no solo porque el gasto social era relativamente bajo si lo comparábamos con los países de nuestro entorno, sino porque es en los momentos de crisis económica cuando más necesario se hace fortalecer el sistema de protección social. A nadie se le escapa que son precisamente los grupos sociales más vulnerables (parados, jubilados, jóvenes y mujeres) los que más van a sufrir los efectos de estas decisiones, porque son los que menos recursos tienen para atender a sus necesidades básicas.
Sabíamos que era necesario hacer ajustes y cumplir con nuestras obligaciones de reducción del déficit público, pero defendimos un modelo alternativo que no ahogara el crecimiento y que no dejara abandonada a su suerte a determinados sectores de la población. Pero el Partido Popular ha decidido afrontar esta coyuntura en solitario y aprovechar la crisis económica para debilitar la estructura de servicios públicos consolidados en los últimos años. Y, siendo todos ellos imprescindibles para la ciudadanía, lo que más nos preocupa ahora es que destruyan nuestro sistema sanitario. El problema no es que se dedique más o menos recursos a mantener las prestaciones y servicios —que también—, sino que se cambie un modelo que goza de un gran prestigio, eficacia y calidad por otro que nadie sabe cómo quedará. ¿Por qué cambiar lo que funciona? ¿Por qué renunciar a lo que es un ejemplo para muchos países? ¿Por qué privar a la ciudadanía de un derecho básico que les garantiza seguridad frente a la enfermedad y adversidad? Sencillamente, porque el Gobierno no cree ni en la universalidad ni en el carácter público del derecho. De hecho, lo que se pretende con los cambios planteados es pasar a un sistema de seguros que dejaría fuera del mismo a importantes sectores de la población. Tras las críticas recibidas y las presiones que hemos realizado desde los partidos, sindicatos, entidades sociales y organizaciones profesionales, el Gobierno se ha visto obligado a rectificar e introducir algunas correcciones a sus planteamientos iniciales, pero el daño al Sistema Nacional de Salud ya está hecho, y la incertidumbre y el desasosiego se han instalado entre profesionales y pacientes.
Algunos pensionistas ya se están encontrando con dificultades por no poder adelantar el pago de sus medicamentos, otros se encuentran con que algunos de los que consumían de manera habitual van a quedar fuera del sistema público de financiación. No saben si su médico les va a ofrecer otro alternativo o tendrán que pagarlo de su bolsillo. Parece que los enfermos crónicos tendrán algunas excepciones a la norma general, pero no queda claro cuáles. En fin, demasiados interrogantes para un supuesto ahorro que no se acaba de concretar. Como siempre, existían alternativas para reducir el gasto, pero el Gobierno, de nuevo, ha demostrado muy poca sensibilidad social. La más evidente y dramática es la decisión de dejar fuera de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, precisamente porque son el colectivo más vulnerable. Se trata de una decisión reprobable desde el punto de vista ético y de justicia social, pero también rechazable desde una posición de preservación de la salud pública general. Llama la atención que el Gobierno ni siquiera haya atendido al criterio de los profesionales cuando alertan de que, finalmente, muchas de estas personas acudirán a las urgencias para ser tratadas, con la consiguiente saturación del servicio; que no se haya valorado el riesgo de salud pública cuando no se traten determinadas enfermedades, y, lo que es más grave, que personas enfermas puedan morir por falta de atención médica. Esto es lo que ha motivado a centenares de profesionales no solo a criticar la medida, sino a objetar el cumplimiento de la misma. Y lo hacen basándose en su código deontológico, algo que el Gobierno no puede ignorar. La fuerza de sus argumentos es tal que muchas comunidades autónomas han decidido seguir atendiendo a inmigrantes en situación irregular, no solo las que están gobernadas por el Partido Socialista, pues son conscientes de que este colectivo representa un porcentaje muy bajo al tratarse, en su mayoría, de personas jóvenes y sanas.
España es un gran país que está pasando un mal momento, pero la clave está en acertar en las decisiones para que, en este proceso, no se convierta en uno pequeño. No es indiferente el modelo de salida de la crisis porque, cuando la dejemos atrás, tendremos que haber puesto en marcha una senda de crecimiento sostenible y competitivo en un mundo globalizado. Y además tenemos la obligación de consolidar nuestro Estado de bienestar para garantizar una sociedad más igualitaria, más justa y más libre. Eso es lo que caracteriza a los países más avanzados.
Trinidad Jiménez es secretaria de Política Social del PSOE y fue ministra de Sanidad.