La crisis de la COVID-19 ha alterado casi todos los aspectos de la vida, excepto el sexo. Durante una pandemia ocurren actos íntimos deseados y no deseados. Puesto que hay una menor capacidad de transporte y menos acceso a clínicas y hospitales, es más importante que nunca asegurar una atención de salud reproductiva oportuna y de calidad.
El virus ha puesto al desnudo las fuertes desigualdades de acceso a la medicina, y no solo en urgencias. Incluso antes de la COVID-19, las adolescentes, los migrantes, las minorías, las personas con discapacidades y las personas LGBTQI+ sufrían discriminación en las salas de espera médica. La crisis es una oportunidad para que las autoridades apoyen iniciativas de empoderamiento de mujeres y jóvenes sobre sus necesidades inmediatas y de mejora del acceso a servicios de importancia crítica en el largo plazo.
La primera prioridad es hacer posible la venta de anticonceptivos orales sin receta médica, lo que elevará su seguridad, acceso y consumo. En la mayoría de los países se exige receta, lo que impide a las mujeres controlar plenamente sus propios cuerpos. También puede obstaculizar el acceso de una paciente a una atención sin abusos ni violaciones a su privacidad. Esto es particularmente cierto para las adolescentes, las personas no conformes con el género que se les asignó al nacer, las víctimas de violencia doméstica y otros que teman sufrir discriminación o falta de respeto en entornos clínicos.
Los beneficios de elevar la disponibilidad de los anticonceptivos superan con mucho sus desventajas menores. La evidencia indica que las mujeres y las personas transgénero pueden autoanalizarse acerca de las contraindicaciones mediante simples listas de verificación que se provean junto con el medicamento. Posibilitar que las personas obtengan insumos por un año, de modo que puedan autoadministrarse medicamentos inyectables como Depo-Provera, beneficiaría a quienes se encuentran en situaciones de violencia y a otros que tienen dificultades para acceder a servicios de salud. También sería de ayuda eliminar las exigencias de autorización por terceros y reducir los costes de los anticonceptivos.
En segundo lugar, tenemos que hacer que el aborto sea más accesible. Aunque es un procedimiento médico esencial, se ha reducido la disponibilidad de abortos hospitalarios debido a políticas regresivas y a los confinamientos recientes. Las autoridades pueden y deben decidir pasos simples para eliminar los obstáculos innecesarios para el aborto con pastillas, lo que ampliaría la libertad de las mujeres y reduciría las visitas a la clínica.
Los abortos médicos son seguros y eficaces. Millones de mujeres interrumpen sus embarazos cada año, usando una combinación de mifepristona y misoprostol, o misoprostol solo. No hay necesidad de visitar al médico. Las personas que buscan abortar pueden evaluar si son elegibles, seguir instrucciones sobre las dosis correctas y determinar si el aborto funcionó. No necesitan más que información precisa, los medicamentos y, de ser necesario, acceso a atención profesional de apoyo.
La mejor manera de aumentar el acceso al aborto es hacer que la mifepristona y el misoprostol puedan comprarse sin receta. Como mínimo, las autoridades deberían facilitar su obtención a través de la telemedicina, lo que es viable y seguro en tanto las consumidoras sepan qué esperar y puedan recibir atención postaborto sin juicios, estigma ni temor a que se las acuse judicialmente. No se debería acosar ni penalizar a quienes se hagan sus propios abortos.
Los cuidados maternos de calidad también son cruciales en la era del coronavirus. En una pandemia, las mujeres embarazadas sufren el mismo estrés que los demás. Se enfrentan a la inseguridad laboral, pérdida de ingresos, cambios en la cobertura sanitaria y situaciones que amenazan su propia salud. Y, además, están las preocupaciones específicas acerca de la salud de sus fetos y bebés recién nacidos.
En muchos lugares, los saturados sistemas de salud pública no pueden ofrecer a una embarazada el nivel de atención materna que ella esperaba –y recibió- antes de la pandemia. Para abordar este problema, los profesionales sanitarios deberían ayudar a las mujeres embarazadas a practicar más autocuidados, indicándoles la información y las herramientas adecuadas, como la telemedicina, la educación en línea, visitas domiciliarias de matronas y otros profesionales, apoyo sicosocial y amplias capacidades de diagnóstico.
Con estas medidas se lograría que las mujeres embarazadas puedan monitorear mejor su propia salud, den respuesta a síntomas comunes, identifiquen signos de complicaciones y sepan cuando buscar atención profesional. Y, de hacerlo, tienen que poder acceder a las clínicas y los hospitales, incluso si hay confinamientos vigentes., lo cual significa contar con transporte de emergencia y equipos de protección personal para las embarazadas y sus acompañantes.
Más aún, las autoridades deberían ampliar las iniciativas de desmedicalización del nacimiento. Se podría lograr partos más seguros para las embarazadas y los profesionales con medidas como partos en el hogar para embarazos de bajo riesgo, presencia garantizada de matronas, instalaciones especializadas en partos vinculadas a la atención terciaria y visitas domiciliarias para cuidados prenatales. En muchos países se ha puesto el acento en la atención institucionalizada, a pesar de que el parto desmedicalizado es ventajoso la mayor parte del tiempo, no solo en una crisis.
Debemos evitar la adopción de medidas irreflexivas. Sería una señal de involución restringir o prohibir la presencia de parejas o asistentes del parto, separar al recién nacido de madres que tienen (o se sospecha que tienen) la COVID-19, o interferir con el contacto temprano de piel a piel, incluida la lactancia. La Organización Mundial de la Salud ha advertido a los profesionales sanitarios que se abstengan de hacerlo al atender embarazadas, padres y recién nacidos. Eso es esencial para prevenir un aumento de la violencia obstétrica o resultados peores para las mujeres y sus bebés.
Los gobiernos que no eliminen las barreras a la atención se arriesgan a acabar con sistemas de salud fracturados e incapaces de satisfacer las necesidades de todos. En el largo plazo, las inversiones en empoderamiento de las personas fortalecerán el sistema de salud y la calidad de la atención. Con la educación y el apoyo adecuados, la gente puede atender por sí misma sus necesidades de atención de salud sexual y reproductiva. Las autoridades deben darles el poder y las herramientas para lograr hacerlo.
Shannon Kowalski is Director of Advocacy and Policy at the International Women’s Health Coalition. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen