Cualquier observador extranjero que conozca bien lo que está acaeciendo actualmente en España se estará preguntando por la razón de por qué durante la campaña anterior al 28 de abril, prácticamente no se debatió, e incluso se eludió, el problema más grave que tenemos en este país. Me refiero naturalmente no solo al problema catalán, sino a algo más amplio que lo engloba y que consiste en la falta de un modelo racional y estable del Estado descentralizado tal y como pretendía construir la Constitución.
La cruda realidad en España, en estos momentos, es que asistimos a un fenómeno que no creo se haya dado alguna vez en el mundo y que podríamos denominar como el "síndrome de las dos Penélopes". Es sabido que en el genial libro de la Odisea, Penélope ansiaba el regreso de Odiseo, su marido, que había partido para participar en la guerra de Troya, pero terminada ésta, pasaba el tiempo y su amado no regresaba, hasta el punto de que algunos le dieron por muerto. De ahí que muchos pretendientes la cortejaran para que aceptara volver a casarse, a lo que ella se resistió en un principio, pero para desembarazarse de los moscones prometió que aceptaría un nuevo matrimonio cuando acabase el manto que estaba tejiendo para el Rey Laertes. Sin embargo, la eterna tardanza le obligó a prologar aparentemente la impaciente espera mediante una trampa, porque lo que tejía de día, lo destejía de noche, sin que nadie se diera cuenta de que el manto no crecía, con el fin de no perder la esperanza de que volviera la persona de quien estaba enamorada.
Pues bien, esta sugestiva historia de la mitología griega, la hemos superado en la política española, pues lo que hemos conseguido es que no sea una la que hace las funciones de construir y destruir algo al mismo tiempo, sino que tenemos dos Penélopes, una que teje el manto para acabarlo de una vez y otra que, ante la pasividad del Gobierno, lo va destejiendo como si de rien n'etait. En consecuencia, en el primer caso, podríamos poner como ejemplo de tejedores eficaces a los fiscales y al excelente juez Marchena, que preside con todo rigor la sala de lo penal del Tribunal Supremo y del que esperamos, después de unos meses de un riguroso juicio, una sentencia justa, que consista en la condena de los procesados por el delito de rebelión o por el que decidan. Pero, por otro lado, está el destejedor o la segunda Penélope, en este caso, el Presidente Torra y la Generalitat, que consideran que este juicio es una farsa y piensan en la absolución inmediata de los procesados. En consecuencia, se sigue destejiendo el manto jurídico que encubría el golpe de Estado y se siguen tomando medidas con vistas a conseguir la independencia y la República, esperando mientras tanto a ver si llega Godot. Pondré algunos ejemplos de que el Gobierno de Sánchez, como antes el de Rajoy, no han impedido que se acabe el manto de una vez: Torra parece que no descarta un choque armado en Cataluña y, por tanto, este Napoleón de bolsillo está aumentando el número de efectivos de los Mossos y poniendo a su cabeza a claros independentistas. Pero hay más. Han conseguido que un órgano tan importante para la economía como es la Cámara de Comercio catalana, haya sido inundada de separatistas, comenzando por su nuevo Presidente. No ponen en duda que en Cataluña se sigue la hoja de ruta que trazó Pujol, el capo di mafia, que mantiene aún su poder. Siguen controlando los más importantes medios de comunicación, empezando por TV3. Han puesto en libertad a Oriol Pujol, que tenía que pasar dos años en prisión, mediante un subterfugio ilegal. En este sentido, la Generalitat, una vez que haya sentencia, controlará la libertad de los condenados siguiendo el ejemplo anterior, estando por medio los indultos. Como consecuencia de la política separatista se está produciendo una desandada de jueces no catalanistas favorables a la creación de una república. No se ha hecho nada para detener la acción en el extranjero, a través de las embajadas catalanas, de una política dirigida a mantener que España es un país represivo. Es significativo que la portavoz de Junts per Cat pensase ir a la consulta con el Rey luciendo el famoso lacito amarillo, que significa que los que dieron el golpe de Estado son presos políticos, lo cual es una incongruencia si pensamos que despachan en la cárcel y que han podido tomar posesión de sus escaños sin jurar la Constitución. Además pueden dar mítines, escribir en la prensa y reunirse con sus familiares cuando les place. Por ejemplo, en La Vanguardia del 9 de junio, se ha publicado un artículo de Jordi Cuixart, que comienza: "Hoy hace 600 días que soy un preso político...", en el que mezcla churras con merinas, citando a Antígona, a Rawls, a Dworkin, a Martin Luther King y menciona hasta una sentencia de la sala penal del Tribunal Supremo. En definitiva, me gustaría decirle dos cosas: una, ¿cree realmente que en un país en dónde hay presos políticos podrían éstos escribir en un periódico importante? Y, otra, le recomiendo, ya que tiene tiempo, que lea lo que dicen Kelsen o García de Enterría, por ejemplo, sobre lo que es un Estado de derecho, para no decir esas gansadas en las que confunde la desobediencia civil con un golpe de Estado, en un país tan democrático o más que otros de Europa.
En suma, la consecuencia de todo lo dicho es que aún falta, al margen de los pactos que se vienen realizando desde el 26 de mayo para resolver problemas importantes, pero de menor cuantía, la verdadera madre de todos los pactos que es el que tiene que realizar Pedro Sánchez para acabar con el golpe de Estado y resolver el problema básico de la subsistencia de España como nación. Estamos en una situación gravísima, aunque la mayoría de los españoles estén pensando en las arenas doradas de las playas soleadas. Si no se detiene el avance del separatismo catalán, es decir, si dejamos que los separatistas catalanes (ERC), que por primera vez son mayoritarios en el Congreso, sigan destejando la túnica de Penélope, se acabaran suprimiendo todos los vínculos, que son ya pocos, los que se mantienen aún con España. Pero no solo se trata del problema catalán, el verdadero problema es el de la organización territorial del Estado, cuyas bases para llegar a donde hemos llegado se pusieron en el nefasto Título VIII de la Constitución. No hay duda de que la única solución para intentar resolver este embrollo, pasa por la reforma forzosa de la Constitución. Y de ahí entramos ya en la cuestión fundamental que afecta hoy a España, esto es, la palabra la tiene Pedro Sánchez para saber si España sigue navegando o se hunde en las aguas del océano.
Es más: Pedro Sánchez debe ser consciente, como dijo el sociólogo alemán Robert Michels en el siglo pasado, de que "quien ha adquirido poder se reforzará siempre por consolidarlo y extenderlo, por multiplicar las murallas que defienden su posición y por sustraerse al control de las masas. Bakunin, el fundador del socialismo anarquista, afirmaba que la posesión de poder transformó en tiranos aun a los más devotos amigos de la libertad". Sea lo que sea, creo que Michels tiene toda la razón, porque sigue diciendo: "Es verdad que el ejercicio del poder produce un cambio profundo en el carácter". Lo cual quiere decir que tan cierto es que un político que solo busca el poder para sí mismo, puede cambiar y llegar a la convicción de que el poder es el arma más poderosa para poder cambiar la sociedad a mejor, como lo contrario. Es decir, Pedro Sánchez tiene la posibilidad de pasar a la Historia como un villano o como un estadista que hizo progresar a su país en unos momentos muy difíciles.
Todo esto viene a cuento porque el dilema que se le presenta, consiste en elegir bien un Gobierno de coalición con Ciudadanos, lo cual sumaría 180 diputados, es decir, más de 176, que es la mayoría absoluta o bien, por el contrario, formar un Gobierno de coalición, o simplemente de apoyos concretos, con los partidos populistas, nacionalistas y separatistas. Si opta por esta segunda opción, no solo no resolverá el problema de España, sino que pondrá las bases para su disolución y entonces no solo tendremos el problema catalán, sino también el vasco, el navarro, el de Baleares, el de Valencia y hasta incluso el de Canarias.
Por tanto, si se decide por esta opción, no logrará ni la estabilidad necesaria para gobernar, ni tampoco le garantizaría los cuatro años por los que suspira para seguir en La Moncloa. En consecuencia, no tiene más remedio, como desea la mayoría de españoles sensatos, que formar un Gobierno de coalición con Ciudadanos para poder gobernar y para lograr la urgente reforma de la Constitución, pues contaría también para ello con el apoyo del PP. Así las cosas, la responsabilidad no es únicamente de Pedro Sánchez, sino, en este caso, especialmente, de Albert Rivera, quien debe no solo tener en cuenta sus intereses, sino los intereses de España, puesto que ya nos ha demostrado que es un patriota, aunque a veces le pierda su ambición. Por lo demás, si es conveniente que cambie su opinión de Pedro Sánchez -o viceversa-, tendrán que hacerlo, porque, la condición humana admite todas las variaciones y transmutaciones posibles sobre todo cuando se busca el bien común...
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.