Una de las razones por las que algunos puristas han puesto en entredicho el legado político de la Transición es que esta se llevó a cabo de la ley (franquista) a una nueva ley que ya no lo era. A su entender, esa mancha de origen invalida todo el proceso.
Tal forma de verlo es un disparate político. Pero ha tenido cierta repercusión.
Poco después de la victoria por mayoría absoluta del PP en 2000, empezó a cundir en amplios sectores del PSOE la idea de que algo tenía que estar mal en el sistema político si la derecha podía obtener el refrendo mayoritario de los españoles.
La causa de esa 'anomalía' reside en que, a su modo de ver, cualquier elección constituye un grave error político que atenta contra la verdadera democracia, contra el progreso y contra sus intereses e intenciones de fondo.
Este análisis refleja la convicción antiliberal de cierta izquierda. Convicción encarnada en la afirmación de Simone de Beauvoir en el prólogo a su libro sobre el pensamiento político de la derecha: "La verdad es una y el error es múltiple, por eso la derecha profesa el pluralismo".
La democracia entendida como alternativa le parece a la izquierda un error liberal porque la democracia sólo puede ser verdad en el socialismo.
De esa convicción antiliberal surgió el germen de la deslegitimación de la Transición y el intento por enlazar con la legitimidad luminosa (según la acaba de calificar Pedro Sánchez) de la Segunda República. Y, con ello, el despliegue de operaciones en las que, hasta ahora, se han implicado las dos patas de la izquierda.
En ello estamos. En una fase en verdad peligrosa y destructiva a la que sólo podría poner freno y marcha atrás una rotunda victoria electoral de signo distinto.
Esa izquierda que insiste en deslegitimar la Transición, y que se toma a beneficio de inventario el pacto constitucional, está procediendo de manera similar al proceso de reforma política previo a las elecciones de 1977. Sólo que en el sentido contrario.
Con ese proceso se pasó desde un régimen autoritario a una democracia abierta. De la ley a la ley. Con Pedro Sánchez y sus políticas estamos debilitando un sistema de democracia liberal, con pluralidad de poderes y limitaciones precisas, para pasar a un régimen autoritario en el que el mandato obtenido en las urnas y revalidado en el Congreso es fuente exclusiva y excluyente de legitimidad.
Este poder sin otro límite que el de la fuerza pretende suprimir cualquier contrapeso y anular todo control antimayoritario, lo que implica transitar de la democracia al autoritarismo y, al menor descuido, al partido único.
Esta especie de transición al revés pretende lo contrario que la primera Transición. Aquella quería introducir a la izquierda en el sistema, y bien que lo consiguió. Esta pretende excluir por completo a la derecha.
Aquella quería que se desarrollase una democracia sin dogmas políticos, hasta el punto de edificar una Constitución no militante en la que cabrían hasta sus enemigos. Esta pretende consolidar de manera definitiva los nuevos dogmas de la izquierda en su forma más extrema.
Aquella tuvo soporte en una amplísima mayoría ciudadana y se fue haciendo a ojos vista. Esta se está perpetrando casi en la oscuridad y con toda especie de disimulos.
La Transición apostó por la monarquía constitucional como modo de preservación de la unidad de la nación y de su legado histórico. La transición al revés de Sánchez apunta a una República que permitirá crear una nueva España y que reescribirá la historia al dictado exclusivo de sus prejuicios.
La Transición se hizo llamando a la política a los mejores, que estaban en sus actividades profesionales y privadas. La de ahora se empeña en colocar a los elegidos y a sus familias para que nada escape a su control. Véase el caso del marido de Nadia Calviño, ya que hablar del caso de la ministra de Igualdad parece de mala educación.
Tal vez lo más sorprendente de este proceso involutivo de las libertades y destructivo de la igualdad ante la ley sea el que se haga bajo la advocación de la inclusividad. Bajo el cínico mantra de que "nadie se quede atrás".
Es necesario leerlo con un cinismo digno de las pesadillas de George Orwell: "Que nadie se quede atrás, pero que nadie se nos ponga por delante".
El antecedente inmediato, y lo que impulsa este programa involutivo, se encuentra en el llamado proceso catalán. Por su mala cabeza, el secesionismo se dio de bruces con la fortaleza del Estado, que es algo que existe y resiste más allá de la inanidad política de los dirigentes cuando estos se muestran incapaces de afrontar un reto que no se puede resolver de forma rutinaria con las triquiñuelas administrativas habituales.
La independencia de Cataluña fue imposible a pesar de que esos personajes que decían conocer los resortes políticos, pero que desconocían a conciencia la historia de España, se pusieron de perfil cuando un grave riesgo nos amenazaba.
¿Pasará lo mismo ahora que Sánchez está desmontando de manera minuciosa los sistemas de control del Poder Ejecutivo? ¿Seremos capaces de cortar por lo sano esta transición al revés que impulsa el Gobierno?
Desde que gobierna Sánchez se ha instalado una especie de Estado de excepción con el más melifluo de los ropajes. El Parlamento ha sido privado de cualquier función de control y ha perdido su capacidad de designar miembros del Consejo General del Poder Judicial (entregado de la manera más chapucera a Moncloa y a Génova, una deformación en la que el PP no está libre de responsabilidades).
Sánchez también ha promulgado más de 120 decretos leyes bajo la falsa excusa de la urgencia y con medidas de dudosa constitucionalidad (como los encierros por la Covid).
También está dispuesto a desmontar, pieza a pieza, los mecanismos jurídicos pensados para proteger a las instituciones de su apropiación por el Gobierno de turno.
Sánchez seguirá con sus arbitrariedades hasta tener un Tribunal Constitucional que se pliegue a sus necesidades políticas, y a las descaradas y malintencionadas reformas del Código Penal, para que desaparezca de este cualquier tipificación razonable de los graves hechos contra la Constitución que han perpetrado sus socios de legislatura.
Si Sánchez consuma su propósito y no se revierten a tiempo sus atentados al orden constitucional, nuestra democracia enfermará de manera acaso definitiva. Las democracias pueden morir, y de hecho han perecido en ocasiones, a manos de caudillos o de tumultos incontrolables.
Hay que tener esperanza en que la nuestra, pese a todos sus defectos, se resista a desaparecer. Confiar en que nuestras instituciones se opondrán al paso de una democracia liberal a un sistema autoritario y sin controles.
Pero, sobre todo, hay que esperar que los electores expresen su rotundo rechazo a esta transición al revés en la que nos ha embarcado Pedro Sánchez con el desinteresado apoyo de los que afirman que 'democracia' y 'española' son términos contradictorios.
La única manera de evitar un paso atrás será dar varios pasos hacia delante. Hacia una democracia más abierta y sólida, más respetuosa de las libertades y los derechos de todos, no sólo de los de algunos.
España entró en un proceso de cambio y de mejora con la adquisición de la libertad política, hace ya mucho tiempo. Pero ese impulso parece haberse estancado y ahora nos amenaza un nuevo movimiento pendular. Una marcha hacia atrás cuyo impacto negativo en la vida política y civil no podrá ocultarse por mucha que sea la fraseología que se emplee para disimular el carácter liberticida y contrario a la igualdad de esta insensata transición al revés. Hacia un totalitarismo tan cínico como estéril e implacable.
José Luis González Quirós es filósofo y analista político. Su último libro es 'La virtud de la política'.