"Los espías no son policías, ni tampoco creen tanto en el realismo moral como a ellos les gustaría. Si tu misión en la vida consiste en obtener traidores para tu causa, no puedes quejarte cuando resulta que uno de los tuyos –por mucho que lo quieras como a un hermano, lo aprecies como colega y compartas con él todos los aspectos de tu labor secreta– ha caído en manos de otros. Es una lección que yo había aprendido bien para la época en que escribí El espía que surgió del frío. Y cuando más adelante escribí El topo, la turbia lámpara de Kim Philby iluminó mi camino".
Este párrafo de las memorias del gran maestro de las novelas de intriga, John le Carré, tituladas Volar en círculo, me ha transportado imaginariamente a esa extraordinaria ciudad española que es Barcelona, que carecía precisamente, dentro de la compleja trama de su absurdo intento separatista, de la veta del espionaje ruso a fin de conferirle incluso un mayor atractivo. Como ya es sabido, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha reunido con su homólogo ruso para tratar de las investigaciones que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre las misteriosas actividades de un espía ruso que se detectaron en Cataluña durante los días previos al 1 de octubre de 2017, fecha del inconstitucional referéndum de autodeterminación. En unos acontecimientos que todavía no están aclarados ni se pueden dar por concluidos, las huellas del espionaje ruso pueden dar más alas a la fantasía, porque el embrollo catalán tiene más que ver con los relatos de John le Carré que con las teorías jurídicas de Hans Kelsen.
Pero, como digo, todavía los dados siguen rodando, porque la pieza clave para encontrar una solución que sea la más jurídica posible pasa por la creación de un Gobierno presidido –si no hay otro remedio– por Pedro Sánchez. Ahora bien, salvo que ocurra un milagro, es algo que parece totalmente inevitable. Sin embargo, hablando no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente. Para comprenderlo mejor hay que analizar cuatro cuestiones: la posibilidad de un Gobierno de coalición; las negociaciones especiales con ERC; la viabilidad de que Sánchez consiga su investidura; y las posibilidades, si la alcanza, de que pueda mantenerse mucho tiempo ese Gobierno de coalición.
De entrada, veamos algo que parece evidente. En efecto, el PSOE, con grandes alharacas, está anunciando que por primera vez en la historia de nuestra democracia dos partidos han firmado formar un Gobierno de coalición. Pero esto es pura música celestial, porque ellos solos no suman más que 155 diputados, aunque puedan obtener, junto a otros grupos de parecido pelaje, los 176 diputados necesarios para legislar. Pero el problema principal no es este de naturaleza cuantitativa, sino cualitativo. Los Gobiernos de coalición, tan corrientes hoy en Europa, exigen para poder gobernar que sus ideologías sean lo más afines posibles o, dicho de otro modo, que no sean incompatibles entre sí. En el caso que nos ocupa, sin profundizar demasiado en el arcón de las ideas, basta con examinar concretamente tres para comprobar que PSOE y Podemos no pueden formar un Ejecutivo estable. La primera es que Podemos es un partido que quiere acabar con el llamado régimen del 78 para que España se convierta en una República. La segunda es que Podemos sostiene que es un país "plurinacional", lo cual es demostrar una ignorancia supina de la historia del constitucionalismo. La Monarquía europea intentó construir durante siglos un poder monopolizado por el Estado. El mayor triunfo de la Revolución francesa radica en que no sólo mantuvo la esencia de este poder sino que, además, –no sólo metafóricamente– logró transferir el poder absoluto a la Nación, conservando así, empero, la idea de que era un poder político trascendente, único, e independiente. Los revolucionarios franceses construyeron el concepto de soberanía por la supresión de todos los privilegios y fueros que se habían opuesto a la acción del soberano. En otras palabras, el gran mérito de la Revolución consistió, por una parte, en acabar teóricamente con todas las desigualdades, sustituyéndolas por la idea fundamental de la igualdad y de la uniformidad frente a la ley; y, por otra, en afirmar que el único sujeto político de la soberanía era la Nación. Por lo tanto, es una contradictio in terminis hablar de "pluralismo nacional". En todo caso, se puede sostener, desde un punto de vista sociológico, que puede haber en un territorio varias naciones culturales. La soberanía no se puede fragmentar, ya que no puede haber más que un único sujeto político que es la Nación, aunque se puede ceder el ejercicio de ciertas competencias, pero no su titularidad.
Y, finalmente, mantiene también Podemos que los territorios de España disponen del derecho de autodeterminación porque la Carta de la ONU así lo reconocía tras la II Guerra Mundial. Pero semejante atribución sólo se podría defender en la actualidad en casos de violación de derechos humanos o de extrema pobreza. Por consiguiente, reconocer irresponsablemente ese derecho sería facilitar la destrucción de España. Así, es sorprendente que el 92 % de los militantes del PSOE estén de acuerdo en un Gobierno de coalición con Podemos. (Es más: aunque no sea éste exactamente el caso conviene recordar que el artículo 67.2 CE establece que los diputados "no estarán ligados por mandato imperativo" ).
En segundo lugar, gran parte de lo dicho respecto a Podemos se puede aplicar a ERC, pero la cuestión es mucho más grave porque de las negociaciones secretas que se están llevando a cabo, salvo que las rebele el espía ruso, no conocemos más que algunas de sus exigencias, como la libertad de los políticos presos, empezando por el líder del partido que negocia desde la cárcel, al mismo tiempo que exigen se reconozca que estas conversaciones son "de Gobierno a Gobierno", como si se tratase de dos Estados diferentes. Como contrapartida, votarían la investidura de Sánchez y, probablemente también, le apoyarán en medidas determinadas, mientras se desarrolle un diálogo político que facilite la independencia de Cataluña. En otras palabras, ERC estaría dispuesta a colaborar con el Gobierno de su Majestad para separarse de España y aceptar, como mucho, una Confederación de Estados Ibéricos o algo parecido que nos lleve a la fragmentación de una Nación secular. Lo cual viene a aclararnos que el famoso diálogo con el Gobierno constitucional de España es, como en el caso de Podemos, para acabar con la Constitución. Lo mismo que aquél que pedía que le pusiesen la cuerda en el cuello antes de tirarlo al pozo. No me extrañaría que los separatistas, que quieran más autogobierno, ansíen también el Palacio de Oriente, porque ir más allá de las competencias del Estatut es imposible.
En tercer lugar, Pedro Sánchez necesita resolver cuanto antes cómo conseguir ser investido presidente. Por lo que sabemos, PP, Vox y Cs no están dispuestos a votarle en ningún caso. Por lo tanto, es necesario que obtenga más síes que noes en la segunda votación, con la incertidumbre a estas horas de qué formaciones estarían dispuestas a abstenerse. A favor de su nombramiento, o al menos de favorecerlo, podrían estar los separatistas catalanes y el PNV, radicales como Bildu y la CUP, nacionalistas moderados del BNG y de Canarias, el PSC –partido independiente del PSOE–, los regionalistas del PRC y la peña de amigos Teruel existe.
Como se puede ver, los partidos nacionales que apoyan la Constitución de 1978 son cada vez menos. Y ello se debe a que los españoles tienen escasa conciencia de que forman parte de un país sin el que el mundo sería mucho peor. Pero les da lo mismo y estamos en el umbral de un desastre nacional o, si lo prefieren, territorial. ¿Se puede detener esta presumible debacle? Se ha dejado pasar demasiado tiempo y las medidas eficaces exigen tiempo: una enseñanza homogénea, un idioma oficial obligatorio, unos medios de comunicación independientes, regular el juramento a la Constitución y para qué seguir, mientras no haya un Gobierno decente. Lo cual sólo se puede conseguir con unas nuevas elecciones, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 115.3 CE. Léanlo. En cualquier caso, como dijo el filósofo, el hombre tiene mil planes, pero el azar solo uno.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.