Sánchez y los presos de ETA

A comienzos de año, el PNV hizo saber que, dada la buena disposición al respecto de Pedro Sánchez, confiaba en que, «mediante la negociación política», o sea, el pacto, o mejor dicho, do ut des, o sea, literalmente «doy para que des», este año de 2022 significara el fin definitivo de la dispersión por el territorio del Estado español de los presos de ETA, a fin de reunirlos a todos, como se acordó que se haría poco a poco, desde que en noviembre del pasado año le fueron transferidas las prisiones, conforme a las previsiones sin ejecutar de las competencias pendientes de asumir desde la transición, uno de tantos errores y cesiones que se hicieron en aquel tiempo. De momento, entre los 13 presos que serán trasladados de inmediato figuran dos de los más célebres asesinos despiadados. Como en otras ocasiones, desde el PSOE, para justificar este traslado, se ha recurrido a recordar los que se realizaron por el Gobierno del PP, obviando que en este caso media además un pacto político con otras contraprestaciones de una y otra parte. Aparte de aquello de que pactar con Bildu era una línea roja infranqueable («Y los socialistas somos de fiar», Carme Calvo dixit).

Pero en ese sentido, ha sido más expresiva la llamada «Plataforma de apoyo a los presos de ETA, SARE», que todavía hace unos días comunicó que confía en que el PSOE impulsará en el último año de la legislatura de Pedro Sánchez el acercamiento a cárceles del País Vasco y de Navarra de todos los presos de la banda. Y por si acaso, elaboró su propio programa de movilizaciones. Por lo tanto, el traslado a las prisiones de los más sanguinarios asesinos de ETA sigue el guion previsto.

El trato con el Gobierno de progreso en orden a ese objetivo final lo lidera el exconsejero vasco Joseba Azkarraga, quien entiende que una vez reunidos en Euskadi, su Gobierno debe ser más decidido en orden a la aplicación a los etarras del tercer grado que facilita el cumplimiento de sus condenas en libertad. En ello andan. El interlocutor de Azkarraga, en orden de cumplir los compromisos de Sánchez, es el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Luis Ángel Ortiz, con quien mantiene una cordialísima relación, descubierta por la Guardia Civil y reflejada en un informe de los mensajes telefónicos cruzados entre el exconsejero vasco Ortiz y el veterano exmiembro de ETA, Antón Ruiz 'Kubati'.

De momento, ya van más de cien terroristas de la banda que han sido acercados al País Vasco. Lo más curioso es que, dentro de las medidas de reinserción de los etarras, figura la realización de cursos de jardinería, lo cual, sin duda, es una acertada medida al cambiar la pistola por el rastrillo. Y los frutos son evidentes. El 8 de octubre está convocada en la capital de Guipúzcoa una gran manifestación para el respaldo definitivo al objetivo de que todos los presos de ETA sean enviados a alguna de las prisiones del País Vasco y Navarra para establecer su salida de la cárcel al obtener el tercer grado que les permita cumplir sus condenas en regímenes de semi libertad.

En aquella comunidad se ha puesto en marcha el llamado «modelo penitenciario vasco», específico de momento para los etarras y no para los presos comunes. El PNV ha rechazado, desde el Gobierno, 300 peticiones de estos últimos, pues las medidas graciables solo se aplican a los terroristas de ETA, de suerte que la consejera de Justicia, Beatriz Artolazabal Albeniz, firma sucesivas concesiones de autorizaciones a etarras (van 23 de momento), para que abandonen la cárcel con total comodidad. En ese sentido, las protestas y recursos de las asociaciones de víctimas del terrorismo no han sido atendidas. Se está llegando al extremo de que desde Euskadi se ha tramitado el traslado al sistema penitenciario del Estado de presos extranjeros para acomodar cerca de casa a los miembros de ETA.

Los últimos traslados de los dirigentes de ETA: «Txapote» y «Mobutu» y el pistolero Henri Parot, demuestran que el proceso se ha acelerado y que Otegi podrá cumplir su promesa y objetivo de que este año congregue a sus excamaradas en Euskadi, como primer paso para salir a la calle, cuya lista de espera inmediata de los beneficios del modelo penitenciario vasco, del que ya se beneficiaron los jefes históricos de ETA como José María Dorronsoro y José María Arregi Erostarbe «Fiti», que dirigieron a los comandos de la banda terrorista en los años 80, figuran de inmediato Félix Alberto López de Lacalle, «Mobutu», y Francisco Javier García Gaztelu, «Txapote». Los presos vascos son visitados regularmente y se reúnen con los parlamentarios Julen Arzuaga y Jon Iñarritu que son una especie de comisionados para velar porque los presos se hallen cómodos y atender sus quejas. Esas reuniones, al contrario de otros casos, no permiten la presencia de funcionarios. No se los trata como los presos comunes, los de ETA no son nunca esposados, los acompañan discretamente agentes de paisano de la policía autónoma y gozan de otra serie de privilegios.

Pese a su nulo arrepentimiento y no colaboración para aclarar los más de 300 asesinatos impunes, el Gobierno vasco tiene una manga muy ancha y aplica con largueza el reglamento penitenciario, dando por bueno el deseo de inserción de estos penados (y no de otros). De momento, casi todos los exjefes de ETA, sobre los que recaen largas condenas, ya están en casa. Y los que faltan van camino en breve. Faltan Javier Arizkuren Ruiz, «Kantauri»; Mikel Carrera y Garikoitz Azpiazu, «Txeroki», estos dos encarcelados en la prisión francesa de Lannemezan. Cabe recordar que uno de los tres encapuchados que leyó el comunicado sobre la renuncia a las armas, David Pla, exdirigente de ETA, es hoy dirigente de Sortu, el partido liderado por Arnaldo Otegi que manda en la coalición EH Bildu.

A comienzos de este año, de los 1.365 internos en las prisiones de Euskadi, 83 eran de ETA, cifra ya incrementada. Según el Gobierno vasco, estos últimos son tratados «sin distinciones con el resto de internos», lo cual es incierto. Según Iñigo Urkullu, desde que ETA dejó de matar, sus presos deben ser considerados comunes, en orden a su reinserción con «objetivos, científicos y de humanización», en el caso de personas con enfermedades graves y de avanzada edad. Por lo tanto, –y esto es curioso– tratándose de expertos en manejar explosivos o disparar en la nuca a sus víctimas «el proceso de reinserción y reeducación ha de tener en cuenta las habilidades de los penados», a través de itinerarios de formación sociolaboral.

En resumen, en estos momentos, gracias a la buena disposición de Sánchez, voces del PNV, como la parlamentaria Irune Berasaluze insisten en que el asunto de los presos siga siendo un paquete dentro de la negociación política con el Gobierno, aspecto a combinar con las movilizaciones previstas. Y en ese sentido, desde Cataluña le llueven los apoyos. Uno de ellos ha sido el del secretario general de Junts, Jordi Sánchez, quien considera «que no existen motivos, diez años después de que la violencia de ETA haya cesado, para que se siga aplicando una legislación penitenciaria 'pensada para momentos de tensión y violencia'». Pero hay quien va más lejos, como Elisenda Paluzie, de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y dice que, tras la desaparición de ETA, sin más, se deben poner en libertad a todos los presos. Ya andan en ello.

Fernando Ramos es periodista.

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