Hace unos días se ha presentado en Madrid el informe Análisis y propuestas para la regeneración e la sanidad pública en España, editado por la Fundación Alternativas y elaborado por un grupo de profesionales médicos, juristas, economistas y gestores sanitarios – entre ellos los autores de este artículo- que conocen el Sistema Nacional de Salud, lo quieren y, como otros muchos ciudadanos, están alarmados por la progresiva debilidad que padece e indignados por la indiferencia general que prolonga el decaimiento. Es evidente que en este año electoral intensivo en el que se prometen tantos milagros, la sanidad pública debería de ser uno de los ejes del debate político, y el deseo de que lo sea ha movido el trabajo del Informe y el momento de su aparición.
El hecho de que la incapacidad de pagar no sea una barrera para recibir asistencia médica de calidad forma parte, desde hace décadas, de la definición de sociedad civilizada. La sanidad pública universal y gratuita asentada en la equidad y la solidaridad cumple, además de su función natural de prestar cuidados, la de aliviar el dolor y mantener la dignidad de los enfermos, un papel fundamental en la cohesión de la sociedad y la reducción de inaceptables desigualdades. Sin embargo, en los últimos tiempos, el empobrecimiento del Sistema ha invertido los términos y la sanidad contribuyó a aumentar las injusticias. Una sanidad contraria de sí misma. Aun así, los dos partidos mayoritarios que han gobernado y gobiernan mantienen la sanidad pública postergada, tal como la han tenido siempre: mucho más en los gestos y palabras para la galería que en la voluntad de afirmar su futuro. Nunca han debatido en serio, es decir, en público y a fondo, un proyecto de cambio, ni siquiera el Informe Abril, en 1991, que tenía un origen parlamentario.
Excluida de los intereses del poder, fuese de izquierdas o de derecha, la sanidad pública ha sufrido el peso del tiempo y de difíciles circunstancias, y ha acumulado fallos en su estructura y funcionamiento: en la financiación, la coordinación nacional del Sistema, la eficiencia y la gestión, y hasta en los principios morales y sociales que la sostienen.
No basta una reforma simple, del momento, como algunos proponen, para reponer lo recortado por el actual Gobierno, Sería otro hacer que se hace aprovechado para una revancha política que puede dar votos. Los desequilibrios estructurales que padece la sanidad pública son graves y requieren una regeneración desde la raíz que afirme la viabilidad del Sistema y lo disponga a responder a las sacudidas del constante crecimiento de las ilimitadas necesidades médicas. Una reforma seria que debe iniciarse con un debate político también serio.
Las propuestas de cambio que se incluyen en el informe como razonadas conclusiones del análisis de la situación, quieren expresar este criterio de cambio decisivo. Algunas son, tienen que ser, radicales, incluso de vuelta de campana, y, naturalmente no serán bien recibidas por todos. Tampoco lo han sido en nuestro propio grupo. Pero todos los que lo formamos sí estamos de acuerdo en que todas las propuestas del informe merecen ser conocidas por la sociedad y debatidas por los políticos. He aquí algunas: integración de las mutualidades de funcionarios en el régimen general del Sistema Nacional de Salud; establecimiento de una condiciones básicas del Sistema, que deben ser respetadas por todas las comunidades autónomas en su gestión sanitaria; constitución de un órgano de gobierno y coordinación del Sistema Nacional de Salud , que sustituya al actual Consejo Interterritorial, carente de capacidad ejecutiva; separación de los fondos destinados a la sanidad de los restantes que reciban las comunidades autónomas; dotar de autonomía de gestión a los centros propios del Sistema, y establecer límites expresos para la gestión privada de la sanidad pública; declarar a extinguir el actual Estatuto Marco y promover otro que establezca una relación de carácter laboral del personal sanitario; modificar y dotar de transparencia la fijación de los precios de los medicamentos; establecer medidas específicas para reducir y controlar la influencia de las industrias farmacéutica y tecnológica sobre los profesionales, cargos y altos cargos del Sistema Nacional de Salud. Hay, naturalmente más propuestas similares en el informe, y todas ellas llevan el único deseo de regenerar la sanidad pública.
Javier Rey del Castillo es médico y fue ponente del Informe. Enrique Costas Lombardía es economista.