Francia asume la Presidencia del Consejo tras el no irlandés. El azar ha escogido al país más idóneo para asumir tal desafío por su compleja relación existencial con Europa.
Con su síntesis de universalismo y chauvinismo, Francia resume la permanente tensión entre unanimidad y mayoría de la historia comunitaria. Ahora baja al ruedo Sarkozy, que no se arredra ante el toro europeo, como lo demostró con la ratificación parlamentaria del Tratado de Lisboa. Aficionado a la fiesta, tiene más el estilo aparatoso de El Cordobés que el impávido valor de José Tomás. Si el cartel estaba muy completo (economía, medio ambiente, inmigración, defensa, agricultura), el no irlandés le brinda la oportunidad de redondear la faena.
Los líderes europeos han decidido seguir haciendo camino. Tras escuchar al Taoiseach Cowen, aceptaron su petición de dar tiempo al tiempo para elaborar una propuesta con vistas al Consejo del 15 de octubre. Con ello, se respeta tanto la voluntad de los irlandeses como la de los demás. Tras constatar que más de 2/3 de los Estados han ratificado, se decide seguir, con el calificado espaldarazo británico y completar los procesos en Holanda, España, Chipre, Italia, Suecia, Bélgica. Es de esperar que el Gobierno de la República Checa, que sigue a Francia, sea más europeísta que su eurofóbico presidente.
En la construcción europea, estas crisis son la norma. Siempre se ha resuelto avanzando. Dinamarca rechazó Maastricht, negoció varias exclusiones y lo aprobó en un segundo referéndum. Ahora, tras ratificar Lisboa, tiene previsto un nuevo referéndum para integrarse plenamente. Irlanda rechazó el Tratado de Niza y por decisión propia, lo repitió. Se han celebrado 36 referendos sobre temas europeos, 27 positivos y 9 negativos, información útil para los agoreros que pretenden que cada vez que se consulta al pueblo dice que no. En ningún caso el resultado ha sido desmantelar la obra común o retirarse un Estado.
Ahora, el debate se plantea en términos de vivir de las rentas o afirmar la UE como un ente político con personalidad, capacidad y democracia. El no irlandés encarna esta disyuntiva. El apoyo a la membresía de Irlanda en la UE es abrumador. El sí, con mayoría de profesionales, dirigentes y jubilados, es del 98%; el no, apoyado más por jóvenes, mujeres y no activos, ¡supera el 80%! Más que un rechazo hay un deseo de que las cosas se queden como están en una Unión que ha aportado una prosperidad sin precedentes. La dimisión del europeísta Ahern como jefe de Gobierno para no entremezclar la campaña con un caso de posible corrupción avala que en las consultas referendarias no se responde tanto a la pregunta formulada como a quien la hace. En la campaña irlandesa estuvieron a favor del sí el Gobierno, todas las fuerzas políticas, (salvo el IRA), sindicatos y patronal, agricultores e iglesias. No obstante, se juzgó la campaña del no más convincente. Es la ventaja de hacer campañas demagógicas como la de la heteróclita coalición que va desde el IRA a notorios neocon USA, pasando por integristas religiosos, antimilitaristas y dos generosos multimillonarios.
La ventaja, si cabe, del desenlace es que ha recentrado el calendario en sentido democrático. De entrar en vigor el 1 de enero de 2009 para elegir los nuevos cargos, el objetivo ahora es llegar a tiempo para las elecciones europeas de junio, de las que tiene que surgir la nueva Comisión, con el Alto Representante de Asuntos Exteriores como vicepresidente y, en paralelo, el presidente del Consejo. Es mejor dar protagonismo a la ciudadanía que repetir la letanía de su alejamiento.
El sistema actual tiene un grave problema: lo que se negocia y se firma conjuntamente no se ratifica a la vez. Ni países ni ciudadanos están en igualdad de condiciones al convertirse el proceso en un angustioso vía crucis donde las decisiones favorables no cuentan, mientras que las negativas se computan como bloqueos y no como la necesidad de replantearse la propia situación. Sin poder participar en la decisión, el resto de Estados y ciudadanos ven sus derechos cuestionados, como le ocurre a las organizaciones de discapacitados que tienen ya las firmas necesarias para ejercer su iniciativa popular.
Además, se mezcla democracia directa y representativa sin que exista ninguna coordinación, lo que lleva a la devaluación sistemática de la segunda, cuando son igual de legítimas. Un sistema político para 500 millones de ciudadanos debe configurarse como una democracia representativa, como lo son todos los Estados miembros. Optar todos por la democracia directa, requeriría una norma europea sobre una consulta común y simultánea, ¿consultiva o decisoria? y modificaciones constitucionales en los Estados.
La recomendación más sensata para salir del presente atolladero es seguir haciendo camino y, en su momento, considerar las propuestas del socio irlandés para resolver su problema. Al decidir continuar con las ratificaciones, en cierto modo, se está aplicando el artículo 48.5 del Tratado de Lisboa que habilita al Consejo Europeo para decidir si 4/5 partes de los Estados han ratificado. Con ello, reaparece la decisión por mayoría. Si la affectio societatis es tan clara entre los irlandeses, la celebración de un segundo referéndum en Irlanda, país del euro, antes de plantear una relación especial del país con la UE tendría la ventaja de permitir expresarse a todos los ciudadanos en las elecciones europeas de 2009.
Enrique Barón Crespo, eurodiputado.