¿Se ha torcido la ‘primavera árabe’?

Se ha acostumbrado a asociar la primavera árabe a lo que se considera creciente amenaza islamista a las libertades civiles y violencia de grupos parapoliciales entre la parálisis de la policía y de las agencias de seguridad interna y el agravamiento de la situación económica. Pero, de hecho, estas tendencias negativas son el auténtico legado de la era autoritaria, durante la cual los presidentes que intentaron gobernar de por vida y las élites aliadas remodelaron las relaciones políticas, económicas y sociales en torno a sus sistemas de control. Cambiar un líder significaba trastocar el funcionamiento del Estado y de sus instituciones, si no desmantelarlas por entero.

Las revueltas del 2011 propiciaron grandes oportunidades para la realineación fundamental de los actores políticos y fuerzas sociales, pero el factor que hizo la transición inestable, incierta, e incluso violenta, es el grado en que la era autoritaria anterior limitó la capacidad de las instituciones de gobierno y de los sistemas políticos para hacer frente al cambio. Este legado gravita pesadamente sobre el momento actual. Da forma a los objetivos y expectativas de los movimientos políticos que han surgido en la esfera pública, así como las formas de organización y el comportamiento político. Las fuerzas que destruyeron el antiguo statu quo siguen todavía patrones establecidos por sus predecesoras y todavía han de caer en la cuenta cabal de tal realidad.

Y la misma realidad se refleja en cuatro aspectos principales.

En primer lugar, el control del Estado sigue siendo el objetivo central de la política y su premio definitivo. Los partidos de centro islamistas que ganaron una mayoría (simple) de votos en Egipto y en Túnez en el 2011 creen que han ganado el poder legítimamente y deberían tener las manos libres para formar gobiernos, fijar las agendas del país y promover las políticas de su preferencia en todos los campos. Consideran que la designación de sus miembros y simpatizantes para puestos gubernamentales de alto nivel constituye una práctica legítima, normal en las democracias liberales desarrolladas.

Así es, pero estos países carecen de nuevas y acordadas “reglas de juego” que deben establecerse mediante el compromiso y el consenso si se quiere que el Estado y sus instituciones cobren una lógica distinta, democrática. De modo aún más importante, la atención excesiva de la mayoría de las luchas políticas sobre cuestiones de representación y estatus ha impedido atender debidamente la necesidad apremiante de políticas concretas y programas de gobierno para hacer frente al empeoramiento de los niveles del paro y la pobreza, generar inversión productiva e impulsar reformas administrativas extremadamente urgentes.

En segundo lugar, se supone al poder estatal que favorezca las oportunidades económicas. En Egipto y Túnez, tanto las nuevas coaliciones de gobierno como sus rivales políticos aún han de demostrar de manera convincente que tratan de desmantelar las redes de amiguismo y transformar las formas de propiedad económica y el acceso a ellas en lugar de ocupar simplemente el lugar de las élites empresariales anteriores.

En Yemen, los mismos protagonistas políticos que negociaron sobre el patrocinio del Estado en otros tiempos siguen desempeñando un papel importante en el diálogo en curso sobre la reconstitución del Estado, con la esperanza de reproducir sus privilegios económicos y recompensas financieras. Y en Libia, donde aproximadamente el 80% de la población dependía directa o indirectamente del sector petrolero financiado por el Estado en lo referente a sus ingresos desde la época monárquica de la década de 1950 y bajo el régimen de Gadafi, las expectativas –de nuevo– se cifran en que el Estado sea la principal fuente de empleo, inversiones y contratos.

En tercer lugar, el legado autoritario suscita dudas sobre las formas de organización política. Los Hermanos Musulmanes pudieron traducir su larga historia de actividad clandestina en victorias electorales, pero luchan por deshacerse del hábito de operar fuera de la ley. Sus rivales están igualmente poco familiarizados con el empleo de métodos pacíficos de oposición política y el empleo de estructuras y procedimientos democráticos embrionarios a fin de competir sobre políticas, programas y actuaciones concretas. En cambio, ambas partes han recurrido a las luchas por el capital simbólico y la política de identidad, centrándose en la mayoría de los casos en la posición oficial de la charia, las normas y la legislación. Cuando los partidos políticos en sentido moderno no han logrado hacerse un hueco real, como en Libia, los protagonistas políticos han recurrido a otras formas existentes de movilización social como la tribu o región. Y tanto en Libia como en Yemen, han surgido también grupos paramilitares como forma alternativa de organización política.

En cuarto lugar, la violencia sigue incrustada en la relación entre el Estado y la sociedad y entre los protagonistas políticos, circunstancia más evidente en la lucha cada vez más encarnizada por redefinir el papel de la policía y el aparato de seguridad interna. Se plantea, en parte, entre quienes quieren reformar y conservar las instituciones y sus miembros en la esperanza de restablecer la ley y el orden básico con mayor rapidez y quienes que fomentan la transformación revolucionaria de esos sectores. Se trata, asimismo, de un combate entre una cultura militarista –que favorece las soluciones coercitivas a los problemas políticos y sociales– y otra que considera que las fuerzas de seguridad son un servicio público. Pero incluso los protagonistas políticos revestidos últimamente de poder político y que intentan poner fin a los abusos de la era autoritaria también consideran que las fuerzas de seguridad son un instrumento para promover y consolidar su propio orden social de preferencia. En todos los casos, la policía y las agencias de seguridad siguen siendo consideradas como activos políticos de importancia crucial.

Invertir el rumbo y sentido de la herencia autoritaria será difícil, pero es necesario. Los protagonistas políticos en liza han centrado su energía demasiado exclusivamente en el diseño de nuevos sistemas constitucionales que garanticen sus preferencias y necesitan aprender que la democracia también exige competir a propósito de políticas y programas concretos y rendir resultados tangibles.

Se trata de una diferencia fundamental con respecto a los modos autoritarios de gobierno, pero no se alcanza fácilmente. Algunos movimientos juveniles que destacaron durante las revueltas muestran una mayor conciencia de esta necesidad y voluntad de responder a ella, de modo que están abiertos a nuevas formas de organización política de carácter cívico. También es el caso de algunos movimientos salafistas más recientes que han respondido a la apertura democrática centrándose en la movilización popular y la promoción de la justicia social.

La juventud, que constituye la mayoría de las poblaciones árabes, no se educó en el seno del sistema autoritario o en la oposición anterior a la misma. Y los salafistas atraen poderosamente al 40% de la sociedad en los países en proceso de transición; es decir, en situación de pobreza o marginación y fuera del sistema formal político y económico.

Puede parecer ilógico, pero estos elementos aun siendo extraños parecen más abiertos a idear un contralegado de pluralismo político llevado a cabo en el contexto de la práctica democrática. No es garantía de su compromiso con la democratización, pero hasta ahora han obtenido mejores resultados que la mayoría de sus competidores islamistas y de los supuestamente laicos y progresistas.

Yezid Sayigh, investigador asociado del Centro Carnegie sobre Oriente Medio, Beirut.

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