Se lo debemos

De entre los proyectos que no han podido culminarse en esta legislatura, destaca uno especialmente sensible. El Gobierno ha dejado ultimado un anteproyecto de ley contra la violencia hacia los menores. No ha podido ser, pero deberá serlo en cuanto comience la próxima legislatura. Las medidas que recoge casi parecen obvias ahora pero como sociedad nos ha costado décadas entender que eran necesarias; el trabajo que hay detrás de él ha sido muy intenso y estaba muy cerca de reunir el consenso de todos los grupos parlamentarios. Por todo este esfuerzo pero, sobre todo, porque esta norma es transformadora en cuanto a la concepción de los derechos de los menores, todos debemos apoyarla.

La mayoría de nosotros hemos necesitado escuchar escándalos y testimonios escalofriantes antes de entender que la violencia infantil es un grave problema que ocurre cotidianamente en nuestro entorno. Quizá se deba a que la situación de los menores ha mejorado evidentemente desde que Dickens describiera las condiciones en que estos se desenvolvían en Londres o a que muchos de nosotros interiorizamos que ciertas prácticas, como el cachete paterno, el atosigamiento o el aislamiento escolar, eran la mejor forma de que los niños se preparasen para la vida adulta; o a que creímos que otras prácticas, más sórdidas y viles, era mejor enterrarlas confiando en que, tal vez, en la mente plástica de un niño no dejarían huella.

Decía Rilke que la infancia es la verdadera patria de las personas, compuesta de lugares, colores y olores que nos devuelven a un mundo de seguridad que encarna el ideal de felicidad. Mucha gente, quizá la mayoría, hemos tenido una patria feliz. Quizá por ello o por otras razones hemos ignorado o silenciado demasiado tiempo un problema muy grave.

En España, cada día 37 niños son maltratados en su familia. En 2017, se interpusieron 38.433 denuncias por delitos violentos contra menores, según datos del Ministerio del Interior. Es más grave si cabe el hecho de que solo alrededor de una quinta parte de los abusos son denunciados. Muchos menores no saben cómo denunciar y otros, suponiendo que lo que les pasa a ellos también les ocurrirá a los demás, ni siquiera son conscientes de estar siendo agredidos. Según las organizaciones de infancia, la mitad de las notificaciones de sospecha de maltrato se producen en la familia y cuatro de cada diez menores perciben la escuela como un lugar inseguro.

Respondiendo a la diligente insistencia la sociedad civil y a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el 28 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

A pesar de ser una norma con un objeto tan obvio, es muy compleja. Reforma trece leyes. Aspira a ser integral, a proteger a los menores en todo su entorno y contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental o moral, sea cual sea su forma de comisión, incluso por medio de la tecnología. Contiene nuevos delitos como la difusión a través de Internet de contenidos que inciten a los menores al suicidio, la autolesión o aquellos que promuevan los trastornos alimenticios.

La norma nos corresponsabiliza como ciudadanos al establecer el deber de comunicación de situaciones de riesgo. Recoge medidas para detectar el riesgo en función del comportamiento del menor o de su situación económica, social y familiar. Pretende prevenir y proteger con actuaciones en el ámbito sanitario, educativo, de los servicios sociales o de la justicia. Respondiendo a una de sus principales demandas, retrasa de manera muy importante el cómputo de la prescripción de los abusos sexuales, ya que las víctimas tardan años en ser capaces de denunciar los hechos.

Todo el trabajo alrededor de la elaboración de esta ley orgánica ha sido intenso y emocionante ver la sensibilidad y entrega de los expertos. Pero lo más importante es que supone una apuesta por un modelo social que sitúa a las y los niños como sujetos de derechos, en el centro de la acción pública. Por eso, sea cual sea el resultado de las elecciones, considero que esta ley debe ser una prioridad. Se lo debemos a los niños y niñas que lo son ahora y a los que una vez quisieron serlo pero no lo lograron.

María Luisa Carcedo es ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

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