¿Se puede reabrir la apertura democrática de Sudán?

¿Se puede reabrir la apertura democrática de Sudán?
ASHRAF SHAZLYAFP via Getty Images

La implementación del acuerdo de 2019 para compartir el poder entre los líderes civiles y militares de Sudán, que preveía una transición a un orden democrático después del derrocamiento del dictador Omar al-Bashir, nunca se vio fácil; pero después del golpe militar del mes pasado, la pregunta ahora es si la democracia sigue incluida en la agenda en absoluto.

Los militares y la Fuerzas de la Libertad y el Cambio (FFC, por su sigla en inglés), que representaban a los revolucionarios que derrocaron a Bashir en abril de 2019, desconfiaban entre sí desde el primer momento, pero no tenían más alternativa que llegar a un acuerdo después de su destitución. Los líderes civiles sospechaban que el ejército, que lideró inicialmente el Consejo Soberano de Sudán para la Transición, no tenía intención de renunciar al poder a la mitad del período (en noviembre de 2021), según lo estipulado en el acuerdo constitucional. Los líderes del ejército estaban divididos entre su temor al poder del pueblo y el deseo de proteger sus privilegios económicos y evitar, al mismo tiempo, tener que pagar por sus fechorías anteriores.

El general Abdel Fattah al-Burhan, líder del ejército (y del Consejo), quien lideró el golpe del 25 de octubre, solicitó que el gobierno del primer ministro Abdalla Hamdok fuera reemplazado por una gestión apolítica. Burhan afirma que los partidos políticos influyeron indebidamente sobre el FCC, dividieron al país e impidieron los avances económicos y políticos.

Burhan esperaba una escasa oposición local al golpe, en parte porque el FCC se había escindido y algunos de sus miembros criticaban al gobierno por la falta de mejoras económicas. También contaba con una reacción internacional débil como la que hubo frente al golpe constitucional del presidente tunecino Kais Saied en julio.

Pero se equivocó en ambos casos. El golpe reconcilió a los opositores al gobierno militar. Hubo protestas masivas en Jartum y otras ciudades sudanesas, en las que millones de personas de todas las edades y orígenes tomaron las calles y amenazaron con paralizar la economía hasta que se reinstaure la transición democrática.

La comunidad internacional también se mantuvo firme: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenó duramente el golpe, la Unión Africana suspendió a Sudán, y la mayoría de los donantes congeló su asistencia financiera.

Por ahora, la situación política en Sudán sigue siendo fluida. Los esfuerzos de mediación continúan, pero lograr el éxito no será fácil (el acuerdo para compartir el poder había enfrentado graves dificultades y volver a la situación anterior no satisfará a nadie). De los tres desafíos principales de la transición, las reformas en el sector de la seguridad se han estancado y el proceso para lograr la paz interior aún no logró pacificar a algunos grupos rebeldes clave. Donde más avances hubo fue con las reformas económicas.

Pero los intentos para solucionar estos problemas amenazaron los intereses militares y aumentaron la inseguridad de los generales. En primer lugar, una campaña anticorrupción comenzó a mostrar irregularidades en algunas de las actividades comerciales de la Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que dominan la economía. Por ello ganaron brío los pedidos de supervisión estatal de las empresas controladas por los militares. Hubo además una creciente presión popular para que rindan cuentas los perpetradores de la masacre de manifestantes durante una sentada frente al comando general del ejército en Jartum, en junio de 2019. Muchos comentaristas creen que esos eventos provocaron el golpe.

La situación se complica aún más porque las FFC ya no son el único actor civil con gran influencia después de que el Acuerdo de Paz de Juba para Compartir el Poder de octubre de 2020 asignó un papel importante en la autoridad de transición a los anteriores movimientos rebeldes.

Pero aunque estos desafíos sean muy espinosos, solucionarlos es fundamental para que avance la transición. También será clave lanzar un proceso para integrar a las RSF y otras milicias en unas SAF unificadas y ampliar el proceso de paz para que incluya a los movimientos rebeldes excluidos y a otras comunidades tradicionales.

Para que esas reformas divisivas tengan posibilidades de éxito, lograr mejores resultados económicos es fundamental. Hasta el momento las reformas económicas avanzaron con brío. El gobierno de Hamdok liberalizó y unificó el tipo de cambio, lo que impulsó los ingresos por derechos aduaneros. La eliminación gradual de costosos subsidios ayudó a reducir a la mitad el déficit gubernamental en términos del PBI y a aumentar los ingresos estatales. Y USD 50 000 millones de la deuda externa sudanesa están en proceso de ser cancelados.

Estas medidas brindarán en algún momento fondos suficientes como para comenzar a reconstruir los servicios públicos, incluida una mayor red de seguridad, e impulsar los sistemas de salud y educativo que colapsaron durante casi tres décadas de grave desmanejo por parte de Bashir.

Pero, hasta el momento, el costo de las reformas cayó en su mayor parte sobre los ciudadanos pobres. En vez de recibir un dividendo democrático, los ciudadanos sudaneses vieron que la inflación se disparó hasta el 366 %, la economía cayó por tercer año consecutivo y la pobreza absoluta aumentó, reduciendo aún más a la clase media. Hubo algunas señales de avances en los últimos meses, con una desaceleración de la inflación y la ampliación de un programa de apoyo familiar, pero el golpe amenaza con revertir esas mejoras e impedir el proceso de alivio de la deuda, lo que tendría devastadoras consecuencias económicas.

Para lograr el éxito, Sudán necesita más asistencia extranjera. Hamdok solicitó USD 13 000 millones adicionales para la transición de tres años y el Fondo Monetario Internacional estima que Sudán necesita financiar USD 7250 millones en los próximos dos años para eliminar la monetización presupuestaria y fortalecer sus reservas... pero en la conferencia más reciente de donantes extranjeros, en junio de 2020 en Berlín, solo se lograron compromisos por USD 18oo millones (de los cuales USD 350 millones correspondieron a la Unión Europea, USD 356 a Estados Unidos y gran parte del resto, al Banco Mundial). El apoyo de los países del Consejo de Cooperación del Golfo, en su mayor parte en especie, fue significativo en 2019 pero decayó desde entonces. El financiamiento multilateral se destinó en su mayor parte al pago de los atrasos del país y a iniciar el proceso de alivio de la deuda para los Países Pobres Muy Endeudados.

Contrariamente a la narrativa popular, el ingreso de capitales a Sudán fue reducido hasta la fecha: solo hubo compromisos por USD 800 millones en 2021. Por eso, el presupuesto total para los gastos gubernamentales de 2021 es de apenas USD 2500 millones —que equivalen aproximadamente al 7 % del PBI— para una población de 45 millones de habitantes.

La oposición generalizada al golpe demuestra el rechazo del pueblo sudanés a la dictadura militar. Ahora es necesario revisar el acuerdo para compartir el poder si se desea continuar con la transición a la democracia con alguna probabilidad de éxito. Una mayor asistencia financiera y política internacional es fundamental para ayudar a este proceso. Si no se reinicia la transición sudanesa, es probable que los militares reconstruyan una coalición política islámica, lo que amenazaría con el regreso del país a la desastrosa situación existente antes de 2019.

Ishac Diwan, a professor at the École Normale Supérieure, Paris, holds the Chaire d’Excellence Monde Arabe at Paris Sciences et Lettres. Ibrahim Elbadawi, a former minister of finance and economic planning of Sudan, is Managing Director of the Economic Research Forum. Traducción al español por Ant-Translation.

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