Ha transcurrido un año desde que los ciudadanos, tras la propuesta de los nacionalistas catalanes, se empezaron preguntar por el significado y las consecuencias de la independencia de Catalunya. Hasta entonces los objetivos nacionalistas siempre consistían en aumentar las competencias, mejorar la financiación o gozar de un trato distinto al resto de las comunidades autónomas.
Pero tras la multitudinaria manifestación del Onze de Setembre del año pasado el objetivo cambió. Ahora se trataba de constituir a Catalunya como nuevo Estado soberano, no mediante proclamas desde el balcón de la Generalitat, tal como hicieron Macià y Companys el 14 de abril de 1931 o el 6 de octubre de 1934, sino mediante un referéndum. Un año después el objetivo es el mismo y el proyecto se acelera. Así lo reafirmó por mayoría de votos el Parlament de Catalunya al enviar un ultimátum al Gobierno central para convocar una consulta antes de fin de año.
Ante una perspectiva tan inmediata, hubiera sido oportuno que el Govern, por respeto a las mínimas reglas democráticas, se preocupara de que los medios de comunicación públicos, de hecho sometidos a su control, fomentaran el debate sobre las razones, ventajas e inconvenientes de separarse de España. Sin embargo, la opción tomada es la contraria: la información está cada vez más sesgada y falseada, se oyen de forma abrumadora los argumentos de una parte y se silencian en lo posible los de la otra.
Todo ello se combina con otro factor. Desde el nacionalismo catalán gobernante se ha fomentado desde hace décadas el pensamiento único en una materia concreta: la llamada cuestión nacional. En Catalunya se puede discrepar en lo demás tanto como quieras, pero en esa materia no y, si discrepas, porque ello es jurídicamente posible dado que estamos en un Estado de derecho, las represalias, encubiertas pero reales, están garantizadas: quedas marginado de las instituciones oficiales y, allí donde el nacionalismo es influyente, también en ciertos sectores de la sociedad.
Alguna vez habrá que explicar con detalle, nombres y apellidos incluidos, los efectos de este maccarthismo catalán de los últimos treinta años: los vetos a personas para ciertos cargos, los criterios sectarios para escoger a otros, la selección de los directores de programas y de los colaboradores de los medios de comunicación oficiales, las desmesuradas subvenciones a unas asociaciones y la sistemática exclusión de otras. La apropiación de la sociedad civil por parte del poder político catalán ha tenido efectos devastadores para la existencia de una sociedad democrática libre.
En este último año, todo ello ha seguido siendo así pero con matices que destacar. Por parte del Govern y sus múltiples tentáculos, quizás la presión ha sido más intensa que nunca. Sin embargo, en la socie
dad catalana se ha abierto alguna brecha, especialmente en el campo profesional y empresarial, quizás el más consciente del grave error que comporta la aventura independentista. Fueron significativas durante el curso pasado las moderadas tomas de posición contrarias a la independencia de los dos principales financieros catalanes, Isidre Fainé y Josep Oliu, de algunos presidentes de las más importantes empresas multinacionales, de la patronal Foment del Treball y del Cercle d’Economia.
Así pues, este silencio de la sociedad empezó a romperse muy tímidamente aunque estas posiciones discrepantes no fueran suficientemente explícitas y, sobre todo, no llegaran al gran público debido a la sutil, pero implacable, censura ejercida por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales, los que más influyen, sean públicos o privados. La sociedad catalana ha seguido, pues, muy mal informada sobre este asunto.
Pero hay una novedad: empiezan a surgir voces de alerta procedentes de personas históricamente ligadas al catalanismo político. Es el caso reciente de los conocidos economistas Joaquim Muns y Francesc Granell, en La Vanguardia y El País, respectivamente, del pasado domingo. Frente a las falsedades oficiales aducían razones y argumentos, fundados en su conocimiento y experiencia del mundo internacional, que demostraban el enorme error de la aventura independentista y el daño que supondría para los ciudadanos de Catalunya. Este tipo de razones y argumentos es lo que se echa en falta en un debate desbordado por la emotividad.
Para unos, la separación de España y el nuevo Estado catalán (o, en el lado contrario, la creencia en la indestructible unidad española) nace de un sentimiento que, por más razones que se aduzcan, no es modificable. Pero para otros, creo que para la mayoría, llegados a este punto lo que desean más que nada es saber y comprender, enterarse de las razones de unos y otros para poder pensar por sí mismos sin prejuicios. Este es el debate que se debe fomentar, hay que romper con este espeso silencio para escuchar a aquellos que por sus conocimientos y objetividad de criterio puedan aportar racionalidad a la discusión. Todo lo demás es agitación y propaganda, más propia de países totalitarios que de países democráticos.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona.