Se superan diferencias, sigue el conflicto

Desde que el Gobierno de Raúl Castro aceptó abiertamente la idea de un canje de prisioneros entre el contratista Alan Gross, de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y tres agentes de la seguridad cubana, encarcelados en territorio norteamericano, se liberó el cerrojo que podía abrir la puerta al restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. La demanda de flexibilización del embargo y normalización de vínculos diplomáticos crecía desde los años noventa, tras la desaparición del campo socialista, pero la ley Helms-Burton (1996), que colocó el embargo bajo la autoridad legislativa del Congreso, postergó aquellas expectativas.

La derrota de los demócratas en las pasadas elecciones intermedias celebradas el pasado 4 de noviembre concedió, paradójicamente, más autonomía al presidente Barack Obama en materia de política exterior. Gracias, en buena medida, a la intervención del Vaticano, Canadá y de dos senadores, el demócrata Tom Udall y el republicano Jeff Flake, el presidente decidió aprovechar el intercambio de prisioneros para dar un giro a las relaciones entre ambos países.

Sin tocar el meollo legal del embargo, Obama anunció una serie de medidas, entre las que se incluyen la reapertura de embajadas, el aumento de las remesas y la autorización de operaciones de empresas norteamericanas en la isla, que constituyen un hito en la historia hemisférica.

Puesta en escena

Raúl Castro y Barack Obama hablaron por teléfono el 16 de diciembre y programaron dos mensajes simultáneos a sus naciones y a la comunidad internacional. Si algo dejaron claro ambos mandatarios es que con la normalización de las relaciones no acaba el conflicto entre los dos países.

Washington y La Habana afirman, claramente, sus diferencias, que se basan, en resumidas cuentas, en las antinomias heredadas del siglo XX. Estados Unidos no renuncia a defender la democracia y el respeto a los derechos humanos y el Gobierno de Raúl Castro no abandona su objetivo histórico, que es mantener un régimen de partido único e ideología “marxista-leninista”, que entiende como sinónimo de “independencia” o “soberanía”.

Ni el embargo desaparece ni la tensión histórica entre Estados Unidos y Cuba se libera, pero el diferendo diplomático, que acompaña ese conflicto desde 1960, parece llegar a su fin. Cuando el presidente Dwight Eisenhower llamó a consultas al embajador Philip Bonsal, el 20 de octubre de 1960, Estados Unidos y Cuba prescindieron de canales diplomáticos y entraron en una prolongada guerra irregular. Unos meses antes, el Gobierno cubano había expropiado la mayoría de las empresas norteamericanas en la isla y había reorientado sus relaciones internacionales a favor de la Unión Soviética y el campo socialista. Desde los primeros meses de 1960, de hecho, Fidel Castro se había atrevido a desafiar no sólo a Estados Unidos sino al propio sistema interamericano, al iniciar una creciente colaboración militar con el bloque soviético, que no tardaría en llevar al hemisferio al borde de la guerra nuclear dos años después.

Si era difícil imaginar que las refinerías norteamericanas procesaran crudo soviético, como llegó a exigir el Gobierno cubano, más lo era suponer que Estados Unidos se quedaría cruzado de brazos ante la alianza geopolítica y militar entre la Unión Soviética y Cuba. La ruptura entre Washington y La Habana no respondió a una necesidad histórica, como se ha empeñado en asegurar la historia oficial de la isla, pero se volvió inevitable luego de la inserción de Cuba en el bloque soviético. Desde 1992, cuando el campo socialista empezó a desaparecer tras la caída del muro de Berlín, las bases teóricas y prácticas de esa ruptura y de la política de Estados Unidos hacia la isla se han visto removidas.

Desde aquellos años, en círculos académicos, legislativos y del propio Departamento de Estado, se han venido escuchando de manera insistente diferentes propuestas de flexibilización del embargo y normalización diplomática entre ambos países. Si en veinte años no se logró nada equivalente a lo anunciado por el presidente Obama el 17 de diciembre fue por la tenaz oposición al entendimiento que ejercieron Fidel Castro, el sector más intransigente y ortodoxo de la burocracia de la isla y, también, la clase política cubano-americana.

Las leyes Torricelli y Helms Burton y las sanciones aplicadas por el Gobierno de George W. Bush, así como la legislación “antídoto” y el recrudecimiento de la represión de la oposición pacífica, por parte del régimen de la isla, fueron las mayores resistencias a ese cambio de política que demandaba la era pos-soviética.

Un nuevo campo de batalla

Tan evidente es que este fin del diferendo no representa el fin del conflicto, sino su mutación e, incluso, reproducción, es que la clase política cubano-americana ya se moviliza para boicotear la normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Desde ambas Cámaras del Congreso, veremos, a partir de ahora, múltiples obstrucciones al descongelamiento de las relaciones bilaterales.

También veremos cómo la normalidad diplomática se convierte muy pronto en un campo batalla entre el Gobierno de Raúl Castro, el de Barack Obama y, sobre todo, el del sucesor de este último. Como la actual Oficina de Intereses, la próxima Embajada, además de uno de los lugares más concurridos de La Habana, seguirá siendo vista por el régimen como un lugar amenazante, desde donde se alienta la democratización de la isla.

La atmósfera claramente favorable al entendimiento entre Estados Unidos y Cuba que se observa en América Latina también puede ser efímera o engañosa. Muy pronto, en foros como los de la próxima Cumbre de las Américas, en Panamá, veremos reafirmarse la confrontación ideológica entre la mayoría interamericana del continente, que apuesta, a la vez, por la democracia y la soberanía, por las buenas relaciones con Estados Unidos y Cuba, y la minoría “bolivariana”, que se nutre, política y simbólicamente, del desencuentro entre las dos Américas.

El fin del diferendo diplomático entre Estados Unidos y Cuba cierra, finalmente, un epílogo de la guerra fría en el hemisferio occidental. Pero el conflicto continuará, mientras en Cuba persista un régimen de partido único, control estatal de la sociedad civil y los medios de comunicación y represión sostenida de la oposición pacífica.

Rafael Rojas es historiador. Nacido en Cuba, vive en México, donde acaba de publicar Los derechos del alma (Taurus), continuación de Las repúblicas del aire.

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