Se trata de sexo. No se trata de sexo. Esta frase es cierta, pero aquella excita más interés, y vende más periódicos. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acaba de decidir el tal llamado caso Hobby Lobby, que, según la mayor parte de los medios y la opinión minoritaria del Tribunal, pronunciada por la jueza Ruth Ginsburg, gira sobre la libertad sexual de las mujeres.
El caso se ha entendido mal -incluso por los jueces- porque las necesidades de ajustar los argumentos al marco jurisprudencial, y el apetito del público por reducir al sexo cuestiones moralmente y políticamente complejas, han ocultado los elementos más importantes de su resonancia política y social. El caso ni tiene que ver con el sexo, ni la libertad sexual, ni los derechos de un sexo concreto, sino con la democracia, que se veía amenazada por un decreto de gobierno. El reto sigue en vigor, a pesar de que el Tribunal decidió a favor del ciudadano. Los orígenes del caso surgieron en 2011, cuando el Congreso de los EEUU aprobó la legislación más contenciosa de la administración Obama, inaugurando por primera vez en este país un sistema nacional de seguro médico, y obligando -con algunas exenciones- a los empleadores a pagar el coste. Desafortunadamente los legisladores dejaron a un ministerio, el Departamento de la Salud Pública y Recursos Humanos (HHS por su acrónimo inglés), la responsabilidad de especificar los tratamientos preventivos que se incluyeran para mujeres. Remitiendo a los consejos de un comité no gubernamental, compuesto de médicos y otros supuestos expertos, el departamento incluyó una serie de drogas anticonceptivas, esterilizantes y abortifacientes en la lista.
Cientos de empleadores, por escrúpulos religiosos, se encontraron ante un dilema espantoso -cobrar el coste de drogas que consideraban inmorales, o pagar multas ruinosas por no cumplir: unos 475 millones de dólares al año, por ejemplo, en el caso de la empresa Hobby Lobby, que es una cadena especializada en artesanía. La pareja David y Barbara Green convirtieron su garaje en su primera tienda en 1972 y ahora tienen más de 600 almacenes. Son protestantes sinceros y procuran mantener su empresa bajo normas evangélicas, compartiendo los provechos con sus empleados, suministrando seguros generosos, y cerrando los domingos -lo cual implica un sacrificio enorme en este país, donde salir de compras los domingos se ha convertido en la excursión familiar más popular. Para buscar exención del decreto del Departamento de la Salud, los Green y otros 315 litigantes iniciaron y siguen con pleitos contra el Gobierno federal.
Ninguno de los litigantes quiere negar a un conciudadano el derecho de seguir los mandatos de su conciencia; sólo piden el de ser fieles a las suyas. No quieren limitar el acceso a los anticonceptivos para quien las apruebe o necesite; sólo pretenden no pagárselos. No desean que ninguna persona sea expuesta al risco de enfermarse, aunque dudan, tal vez, de que el embarazo sea una enfermedad.
Entre esos litigantes aparece mis propios empleadores, la Universidad de Notre Dame. Somos una institución católica conocida y apreciada -y a veces, cuando se levantan conflictos entre religión y secularismo, odiada- en el país entero. La universidad es pequeña, con unos 11,000 estudiantes, pero de enorme peso en docencia, investigación e influencia social. Cuando se inició nuestro pleito, hubo una reunión inmensa de profesores y alumnos para comentar la decisión.
¿Qué haremos -preguntó el moderador- si perdemos el pleito? ¿Nos sometemos o pagamos la multa, que en nuestro caso sumirá unos diez mil dólares al año?
Por aclamación los reunidos optaron por pagar la multa (aunque con más prudencia, la gestión de la universidad reconoce que esa postura honrada pero costosa sería insostenible). Por supuesto, aun entre católicos, no se hubiera logrado ese nivel de unanimidad si se tratara de un intento de mantener la ortodoxia de la iglesia sobre la reproducción humana, ni mucho menos si fuera un intento contra las mujeres. Los portavoces del Gobierno, empero, y los adeptos del secularismo insisten en lo contrario. La jueza Ginsburg acusó a sus colegas del Tribunal Supremo de intentar suprimir «el derecho de las mujeres de controlar sus propias vidas reproductivas». Hillary Clinton, candidata a la presidencia del país en las próximas elecciones, repite la misma imputación: Hobby Lobby, según ella, quiere «negar a las mujeres el derecho a los anticonceptivos». No es cierto. Efectivamente, como comentó el juez Kennedy del Tribunal Supremo, pueden haber medios por los cuales todos tengan acceso a anticonceptivos gratuitos sin imponer en los dueños la obligación de pagarlos. Así que en el pleito no se trata del sexo. Pues, ¿de qué se trata, en realidad?
En los EEUU, el único pretexto que vale para desafiar legalmente un decreto del Gobierno es la libertad de religión, garantizada por la Constitución, y reforzada por una ley de 1993 que extiende esa libertad a corporaciones que genuinamente se dedican a comportarse según normas de conducta dictadas por la fe de los dirigentes. El Tribunal Supremo acaba de decidir que una empresa al estilo de Hobby Lobby -dirigida por una familia honrada, sinceramente dedicada a reflejar el evangelio- tiene derecho a esa libertad. Las muchas organizaciones estadounidenses dedicadas a apoyar la libertad religiosa salen exultantes. Pero me temo de que el regocijo sea prematuro.
En primer lugar, los jueces aceptaron - «damos por supuesto», según las palabras de su dictamen- que las drogas especificadas por el decreto del Departamento de la Salud, incluso los abortifacientes, son de utilidad pública y por tanto legítimamente propagadas por el Gobierno. Luego el juicio del caso Hobby Lobby sólo se refiere a cuatro de los 20 tratamientos anticonceptivos aprobados por el decreto, mientras que algunos de los litigantes se oponen a más o a todas. Además, según parece de las 94 páginas de opiniones dictadas -algunos jueces opinan que una organización no puede calificarse de religiosa si incluye a personas de diversas tradiciones. Así que ni a un hospital católico donde admiten a todos los enfermos, ni a un refugio protestante, donde todos los angustiados pueden buscar ayuda, podría garantizarse su libertad de fe. En la Universidad de Notre Dame abrazamos a una minoría de estudiantes y profesores que no sean católicos. Así que a pesar de que celebramos misa 127 veces a la semana y más cuando jugamos a fútbol en casa, no tendríamos el derecho constitucional al libre ejercicio de nuestro catolicismo-.
Por último, y tal vez aun más inquietante, los jueces decidieron que Hobby Lobby queda exento del decreto sólo por no tener otro remedio. El Gobierno no había ofrecido a la familia Green ninguna opción «menos restrictiva» que las de cumplir o sufrir las multas. Pero en el caso de organizaciones explícitamente religiosas, como la Universidad de Notre Dame, sí existe tal opción. Nos estaría permitido firmar un formulario, exculpándonos de la parte del plan de seguros relativa a los esterilizantes, abortifacientes y anticonceptivos, y traspasando el coste a la compañía de seguros. Se trata de una ficción legal, porque está bien claro que la compañía de seguros nos cobrará suficiente para cubrir todos sus gastos, incluso los de las drogas menos recomendables. El éxito del caso Hobby Lobby no será accesible, si no se modifica el parecer del Tribunal, ni a mi universidad ni a muchas otras entidades -órdenes religiosas, diócesis, academias, hospitales, casas de ancianos refugios, comedores para indigentes- que reclaman la misma libertad.
El conflicto se ha convertido en una especie de Armagedón, con las personas religiosas defendiéndose contra los huestes del secularismo. Pero hay algo más en riesgo, que pudiera unir a todos los ciudadanos si se dieran cuenta. En los tribunales ni se puede mencionar lo verdaderamente importante del caso, porque ninguna ley prohíbe que el Congreso devolviera al Gobierno, ni a ninguna otra agencia, sus funciones legislativas. Por eso, ni vale la pena expresar la indignación que la situación en vigor provoca: la libertad de los ciudadanos viene perjudicada no por una necesidad cívica, ni por la decisión de los legítimos representantes del pueblo, sino por unos burócratas y supuestos expertos ni elegidos ni responsables al electorado. Apostamos por Hobby Lobby, no por desagrado a los anticonceptivos, sino para mantener la democracia.
Felipe Fernández-Armesto es historiador y titular de la cátedra William P. Reynolds de Artes y Letras de la Universidad Notre Dame (Indiana).