Hay que empezar por afirmar que la renovación periódica de los Órganos constitucionales debe producirse en las fechas previstas en el Ordenamiento jurídico. En consecuencia, resulta escandalosa la situación de bloqueo que sufre el CGPJ, como la sufrió el TC del 2007 al 2010.
Sin embargo, parece olvidarse sistemáticamente quiénes son los responsables de ese bloqueo. No lo es, desde luego, el propio Consejo General del Poder Judicial, ni los Jueces y Magistrados, ostentadores constitucionales del Poder Judicial. Los responsables del retraso son los Diputados y Senadores a quienes la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 confió la función de elegir, con una mayoría reforzada, a los veinte miembros de dicho Órgano. Y si somos fieles a la verdad, los verdaderos responsables de la tardanza, dado el funcionamiento de nuestras Cámaras legislativas, son los Comités Ejecutivos de los Partidos Políticos, singularmente los mayoritarios que son los que, en las ocasiones anteriores, se han ocupado de formar las candidaturas que inexorablemente después aprobaban el Congreso y el Senado.
El pasado año, tratando de obligar al acuerdo que no conseguían Diputados y Senadores entre sí o bajo la tutela de sus dirigentes políticos, los legisladores «castigaron» al Consejo modificando la LOPJ, para privarle de la facultad de hacer nombramientos, lo que ha provocado situaciones límite en algunos casos, especialmente en el Tribunal Supremo y dentro de él en su Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, hasta el punto de que está a muy pocos meses del colapso.
Pero a pesar de esta reforma legal, que está pendiente, además, de recursos de inconstitucionalidad, con dudas razonables al haber privado al órgano de gobierno de la judicatura española de una de las funciones que expresamente le reserva la propia Constitución, es lo cierto que los Diputados y Senadores continuaron sin ponerse de acuerdo y ahora se está tramitando en las Cortes Generales otra reforma de la reforma, por la que la facultad de hacer nombramientos que se suprimió, se trata de restaurar, pero solo para elegir a los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que ahora corresponde designar al Consejo; y además se fija un plazo perentorio para que un órgano colegiado reúna una mayoría fuertemente cualificada a fecha fija.
Ante esta situación de poco respeto a las Instituciones, cabe preguntarse extrañados por el interés despertado para completar la renovación del Tribunal Constitucional y como no se compagina con todo lo demás que se está haciendo, surge la duda razonable de si lo que se persigue es solo dar un vuelco a la actual composición del Tribunal, pero además lo antes posible y habida cuenta de la composición de la mayoría parlamentaria que apoya al Gobierno y en la que se encuentran grupos políticos que quieren cambiar radicalmente la estructura del Estado contra lo que fue la ahora cuestionada «transición a la democracia», cabría pensar también que se trataría de facilitar una interpretación «generosa» de nuestra Constitución, que nos conduzca a la «nación de naciones», a la «plurinacionalidad», a la aceptación del «derecho a decidir» o de un referéndum para hacerlo posible.
Ya se que todo esto puede no ser más que un mal pensamiento y una sospecha infundada, lo que me alegraría personalmente, pero ya son demasiados los entendidos que piensan otra cosa y el tiempo, poco a poco, les va dando la razón.
Ramón Rodríguez Arribas es abogado.